No hay plata. Y tampoco hay plan, al menos el que Martín Llaryora concibió cuando transitó su campaña electoral en vistas a las elecciones del 25 de junio.
Es que en estos siete meses, el país mutó dos veces. Las semanas previas a la elección a gobernador, el blue rondaba los $490 y la inflación era un enorme problema: corría al 110% interanual. Se sentían los efectos de la sequía y se pensaba en la escasez de divisas como algo transitorio. Sergio Massa era apenas ministro –no candidato- pero con el poder suficiente para garantizar gobernabilidad. Aseguraba que no se movería del paraguas del FMI y todo indicaba que sí, que se alcanzarían las metas acordadas con el organismo.
Pero Massa logró ser candidato y llegó a la segunda vuelta. Entre su postulación y el balotaje, emitió pesos por el equivalente a dos puntos del PBI, pateó el tablero con el FMI, prometió bonos, devolvió impuestos y sepultó la cuarta categoría de Ganancias. A la Caja de Córdoba, pan y agua. Massa perdió las elecciones: Javier Milei devaluó 54% el peso y encaró un ajuste durísimo, ortodoxo a más no poder, con el objetivo de evitar la hiperinflación, que a su juicio está a la vuelta de la esquina.
Efectivamente, con el 211% del 2023 Argentina anotó la inflación más alta del mundo y el riesgo que todos tememos quedó ahí, a un paso. Milei dijo que no hay plata, para nada y para nadie y obligó a todos los gobernadores a recalcular la hoja de ruta para el 2024.
El presupuesto de Córdoba 2024 quedó viejo antes de que arranque el año: esperaba un crecimiento de 2,7% del PIB, inflación a diciembre del 69,5% (promedio anual del 97,3%) y un tipo de cambio de U$S 607 a diciembre. Nada será así: se espera un año recesivo, inflación de 200% aunque a la baja al cierre del año y el dólar, por lo pronto, ya está a 860.
En ese marco, el nuevo Llaryora enfrenta cuatro problemas de peso: caída de recaudación, salarios, jubilaciones y deuda. El ABC de la gestión de un gobierno provincial.
Ingresos
Córdoba atravesó en diciembre el cuarto mes consecutivo de caída de recaudación: 17% abajo. Una calamidad. En diciembre el total alcanzó los 225.281 millones de pesos. Los envíos nacionales cayeron 20% en términos reales, con una baja del 40% de Ganancias y del 3% real en IVA, que marca el pulso del consumo. Por Ganancias se esperan 5.000 millones de pesos menos y fueron 9.000 millones.
La recaudación provincial, neta, cayó 10%, pero lo peor se espera para enero, cuando se proyecta una caída de actividad del 6%. Las proyecciones que comparten buena parte de los gobernadores es que el primer semestre será complejo, especialmente los primeros tres meses, cuando se combine el fogonazo inflacionario con una caída estrepitosa de la recaudación.
Las provincias están esperando la reversión del Impuesto a las Ganancias, proyecto que Milei enviará al Congreso cuando se encamine la aprobación de la ley ómnibus.
En este contexto, la Provincia pone en marcha por primera vez una actualización del inmobiliario para quienes no abonen el impuesto completo en febrero: los pagos mensuales se ajustarán según la evolución de los salarios que marca el Ripte, un indicador que elabora el Ministerio de Trabajo de la Nación y que sigue los salarios registrados.
Así, la cuota anual tiene como tope un aumento del 141%, que es la suba interanual del Ripte a octubre. En noviembre, ese índice dio 6,3%: eso subirá la cuota de marzo. Quien pague la cuota única tendrá un descuento adicional del 15% y la chance de pagar en tres cuotas si se tiene Naranja o Macro o en cuatro cuotas con Bancor.
De este modo, se busca evitar lo que pasó en el 2023, cuando los impuestos patrimoniales cerraron con una caída del 46% en términos reales respecto de diciembre del 2022. La actualización promedio del inmobiliario urbano para el 2023 fue del 40% y para el 2024 está en el 131%.
Salarios
Los gremios ya han asimilado que la cláusula gatillo en enero no se va a pagar: no hay manera de incrementar 24,2% la masa salarial en un mes con recaudación a la baja. Ya en diciembre, cuando correspondía que la Provincia pague el 12,9% terminó abonando en mano el 9,9: dos puntos fueron excepcionalmente a la Caja de Jubilacionesy uno al Apross.
Ese esquema seguirá en el 2024: representa un aporte del 13% al sistema previsional para el 75% de los empleados públicos. Para el resto, que aportaba el 18%, representa el 20. El aporte al Apross pasó del 4,5 al 5% en los activos y del 5 al 6% en los jubilados, a quienes no se les modificó la base de cálculo previsional luego de la suba de aportes.
Aunque la ley permite a la Provincia duplicar el aporte de emergencia al sistema, la intención inicial es seguir con los dos puntos extras y no aplicar el diferimiento de los aumentos al 80% de los jubilados que hoy cobra en el mismo mes en que cobra el activo. El límite del aumento salarial estará dado por la variación de los ingresos, con paritarias cortas, aunque resta negociar el detalle.
Paralelamente, se avanza en medir la productividad de las dos áreas que se llevan los mayores recursos del presupuesto provincial: salud y educación. Para salud están presupuestados en el año 442.960 millones de pesos, el 20% del total.
Llaryora sostiene que ahora los salarios son mejores que en la salud privada, con jubilaciones que parten de los 750 mil pesos, cuando la caja de salud paga, con suerte, un tercio de ese monto. Sostiene que hay áreas con ausentismo del 60%, cuando en la salud privada es del 8% y reveló que en los hospitales públicos un profesional atiende en promedio ocho consultas al día cuando en el sector privado atiende a 20.
Teniendo en cuenta parámetros de ausentismo, productividad, justificación de inasistencias, desempeño y registro de la actividad médica en la historia clínica, Salud no renovó una buena parte de los contratos que se vencieron en diciembre, con promesa de extender a todo el personal esta evaluación.
Aprovechando el clima de época nacional que busca recortar el gasto en la administración del Estado, se dieron de baja en total seis mil contratos, el 27% de los 22.145 contratados que trabajan en la Provincia.
Es probable que, finalmente y en el marco de la negociación salarial, las bajas reales sean de dos mil contratados y no seis mil. El paso siguiente es revisar el ausentismo docente. A Educación la Provincia destina el 32% de su presupuesto.
Caja de Jubilaciones
Es difícil que en estas circunstancias de reducción de déficit fiscal le paguen a Córdoba el flujo corriente actualizado. La Nación transfiere apenas 1.072 millones de pesos al mes cuando debiera mandar ya, con la inflación de diciembre, arriba de 10 mil millones de pesos.
El sistema previsional local tiene un déficit que equivale al 38% de sus gastos, que se cubre hoy con mayores impuestos y aportes complementarios de sus beneficiarios y con el Tesoro provincial. La Nación en el 2023 apenas puso el 20% de lo que se comprometió a pagar. No ven en el corto plazo una recomposición de los aportes nacionales, lo que le agrava aún más el cuadro a Llaryora.
Deuda
En este marco, la Provincia inició conversaciones informales con los bancos para que, de manera voluntaria, acepten estirar los plazos de pagos de los vencimientos. Según pudo conocer este diario de fuentes de Casa de Gobierno, lo que se pretende es ganar tiempo.
Córdoba enfrenta vencimientos de intereses y de capital por 488 millones de dólares en el 2024, con vencimientos en junio y en septiembre del PDCAR21; y por 600 millones en el 2025.
El stock de la deuda total es de 2.285 millones de dólares, que a noviembre pasado representaba 3,7 meses de recaudación. Con devaluación mediante y caída de ingresos, hoy representa ocho meses de recaudación, más del doble que hasta hace un mes, aunque menos que en el 2005, cuando llegó a casi 14 meses de recaudación.
Cuando Schiaretti hizo un balance de su gestión, detalló todo lo que le dejaba en caja a su sucesor: 428 millones de dólares en bonos que pagan en el 2024 (Boncer por 161,8 millones de dólares; Linked por 96,4 millones y el Dual por 169,79 millones de dólares), 183 millones frescos en cuenta y en pesos, tanto en cuenta como plazos fijos, indicó que dejaba el equivalente a 321 millones de dólares, aunque estaban expresados a dólares oficiales de $360.
“Esto puede ser utilizado por el próximo gobernador según sea el tamaño de la crisis”, dijo en la Bolsa de Comercio. “Quedan más de 600 millones de dólares en caja que superan largamente los vencimientos de la deuda pública financiera que hay en el 2024″, dijo. Esas declaraciones complica en algo la estrategia de Llaryora: ¿tiene la plata o no la tiene?
En la Provincia dicen que sí, pero sólo el 2024 y no para el 2025. Además, pretende encarar una estrategia conjunta con otras provincias que también necesitan reperfilar vencimientos.
Es más, le pidieron al Gobierno nacional pistas sobre lo que pretende que hagan los estados subnacionales. Entre Ríos es la primera que enfrenta vencimientos: 60 millones en febrero. El monto es chico y hasta es probable que pueda fondearse en el mercado local, pero nadie tiene precisiones sobre cómo se manejará el ministro de Economía Luis Caputo respecto del acceso de las provincias al Mercado Único de Cambios. Buenos Aires y Córdoba son las más complicadas con las obligaciones este año.
Para algunos observadores, Llaryora está sobreactuando la crisis (lo mismo le endilgan a Milei a nivel nacional) para ir hasta el hueso, o lo más cerca que se pueda.
Algo así como “ahora o nunca” a la hora de revisar gastos en el Estado. Al gobernador se le ha vuelto una obsesión la obra pública: cree que fue la marca en el orillo de Juan Schiaretti y no quiere ser señalado como quien la aborte.
Por eso necesita de alguna manera liberar algo de recursos para que en el 2024 los trabajos no se detengan. La sinergia de Córdoba con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, adonde fue el exEpec Luis Giovine, es total.
Esa área depende de Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura de Mieli, quien se ha apoyado en un equipo técnico de 20 profesionales que le aportó Córdoba. De ahí se esperan proyectos conjuntos, de precisión quirúrgica: poca plata pero efectivos.
