Martín Llaryora iniciará el año preelectoral con un fuerte control del Poder Judicial a través de la inclusión en esa estructura de abogados de su extrema confianza reconvertidos en magistrados tras la creación de dos nuevos organismos judiciales –el Ministerio Público de la Defensa y la Procuraduría Penitenciaria– y una avanzada sobre el Ministerio Público Fiscal.
De los 19 altos magistrados que habrá tras la sesión de este lunes en la Legislatura, cuando se termine de armar el esquema judicial, 12 habrán sido nombrados por Llaryora: una vocal del Tribunal Superior de Justicia; el próximo fiscal General y dos de sus fiscales adjuntos; el defensor General y sus tres adjuntos; la procuradora penitenciaria y sus dos adjuntos.
Por un enroque, Néstor Gómez, un abogado del riñón del gobernador, ocupará dos cargos en menos de un año (defensor general adjunto y fiscal general adjunto), por lo que la cuenta final da 12 para 11 puestos.
De estos 12, seis no tienen carrera judicial: son abogados fuertemente vinculados a Martín Llaryora, con excepción de Florencia Degano, quien llegará a la Procuración Penitenciaria de la mano del radical Julio Ochoa, actual tribuno de Cuentas de la Municipalidad, aunque con el visto bueno del PJ.
Fiscalía General
El esquema llaryorista tendrá supremacía en el Ministerio Público Fiscal: lo liderará el actual juez de Control Carlos Lezcano, quien ya fue designado fiscal General pero asumiría en marzo; y estarán como adjuntos dos abogados de confianza del gobernador: Alejandro Pérez Moreno, quien ejerce el cargo desde febrero de este año, y Néstor Gómez, un llaryorista puro que devino en magistrado en febrero último, cuando asumió como defensor General Adjunto.
Gómez llegará a la Fiscalía General Adjunta en un enroque hecho por Llaryora, quien desplazó de ese lugar a Bettina Croppi, que pasará a liderar la Procuraduría Penitenciaria, el nuevo bastión llaryorista. Con el enroque, no quedará ninguna mujer en la conducción del Ministerio Público Fiscal.
Con el binomio Pérez Moreno-Gómez, Llaryora inclina la balanza sobre los otros dos fiscales generales adjuntos: el delasotista Héctor David y el schiarettista José Gómez Demmel.
A Lezcano le tocará administrar la interna peronista en los pasillos del Ministerio Público Fiscal, aunque el mismo tiene un frente abierto con Pérez Moreno, quien en su rol anterior –como abogado penalista– solía destratar al por entonces juez y deslizaba públicamente que era poco apegado al trabajo de magistrado.
Nuevo bastión
Este lunes la Legislatura tiene previsto designar a los funcionarios que integrarán la recientemente creada Procuraduría Penitenciaria, el órgano judicial que administrará las cárceles. Quedará al frente Croppi, quien hasta ahora se desempeñaba como fiscal General Adjunta.
El fiscal Iván Rodríguez será el único de los tres procuradores penitenciarios adjuntos con antecedentes en la Justicia, aunque en su rol como instructor no incomodó al poder político.
El resto de la estructura del flamante organismo quedará para la política: la abogada peronista Guadalupe Trillo, hasta ahora directora de Control de las Fuerzas de Seguridad, será una de las adjuntas. En la otra silla se sentará como Adjunta Florencia Degano, quien hasta hace pocas horas se desempeñaba como subdirectora de Asuntos Legales del Tribunal de Cuentas de la Provincia, un cargo que rosqueó para ella Julio Ochoa, espada de Marcos Ferrer.
Como se recordará, en un diseño institucional al menos curioso, los fiscales generales adjuntos, los defensores generales adjuntos y los adjuntos de la Procuración Penitenciaria son cargos vitalicios; mientras que los líderes de esas tres estructuras tienen mandato por cinco años, con la posibilidad de extenderlos por otros cinco.
En ese sentido, vale apuntar que cuando Llaryora llegó al poder había 12 altos cargos; y al finalizar su segundo año serán 19. Se podría sumar a la cuenta a Melani Mattía, quien será designada como secretaria técnica de la Procuración Penitenciaria. Es la esposa del juez de Control Juan Manuel Fernández López, cercano al esquema judicial llaryorista.
Enroque
En el Ministerio Público de la Defensa, organismo creado en septiembre de 2023 e integrado en febrero de 2025, otro puro del gobernador reemplazará al enrocado Néstor Gómez: se trata de Jorge Folloni, exfuncionario de Ambiente en las administraciones municipales de Llaryora y Daniel Passerini, y de pertenencia a Fogón Peronista, una especie de think tank que formó los cuadros llaryoristas. Folloni será el nuevo defensor General Adjunto.
El defensor General es Pablo Bustos Fierro, y los otros adjuntos son Pablo Pupich y Guadalupe García Petrini. Los tres tienen trayectoria judicial. Bustos Fierro se desempeñaba como fiscal General Adjunto, pero Llaryora lo envió al nuevo puesto y liberó así su silla para que la ocupase Pérez Moreno. Es la misma maniobra que hace ahora para que llegue el exconcejal de San Francisco Néstor Gómez a la Fiscalía General.
El TSJ
El hueso más duro para Llaryora es el Tribunal Superior de Justicia. Allí hay dos vocales mayores de 75 años: Luis Rubio, de origen peronista aunque designado por Ramón Bautista Mestre, y el schiarettista Luis Angulo. En distintas mesas judiciales se especula que el gobernador intentará apurar la salida de ambos para sumar peso en el Alto Tribunal, donde sólo pudo sentar a Jéssica Valentini, ex Oficial Mayor de la Municipalidad en las gestiones del peronismo.
