Los 17 meses transcurridos desde el inicio de las gestiones de Javier Milei, Martín Llaryora y la mayor parte de los intendentes de Córdoba se cumplen con la irrupción de un nivel de conflictividad creciente. Aunque se trata de una gran variedad de conflictos, la beligerancia se agrupa en torno de dos categorías principales: las protestas de los gremios estatales y la paulatina judicialización de las relaciones entre los distintos niveles del propio Estado.
El trasfondo de cada uno de esos conflictos es el ajuste que define a la gestión libertaria. Lo que se discute en estas disputas es quién pierde más para que gane la ecuación macroeconómica del ministro Luis Caputo y el Gobierno logre llegar a las elecciones con la inflación planchada. En el territorio de cada una de las provincias, esto significa paros a repetición, cada vez más calles cortadas y cada vez más causas judiciales: Córdoba por estos días se destaca en todos los rubros.
Todo indica que esta semana también detonará el conflicto con las centrales de los gremios privados. La semana pasada el Gobierno nacional dijo con todas las letras que no homologará paritarias por encima de la inflación, y la Secretaría de Trabajo de la Nación acaba de anular el acuerdo que comprende a más trabajadores en todo el país: el de los empleados de comercio, que habían firmado 5,8% por tres meses. Deben volver a discutir y el Gobierno pretende que sea a la baja.
Se trata de una señal que impacta con fuerza en todas las discusiones paritarias. Llaryora mandó a frenar en seco la discusión con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y tampoco habrá mejor oferta para los judiciales, que anunciaron un cronograma con cinco jornadas de paro. En la Municipalidad de Córdoba, la gestión de Daniel Passerini planteó que no puede dar aumento salarial por varios meses y se esperan días muy complicados en ambos edificios que dan sobre el Paseo Sobremonte de la Capital provincial.
Entre las muchas paradojas de la Córdoba que fue fervientemente libertaria en 2023 –la imagen de la gestión nacional volvió a caer con fuerza en abril, aunque siga siendo la mejor del país–, la principal por estos días es la beligerante reacción gremial contra todo ajuste del Estado. Para completar las contradicciones, los mismos políticos que apoyan el recorte de Milei critican los “salarios de hambre” que paga Llaryora.
A la Corte
Es tal la proliferación de conflictos, que se juntan los que tienen largo historial, como el que el miércoles volverán a discutir Llaryora, la Caja de Jubilaciones de Córdoba y la Anses –en la segunda audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa por la deuda previsional que el gobierno central mantiene con Córdoba– con otros conflictos en estado inaugural: por ejemplo, el que acaba de estallar en Fadea debido a que la Fuerza Aérea no renovó el contrato de mantimiento de sus aviones.
Hoy nadie sabe si esas aeronaves reciben algún tipo de asistencia mecánica, pero lo seguro es que la planta cordobesa pagó apenas el 30% de los sueldos y la incertidumbre es total. La posibilidad de que esa empresa pase a la órbita de la Provincia se alejó hace varias semanas, dado que el interés manifestado por la administración Llaryora no logró el involucramiento de los sectores productivos locales –el gerenciamiento privado era condición de la Provincia– ni la voluntad nacional de encontrar una salida para la fábrica.
Llaryora va a la Corte con el mismo equipo que lo acompañó hace tres semanas y con la misma exigencia: que se libere un flujo de fondos mensual hasta tanto se llegue al fondo de la cuestión. Si el miércoles no hay una oferta concreta de la Nación, es posible que se vuelva a analizar la posibilidad de una cautelar para que el máximo Tribunal ordene esos envíos mensuales. La Nación hizo trascender informalmente la cifra de 40 mil millones de pesos anuales –es lo que la Provincia reclama para dos meses– y en Córdoba esperan que entre este lunes y el martes haya alguna negociación que evite otro fracaso en la Corte.
Igual, la Provincia prefiere mantener el paraguas de la conciliación para no romper las precarias relaciones que mantiene con la Casa Rosada y que hasta el momento sólo representaron dos “ventajas”: el traspaso de la ruta 19 para que la Provincia termine la autopista a San Francisco y los avales para contraer más deuda.
En los 17 meses de Milei, no hubo un solo aporte del Tesoro nacional para Córdoba, ni un peso para la Caja. Esta semana, el exsecretario de Trasporte de la Nación (también de la Provincia, en la administración de Juan Schiaretti) y ya candidato a diputado libertario, Franco Mogetta, trajo a la ciudad de Córdoba la primera colaboración nacional con la gestión urbana: la tarjeta Sube para el pago del colectivo.
Está claro que la paciencia del peronismo cordobés no será infinita, pero no se agotará mientras la imagen presidencial no baje del 50%. Tampoco mientras Rodrigo de Loredo y Luis Juez sigan compitiendo entre sí por la cercanía con La Libertad Avanza: es el armado opositor el que terminará de definir la postura del oficialismo provincial ante la Nación.
La conflictividad crece en las provincias. Pero crece mucho más en los municipios: son los intendentes, más que los gobernadores, los que exteriorizan los problemas en los que los sumergió el ajuste. Es notable la transversalidad del reproche: todas las grandes ciudades que perdieron los subsidios al transporte ingresaron en un desequilibrio muy difícil de resolver, porque el traslado del costo a la tarifa es impagable y las empresas se caen. Pasa en Córdoba, pero también en las principales ciuddades del interior provincial, independientemente del partido que gobierne.
Marcos Ferrer, presidente de la UCR provincial e intendente de Río Tercero, afronta una acción de inconstitucionalidad del Banco Nación contra las tasas municipales, y ahora el Correo Argentino tampoco quiere pagarle el Inmobiliario Urbano. Si todos los bancos hicieran el mismo planteo, el municipio perdería casi el 40% de sus ingresos por tasa a la actividad comercial. “La Nación ajusta con la nuestra”, reiteró la semana pasada, mientras Milei y Caputo advertían que ahora deben ajustar las provincias y los municipios. Entre los intendentes peronistas, las respuestas siempre incluyen insultos.
En ese clima, la Nación intenta iniciar la discusión de una mega reforma impositiva que incluya un nuevo esquema de coparticipación. Parece chiste. Es campaña.
