Mientras el exlegislador Oscar González espera la fecha de juicio para responder por su presunta responsabilidad en el siniestro vial en el que falleció Alejandra Bengoa, la Justicia Federal posó la lupa sobre el origen de su patrimonio. Se trata de una causa paralela e inconexa, y que tiene en foco al patrimonio que el otrora hombre fuerte del peronismo cordobés amasó durante su paso por la función pública.
Este martes trascendió que, en esa causa, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian acusa a González por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activo y solicitó su detención, una medida cautelar motivada en el supuesto incumplimiento de un emplazamiento para brindar información de su patrimonio, trámite que la defensa asegura haber cumplimentado en tiempo y forma.
González no está procesado, sino acusado. La diferencia no es menor: la imputación es un señalamiento que permite al Ministerio Público Fiscal obtener las pruebas para comprobar o descartar la hipótesis de un eventual delito. El procesamiento, en cambio, es una instancia en la que, tras valorar la prueba recolectada, se deja al acusado a las puertas del juicio.
Según confirmaron fuentes de la Justicia Federal, Hairabedian solicitó el 30 de diciembre la detención de González como “medida cautelar”. Supuestamente el exlegislador no habría respondido dos requerimientos tramitados vía Fiscalía de Estado del Gobierno provincial entre octubre y noviembre del año pasado. Esa información debe ser ponderada por el fiscal para avanzar (o descartar) la hipótesis del enriquecimiento ilícito y el lavado de activos.
El defensor de González, Miguel Ortiz Pellegrini, niega “de manera rotunda” que no haya dado cumplimiento a este trámite. Es más, asegura que respondió ante la Fiscalía de Estado y ante el juzgado federal de Miguel Vaca Narvaja, quien deberá definir si hace lugar al pedido de prisión solicitado por Hairabedian.
“Hay un error del fiscal; es falso que no se respondió el pedido solicitado por Hairabedian. El fiscal dice que incumplí su solicitud, el juez puede podrá ver que cumplí dos veces”, dice Ortiz Pellegrini.
En ese sentido, Ortiz Pellegrini considera que el pedido del fiscal federal podría ser nulo por vicios formales. El defensor entiende que Hairabedian no fijó “la parte apreciable del patrimonio” de González, es decir qué bienes habría adquirido el exlegislador de manera ilícita. “Es imposible sostener jurídicamente que hay enriquecimiento”, dice Ortiz Pellegrini.
La denuncia
La legisladora provincial Luciana Echevarría –MST– formalizó en 2023 dos denuncias respecto del crecimiento patrimonial de González.
La primera se radicó en la Fiscalía Anticorrupción de la Justicia provincial que comanda Franco Mondino. De acuerdo con Echevarría, “lastimosamente, la misma no ha tenido ningún avance”.
En octubre de 2023, la misma legisladora recurrió a la Justicia Federal para insistir con el objeto de su denuncia: poner en tela de juicio cómo hizo González para amasar su patrimonio.
“Es muy difícil concluir que el importante patrimonio del aquí denunciado pueda obtenerse con el salario percibido en ejercicio de la función pública”, dijo Echevarría en su escrito.
Detalló que en 1997 Oscar González había declarado cinco propiedades; al asumir su último cargo público, en 2019, el listado era de 11; y en 2023, cuando su patrimonio fue inventariado en el marco de la causa civil del siniestro vial de Alta Cumbres, el juez de Control de Cura Brochero, José María Estigarrivia, detectó que eran 17, en general por valores irrisorios.
Echevarría agrega que esas 17 propiedades no contemplan otras de la familia del exlegislador, aunque no da precisiones de cuáles serían.
Según Ortiz Pellegrini, las supuestas pruebas sobre el origen del patrimonio de González fueron presentados en la Justicia provincial, en aquel expediente que se tramita en la Fiscalía de Mondino (Anticorrupción). Seguramente ahora deberá esperar que el fuero federal analice esas escrituras y trace los movimientos patrimoniales.
“El nulo avance de este tipo de causas en la Justicia Provincial hacen del Fuero en lo Penal Económico una suerte de ‘fuero de impunidad’”, dijo Echevarría cuando llevó la denuncia a la Justicia Federal.
La defensa de González también salió al cruce de supuestas maniobras para desprenderse del patrimonio a los fines de evadir cualquier responsabilidad civil en el juicio por el siniestro vial de Alta Cumbres.
Ortiz Pellegrini indicó que la Provincia ya compareció ante la Justicia provincial en el marco del juicio por el siniestro vial, por lo que será el seguro del vehículo que conducía el exlegislador el que hará frente a las eventuales indemnizaciones. En ese razonamiento, sería un sinsentido desprenderse de bienes que no serán afectados a compensación alguna.
Una vez que termine la feria, el juez federal Miguel Vaca Narvaja se abocará de resolver cuál es la situación de González, y si debe o no ir a prisión.
