El Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló el viernes los términos del entendimiento que alcanzó con el ministro de Economía y aspirante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, para que la Argentina acceda a nuevos desembolsos por U$S 7.500 millones luego de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso). Los detalles del acuerdo contemplan medidas de alivio para transitar la crisis cambiaria, pero también exigencias para reforzar el ajuste de las cuentas públicas.
“Las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI han llegado a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la quinta y sexta revisiones en el marco del acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés) de 30 meses de Argentina. El acuerdo está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas y la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna en la segunda quincena de agosto”, anunció el organismo multilateral de crédito.
En principio, el acercamiento de posiciones no resolvió los dramas urgentes para Economía, que entre el lunes y el martes de la próxima semana deberá cubrir pagos por más de U$S3.400 millones. Al respecto, fuentes oficiales consultadas por este medio precisaron que se avanza en un esquema tendiente a no impactar en las vapuleadas reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
“Los fondos saldrán de acuerdos puentes con organismos, mecanismo denominado bridge load y en el que intervendrán la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), el BIS (Banco de Pagos Internacionales) y también se usarán yuanes (del swap con China)”, indicaron.
Massa celebró las novedades que llegaron desde Washington: “Nos permite recorrer la segunda parte del año que obviamente marcada por lo electoral genera a veces incertidumbre o dudas con mucha más tranquilidad así que para nosotros es una muy buena noticia”. Pero reconoció que las partidas llegarían en la tercera semana de agosto y la primera de noviembre porque, tal como remarcó el comunicado del Fondo, todo aún está sujeto a la bendición de los integrantes del board que recién volverán a reunirse en la segunda quincena de agosto, tras el receso del verano en el hemisferio norte.
En el prestamista de última instancia que dirige Kristalina Georgieva señalaron que la situación económica de Argentina se ha vuelto muy desafiante” y que “los objetivos clave del programa hasta finales de junio no se cumplieron debido al impacto mayor de lo previsto de la sequía, así como los desvíos y retrasos en las políticas”.
En Casa Rosada destacaron que el acercamiento de posiciones habilita las intervenciones en los mercados para asegurar su normal funcionamiento y contempla “la recalibración de las metas de reservas para adecuarlas al impacto de la sequía”. Al respecto, la misión ahora es terminar el año con U$S 1.000 millones acumulados en el BCRA, una cifra mucho menor a los U$S 8.000 millones que se pretendieron en la cuarta revisión.
El FMI también le permitió al gobierno nacional continuar con la devaluación controlada, a través de la tasa de crawl, “para preservar la competitividad y respaldar los objetivos de acumulación de reservas”.
En el texto que difundió el Fondo figuran también las exigencias, fundamentalmente, sobre la política fiscal. Luego de ratificar la meta que se fijó para terminar el año con una reducción que deje al déficit fiscal en el 1,9% del PBI, se subrayó que ese objetivo demanda “un mayor endurecimiento de la política fiscal en el segundo semestre de este año”.
Seguido, se apuntó que son “necesarios esfuerzos para (I) contener el crecimiento de la masa salarial, (II) actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los cambios en los costos de producción, mejorando al mismo tiempo la progresividad del sistema; y (III) fortalecer los controles de gasto a través de una asistencia social mejor focalizada y una mayor racionalización de las transferencias corrientes a las provincias y empresas estatales”.
“Si bien esto le otorga un margen de maniobra al gobierno previo a las elecciones generales, cumplir con las nuevas metas fiscales y de acumulación de reservas será muy retador, sugiriendo que las condiciones macroeconómicas tenderán a continuar deteriorándose hasta fin de año. Esto dejará un ambiente muy complicado para el siguiente gobierno, sea cual sea, que se verá presionado a realizar un ajuste brusco, en línea con nuestra visión de que habrá una muy alta probabilidad de que se dé un evento de incumplimiento en pagos de deuda en 2024 o 2025″, alertó Jaime Reusche, Vice President - Senior Credit Officer de Moody’s Investors Service.
En el mercado local la letra chica del acuerdo no causó grandes movimientos: el informal dólar Blue recortó parte de la abrupta suba que registró en la semana y cerró a 551 pesos, y los dólares financieros (los únicos de acceso libre y legal) continuaron con su avanzada para terminar a $509,94 el MEP, y a $546,98 el Contado Con Liquidación (CCL).
