Por si hacía falta una confirmación del cambio de postura del gobernador Martín Llaryora respecto de la manera de interactuar con el presidente Javier Milei, eso quedó evidenciado en la posición adoptada en las últimas horas en el Congreso por legisladores que responden al Centro Cívico en la Cámara Baja.
Conminados directamente por Llaryora a ausentarse, tres de sus más fieles legisladores colaboraron para que la minoría libertaria en Diputados resistiera la presión opositora –con el kirchnerismo incluido–, que quedó a apenas a 10 voluntades del cuórum de 129 requerido para sesionar. El faltazo de los diputados del oficialismo provincial no fue determinante en el número final, pero es todo un gesto de colaboración hacia la Casa Rosada.
Hay varios puntos que hacen significativa la movida: el primero es que la sesión especial había sido pedida por Miguel Pichetto, líder de una heterogénea bancada en la que actúan los legisladores del peronismo cordobés. Seguramente habrá repercusiones internas de ese contrapunto y desafío político.
Otro aspecto relevante tiene que ver con el tema que se buscaba debatir: la actualización (y mejora) de la fórmula jubilatoria, un punto en extremo delicado para el esquema de corsé fiscal, pilar del programa económico del presidente Milei. Llaryora también enfrenta en el plano doméstico la amenaza opositora de restitución del 82% móvil a los pasivos provinciales, algo que sería letal para las cuentas provinciales. Llaryora y Milei comparten el temor de perder el control de sus finanzas.
El tercer punto –también significativo para el gobernador– es haber evitado quedar asociado a la posición del kirchnerismo, un límite que sigue siendo inviolable en el manual del relato del oficialismo cordobés. Nadie podrá decir que la frustrada sesión en Diputados no fue reveladora en varios aspectos.
Viraje, pragmatismo y prevención
Llaryora viene dando señales públicas consecutivas de moderación en su discurso frente a la Casa Rosada. El cambio de posición es notorio respecto de las álgidas semanas de mediados de febrero, en las que el gobernador quedó entronizado como rival del libertario.
En la Bolsa de Comercio, en la Fundación Mediterránea y en la convención anual de AmCham, el gobernador se mostró proclive a ser parte central del “pacto de mayo”. Sigue en pie su “defensa de Córdoba”, pero ya sin anteponer, como pasaba hace sólo unas semanas, el resultado de la negociación fiscal con la Nación. Esos reclamos irán algunos por la vía judicial –como sucede ya con los fondos retenidos por la Anses a la Caja de Jubilaciones– y los otros, acompasando en el Congreso la marcha del consenso al que se arribe por la nueva ley “bases”.
Las últimas expresiones públicas de Llaryora maridan mejor con el pensamiento de Juan Schiaretti, ausente aún del debate público. Cerca de él dejaron trascender cierto disgusto cuando vieron a Llaryora desafiar al Presidente. “Martín tuvo algunas semanas de confusión, pero ya entendió que pelear contra Milei puede ser muy dañino para sus intereses y los de todos”, dice una voz conocedora de las preferencias del exgobernador.
Sin embargo, ese no es el único elemento que explica la moderación llaryorista. Confluyen distintos factores en esa posición. Hay un convencimiento de que mientras Milei mantenga los niveles de aprobación social actuales, y especialmente en Córdoba, será difícil disputarle el debate público. En el Panal creían que el aguante social iba a desmoronarse por imperio de los efectos de la crisis en las economías familiares, afectadas fuertemente por la pérdida del poder adquisitivo. La sorpresa es que los sondeos que llegan al Centro Cívico no reflejan aún ese nivel de hartazgo.
Además, empiezan a inquietar los movimientos políticos de los principales rivales electorales que tuvo Llaryora el año pasado. Luis Juez no pierde el tiempo y busca mejorar su posición como aliado del Presidente. Su objetivo, si a Milei le va bien, es ser un socio estratégico en la provincia donde mejor le fue al libertario en el balotaje.
La apuesta de Juez es volver a disputar la gobernación en 2027. Hay operadores del senador que buscan instalar una primera jugada en 2025, cuando Córdoba renueve nueve diputados. Esa opción parece improbable; determinaría la explosión de la sociedad política con Rodrigo de Loredo. Esa unión hizo posible la paridad legislativa en la Unicameral y el control opositor del Tribunal de Cuentas, los dos principales problemas políticos con los que debió lidiar Llaryora en sus primeros casi 100 días de gestión provincial.
De Loredo sí necesita renovar su banca dentro de dos años. Una ruptura de la “fórmula del fernet” sería la reedición de la división opositora que hizo todopoderoso a Schiaretti con el 57%. Llaryora y el cordobesismo que logró construir harán todo lo posible para desenganchar lo que todavía es el tándem más peligroso para el peronismo.
Con todo, el oficialismo tiene cartas en la manga para intentar hacer que Juez y De Loredo bajen la persiana de su acuerdo político. Hay operadores que imaginan nombres para ocupar lugares de poder y cargos que son la razón de ser de la “casta” a la que Milei dice combatir. La vacante en el Tribunal Superior de Justicia –que podrían ser dos si se produce el retiro de Luis Rubio a fin de año– y, en menor medida, la titularidad de la Defensoría del Pueblo son lugares que figuran apetecibles y requerirán de una negociación. ¿El oficialismo hablará con Juez o con De Loredo?
