Entre rejas y domiciliarias, se va a armando en Córdoba una especie de gabinete de privados de la libertad.
Hay condenados y procesados, pero todos tienen un denominador común: los funcionarios provinciales que están apresados no tuvieron un paso transitorio u ocasional por los cargos que ocuparon sino que fueron ratificados durante muchos años.
La más reciente incorporación a esta especie de gabinete de presos es la de mayor rango: Oscar González. En la larga era del peronismo en el poder, fue ministro de Gobierno y de Salud, jefe de Gabinete y legislador provincial, presidente provisorio de la Legislatura y, fundamentalmente, un fuerte caudillo en el oeste y norte cordobés.
Un actual ministro, que acompañó a los tres mandatarios del peronismo cordobés, pone la figura de González en estos términos: “En Traslasierra, tenía más poder que el gobernador”. Lo tenía en todos los terrenos, especialmente en el judicial. No era casual que siendo médico integrase el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y fuera un operador del poder político en los Tribunales provinciales.
De ahí que no sea casual que la causa en la que se avanzó sobre la restricción de su libertad provenga del fuero federal. En la Justicia provincial, desde los miembros del Tribunal Superior hasta los fiscales de instrucción siguen siendo cuidadosos a la hora de tomar decisión sobre un personaje clave del poder.
González vuelve a traer al debate político cordobés una figura penal muy poco usada: la del enriquecimiento ilícito. Sorprende que haya sólo un acusado de ese delito en esa generación que llegó al poder hace unos 25 años con entre 40 y 50 años de edad, un patrimonio y nivel de vida de clase media, y hoy casi todos ostentan una vida lujosa.
González es puesto en la mira no por la perspicacia de algún magistrado sino como producto de todo lo que desató aquel siniestro vial trágico de las Altas Cumbres y la obscenidad expuesta de los abusos de poder.
Esos abusos de poder que llevan a más de uno a sentirse impunes hasta la eternidad. Por eso, ni reparaba en lo irrisorio de las valuaciones de esos inmuebles que se multiplicaban mientras declaraba como ingreso principal la remuneración en la función pública.
Un detalle de la impunidad y la falta de apego a la ley desnuda a González y pone en jaque a toda la dirigencia política. Pese a que estaba siendo investigado, el caudillo peronista no presentó declaración de bienes al dejar su cargo de legislador, en diciembre de 2023.
Pero tampoco lo hizo ninguno de los otros 69 integrantes de aquella Legislatura, pese a la existencia de una ley muy simple y clara que obliga a presentar declaración de bienes al asumir y al dejar un cargo provincial.
Ni las anteriores ni las actuales autoridades de la Legislatura repararon en semejante omisión.
El rock de la cárcel
En medio de todo esto, sigue sin aparecer ninguna explicación, autocrítica ni pedido de disculpas por esa cantidad de funcionarios presos que han ocupado durante tantos años un cargo.
En la superpoblada cárcel de Bouwer, están Diego Concha, quien fue casi 20 años director de Defensa Civil de la Provincia y vocero ante emergencias; Juan María Bouvier, jefe del Servicio Penitenciario 16 años seguidos, detenido en esta gestión cuando todavía estaba en funciones; Gustavo Folli, exsubjefe de Policía de Córdoba y titular de Defensa Civil de la Municipalidad capitalina; Alejandro Mercado, exsubjefe de Policía de esta gestión; Juan Ledesma, titular de aquel todopoderoso COE durante la pandemia y varios años director del Hospital de Niños.
En algunos casos, también varios colaboradores de esos funcionarios están entre rejas y hay una larga lista de exfuncionarios a la espera de una resolución de la siempre poco diligente Justicia provincial.
