Además de los U$S 20.000 mil millones que se desembolsarán en las próximas semanas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) trae adosado el amplio catálogo de habituales exigencias del organismo.
En una actitud atípica, el ente multilateral emitió su comunicado en la noche del viernes, luego que el gobierno argentino hizo el anuncio e incluso después de la Cadena Nacional del presidente, Javier Milei.
Si bien volvió a elogiar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, marcó que aún existe un extenso abanico de reformas pendientes.
El primer desembolso por U$S 12.000 millones entrará al Banco Central el próximo martes 15 de abril y tras una primera revisión del programa hacia fines de junio se girarán U$S 2.000 millones más.
Entre las condiciones estructurales que impone el programa se destacan las reformas laboral, impositiva y previsional y un nuevo esquema de coparticipación.
“El programa se centra en fortalecer la calidad y la sostenibilidad del ancla fiscal. Esto se sustentará en una disciplina continua del gasto, medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación de ingresos y de pensiones”, señala uno de los párrafos salientes del comunicado.
El FMI aseguró que el plan apunta a “desarrollar el potencial de la Argentina” y puso un acento especial en las áreas de energía y minería, lo cual es toda una señal de por dónde el consenso internacional ve el progreso del país.
Pero, según la letra escrita, no le saldrá “barato” al gobierno, porque se comprometió a “fortalecer la flexibilidad del mercado laboral y de productos, y abrir gradualmente la economía. Además, también avanzará en el proceso de regulación.
Entre los puntos más álgidos descriptos por el FMI se observa el pedido al gobierno de “una comunicación más clara” y la ampliación “del apoyo social y político al ambicioso programa de reformas”.
No obstante, cabe aclarar que este tipo de pedidos se repitieron en todos los programas firmados y forman parte del dossier habitual, pero nunca fueron motivo de discontinuidad de un acuerdo.
Dadas las características del programa los objetivos económicos más importantes y que se evaluarán con mayor rigor en cada revisión será la meta de déficit fiscal y la de acumulación de reservas.
Respecto a la meta de déficit el gobierno anunció que la elevó a 1,6% del PIB desde el 1,3% previsto. Esta decisión está vinculada con la crisis financiera que se desató en los últimos días lo cual puede afectar el flujo comercial.
Por otro lado, las turbulencias en los mercados pueden demorar más de lo previsto el regreso de la Argentina al mercado de capitales. Otro de los efectos buscados con este acuerdo es una baja sustantiva del Riesgo País –actualmente en la zona de 900 puntos- para “refinanciar los próximos vencimientos”.
Respecto de los compromisos de acumulación de reservas las metas planteadas son:
Fin de mayo de 2025: un piso indicativo de –U$S 0.5 mil millones.
Fin de septiembre de 2025: un piso objetivo de –U$S 0.6 mil millones.
Fin de diciembre de 2025: Un piso objetivo de U$S 4.0 mil millones.
Estos valores son acumulados respecto de diciembre de 2024.
El flujo de dólares que ingresarán durante 2025 será de libre disponibilidad, con lo cual se podrá utilizar tanto como para intervenir como hacer frente a los pagos de la deuda. Desde el punto de vista contable, el cumplimiento de estas metas estaría garantizado.
Por otro lado, cabe aclarar que este es un nuevo programa con el FMI y que nada tiene que ver con el anterior por U$S 45.000 millones que había tomado Mauricio Macri. Ese convenio tiene determinado una serie de vencimientos que deberá cumplir tal lo estipulado. Por tanto, no se descarta que más adelante el gobierno se siente a una nueva renegociación de esas obligaciones que se acumulan desde el año próximo.
Si bien el gobierno dice que recomprará pasivos del Banco Central habrá un cambio de acreedor y la deuda externa aumentará U$S 20.000 millones con el agregado de las exigencias políticas que esto impone.
