El Gobierno nacional aclaró este martes que solo los trabajadores con un sueldo de hasta $ 370.000 de bolsillo en agosto cobrarán el bono completo de $ 30.000 mensuales.
La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, fue quien precisó los montos base luego de que surgieran dudas sobre la implementación del beneficio para los asalariados.
Mientras tanto, distintas cámaras empresarias y entidades industriales manifestaron su rechazo a la medida y el gobierno les advirtió que sancionará a quienes no cumplan con este pago.
De acuerdo a lo dicho por Olmos, quienes tienen un salario conformado a agosto de $ 370.000 deben recibir la totalidad de los $ 30.000 anunciados como suma fija, pero quienes estén por encima de ese monto sólo recibirán la diferencia hasta $ 400.000 que es el tope impuesto. Además, quienes tengan remuneraciones por encima de los $ 400.000 no recibirán ninguna suma adicional.
Ejemplo: un trabajador con sueldo de julio de $ 350.000 cobrará los $ 30.000 completos si no tiene ningún aumento pactado para agosto. Si, en cambio, ya tiene pactado un ajuste de 10% su sueldo pasará a ser de $ $ 385.000 y solo cobrará de bono $ 15.000 hasta completar el tope de $ 400.000.
La información inicial suponía que los $ 30.000 serían para todos los trabajadores con sueldos de hasta $ 400.000, pero los dichos de la ministra modifican el concepto de esta cifra.
Por otro lado, Olmos advirtió que quienes cobren este bono quedarán excluidos del mercado de cambio oficial, o sea que no podrán acceder al dólar “Ahorro” al precio de $ 642,25.
“Queremos que el dinero vaya al consumo, no a la brecha”, afirmó la funcionaria al dar a conocer la decisión.
Rechazo empresarial
A medida que se van conociendo los detalles de las medidas anunciadas el fin de semana se suman voces empresarias en contra de la imposición salarial, aunque más allá de las protestas coinciden en que cumplirán con el decreto.
La Unión Industrial Argentina (UIA) emitió esta tarde un comunicado en el que reivindicó la discusión paritaria como herramienta para la discusión de ingresos. En el mismo sentido se había pronunciado anteriormente la Cámara Argentina de Comercio (CAC).
“El camino para las discusiones salariales para el sector industrial son los acuerdos paritarios” remarcó la UIA.
La entidad consideró que “las medidas para reducir los impactos de la devaluación deben ser el ordenamiento de la macroeconomía y la lucha contra la inflación y no la alteración de las discusiones salariales a través de medidas unilaterales”.
Además sostuvo que “los aumentos por decreto colisionan con los consensos salariales ya firmados, a los cuales siempre se ha respondido como dan cuenta los propios registros de la cartera laboral”.
No obstante, aclaró que “las cámaras e industrias asociadas darán cumplimiento a la normativa vigente”.
Por su parte, el presidente de la CAC, Mario Grinman sostuvo que lo anunciado por el Gobierno “es un plan platita muy caro” porque será inflacionario. “Es raro que vengan a esta altura con un bono para todo el mundo. Parece un plan platita muy caro. Lo que hoy parece un bálsamo, es una inyección de morfina que cuando pasa el efecto vuelve el dolor y peor”, señaló Grinman en declaraciones radiales.
En la víspera la CAC había emitido un comunicado en el que también había reivindicado las paritarias para la recuperación de ingresos.
Con mayor énfasis se pronunció el presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) Jorge Cherro, sector al que se le impuso el pago del bono y al mismo tiempo se les congelaron los ingresos por la suspensión de los aumentos previstos.
“Con las últimas medidas económicas, estamos caminando hacia la destrucción de lo que queda del sistema privado de salud, que atiende a 7 de cada 10 argentinos”, sostuvo el dirigente.
“Ahora, quieren que paguemos un bono de $60.000 a nuestros empleados y a la medicina prepaga le congelaron el aumento de cuotas por 90 días. A su vez, las prepagas están evaluando congelar nuestros aranceles, algo que no vamos a permitir, porque tiene que ver con lo que ya pagamos nosotros”, se quejó Cherro.
A este coro de voces se agregó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien también rechazó los anuncios realizados para el campo.
“Estas medidas parecen más de campaña electoral que para fortalecer al sector, sabiendo que la instrumentación no les llegará a todos los productores”, señaló el dirigente.
Ante este escenario, Olmos les sugirió a los trabajadores que realicen la denuncia en caso que los empleadores no realicen los pagos decretaras y recordó que existe la posibilidad de hacerlo en forma anónima.
