La Secretaría de Comercio instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para “iniciar investigaciones por presuntas prácticas anticompetitivas” por parte de “empresas vinculadas con la producción y comercialización de productos de consumo masivo que hubieran aumentado precios durante el año 2022″.
A través de una resolución, la cartera a cargo de Matías Tombolini afirmó que esos incrementos se produjeron “como resultado de un abuso de su posición dominante en el mercado”.
La instrucción para actuar fue publicada hoy en el Boletín Oficial y de inmediato tuvo correlato en las redes sociales a través de posteos realizados, sobre todo en Twitter, donde se señala a determinadas marcas y productos, tanto de alimentación como de higiene personal.
Tombolini pidió “un informe detallado respecto a los avances de las investigaciones referidas en el artículo 1° de la presente medida en el plazo máximo de 30 días contado desde el dictado de la presente medida”.
Aunque esa Secretaría no incluyó un listado de los productos mencionados, por Twitter referentes del kirchnerismo, como el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, mencionaron casos.
Esa lista “virtual” incluye el agua mineral Kin y el energizante Monster (ambos de Coca-Cola), fideos Lucchetti (de Molinos Río de la Plata), leche entera Sancor, azúcar Ledesma, productos de higiene Querubín y Ayudín, y papel higiénico y rollo de cocina Felpita.
En las redes también figura la empresa de medicina prepaga OSDE.
Con el hashtag #SiAumentaNoCompres, los funcionarios y militantes aputan a que los incrementos se posicionaron por encima de la inflación del ciclo.
“Hay empresas vinculadas con la producción y comercialización de productos de consumo masivo que en el transcurso del presente año han aumentado precios por encima de la inflación general y de otras variables que afectan a los costos de producción”, señala la resolución de Comercio.
Considera, asimismo, que las empresas que comercializan dichos productos “podrían llegar a tener posición dominante en los mercados involucrados, y la fijación de precios de manera abusiva podría llegar a configurar una conducta anticompetitiva susceptible de sanción por parte de la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.442″.
“Tratándose de mercados vinculados con la producción y comercialización de alimentos, la lesión al interés económico general aparece como evidente tratándose de producción mayoritariamente nacional, sobre la base de materias primas nacionales y con condiciones naturales y de infraestructura para proveer alimentos a precios razonables considerando las variables generales de la economía argentina”, señala el texto.
