El Frente Cívico presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que propone incorporar la educación emocional como derecho de todos los estudiantes en establecimientos públicos y privados de la provincia. La iniciativa establece la creación de una nueva asignatura obligatoria en los niveles inicial, primario y secundario, así como su integración transversal a la currícula educativa existente.
El texto define a la educación emocional como un proceso continuo destinado a fortalecer habilidades como el autoconocimiento, la empatía, la autorregulación, la motivación y las habilidades sociales.
Se busca que los alumnos desarrollen herramientas para afrontar los desafíos de la vida cotidiana, fomentar relaciones saludables y prevenir problemáticas como la violencia escolar, el abandono educativo, la depresión o el consumo problemático.
El Ministerio de Educación será la autoridad de aplicación y deberá coordinar acciones con las carteras de Salud y Desarrollo Social. También se creará una Comisión Técnica Multidisciplinaria compuesta por profesionales de distintas disciplinas (psicología, psicopedagogía, educación, trabajo social, coaching), que tendrá entre sus funciones la elaboración de lineamientos curriculares, la capacitación docente, el diseño de propuestas pedagógicas y la evaluación del impacto de la ley.
El proyecto resalta la necesidad de cambiar el enfoque educativo tradicional, que prioriza lo académico por sobre lo emocional. Señala que una adecuada gestión emocional es clave para la salud mental, el rendimiento escolar y la convivencia. La ley se enmarca en normativas nacionales como la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Fundamentos
Los fundamentos destacan que la iniciativa no requiere inversión en infraestructura ni tecnología, sino capacitación docente y adaptación institucional. Además, se basa en estudios internacionales que demuestran los beneficios de incluir la educación emocional en las escuelas.
La ley establece un plazo de 180 días para su reglamentación desde su promulgación y faculta al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para su implementación.
El proyecto fue presentado por los legisladores Walter Nostrala, Daniel Juez, Viviana Martoccia y Walter Gispert, quienes argumentan que esta medida permitirá dar una respuesta estructural a problemas sociales y educativos que se agravan año tras año.
