Tal como se preveía la primera revisión del acuerdo por U$S 20.000 millones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) afronta algunas complicaciones dado los incumplimientos en los que incurrió el gobierno.
Tras la visita de una misión técnica del organismo que durante toda la semana pasada trabajó en el Ministerio de Economía y en el Banco Central, dos altos funcionarios del Palacio de Hacienda tuvieron que viajar a Washington para continuar con las negociaciones.
El vicejefe de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, desembarcaron en la capital estaodunidense con el objetivo de cerrar los detalles técnicos de la auditoría de la cual depende un desembolso de U$S 2.000 millones.
El viaje de Daza y Quirno debiera tomarse como habitual dentro de la relación entre la Argentina y el FMI, pero ocurre que no fue informado por el gobierno argentino, sino que fue la vocera del FMI, Julie Kozack, quien en la mañana de este jueves reveló la visita.
La demora en cerrar la revisión posterga la elevación al Board del organismo del Staff Level Agreement (SLA), un documento indispensable en el cual los técnicos del recomienda el visto bueno de la jefatura.
“No tengo una fecha para la reunión del Directorio”, contestó la portavoz y ante la insistencia de la prensa argentina fue taxativa y respondió: “No quiero especular”.
La respuesta abre una serie de especulaciones dado que en breve el FMI entrará en receso por vacaciones de verano y por ende la reunión del Directorio y el giro del dinero podría demorarse hasta agosto o septiembre.
El gobierno esperaba contar con ese dinero para apuntalar las reservas del Banco Central, dado que la semana próxima deberá afrontar un pago de U$S 4.400 millones con bonistas privados. Si bien el Tesoro Nacional ya cuenta con el dinero y no hay riesgos con la cancelación, se sentirá el impacto en el balance diario de las reservas, lo cual podría haberse evitado.
Cabe recordar que el gobierno y el FMI habían acordado postergar las inspecciones justamente para darle más tiempo al Banco Central para que compre dólares. Esa acumulación había sido pautada en U$S 4.000 millones y no se cumplió por la decisión del gobierno de no comprar dólares en el medio de la banda de flotación. Cabe recordar que en las últimas semanas el gobierno cambió su postura y compró dólares a través del Tesoro Nacional.
Este es uno de los puntos que deben limarse en este tramo de las conversaciones, dado que Argentina deberá solicitar un waiver y luego, además, recalibrar las metas hasta fin de año.
Algo similar ocurre con el déficit de cuenta corriente que alcanzó a U$S 5.100 millones, cinco veces más que lo planteado al firmarse el acuerdo.
Consultada sobre estos desvíos, Kozack también evitó pronunciarse acerca de las dispensas que podría pedir la Argentina y sólo destacó que las conversaciones “siguen siendo muy productivas”.
No obstante, dejó algunas consideraciones sobre la marcha de la economía argentina desde la salida del cepo.
Al respecto consideró que “la transición a un régimen cambiario más robusto ha sido suave” y destacó que luego del primer cimbronazo “se retomó el proceso de desinflación”.
La vocera subrayó que “la economía se sigue expandiendo” y resaltó que “los indicadores de alta frecuencia sugieren que la pobreza está en una tendencia descendente”.
Por otro lado, ponderó que Argentina haya retornado a los mercados de capitales luego de siete, lo cual lo hizo a través de la colocación de los BONTE. También subrayó la fortaleza del gobierno para sostener la política de ajuste fiscal.
Durante la conferencia de prensa de la que La Voz participó on line, Kozack se refirió en forma marginal a la situación por el juicio de YPF: “Obviamente estamos prestando atención cercana, monitoreando la situación. Sin embargo, por política, no comentamos cuestiones legales relacionadas con nuestros países miembros”.
El FMI no tiene injerencia en este tipo de cuestiones, pero un eventual aumento de la deuda del país con privados agregaría un problema adicional a la economía.
