Este miércoles, en un repentino mensaje dado a conocer por el Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció una serie de modificaciones en la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743), votada y aprobada en el año 2012.
Según mencionó el funcionario, el principal cambio se hará en los tratamientos de hormonización y cirugías de adaptación del cuerpo.
Adorni reiteró que con este cambio se está “prohibiendo el tratamiento de hormonización y cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años”.
“La norma, votada en el 2012, se lo permite tanto a los mayores como a los menores. Pese a que se necesita el consentimiento del padre, si estos se negaban se podía acceder igual con la validación de un juez”, añadió el vocero.
En esa línea, el funcionario reiteró que para el Gobierno esto significaba “un grave riesgo a la salud, física y mental” de estos menores de 18 años, causando “daños irreversible y con graves consecuencias”.
“Lejos de afectar a un sector en particular, tiene como fin proteger la integridad de los menores”, remarcó.
En tanto, y si bien no fue parte del anuncio de Manuel Adorni, desde del Gobierno informaron luego a través de un comunicado de prensa que a través de este decreto se elimina además del Plan Médico Obligatorio el financiamiento del tratamiento. “A partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas”, se refirieron.
Por otra parte, también mencionó que los presos hombres no podrán ser trasladados a cárceles de mujeres pese a autopercibirse con este género. “De este modo garantizamos la seguridad de las reclusas”, dijo.
“El decreto también modifica lo establecido por la ley respecto al financiamiento de este tipo de tratamientos. A partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio”, aseguraron.
Un nuevo antecedente en Córdoba
Sobre esto último, recientemente la Justicia de Córdoba volvió a poner el foco sobre una interna de la cárcel de mujeres que cambió su identidad de género.
La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno ordenó la imputación y detención de Gabriela Fernández, también conocida como “Gaby”, por presuntos delitos sexuales cometidos contra otras internas en el Establecimiento Penitenciario N°3 de Bouwer, Córdoba (cárcel de mujeres). La novedad fue informada este martes por fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Fernández ingresó en 2016 a la cárcel de Bouwer por denuncias de violencia de género de su entonces pareja. Fue condenada a tres años de prisión. En 2018 dijo que se autopercibía mujer y fue trasladada a la cárcel de mujeres para continuar con su condena, pero allí fue denunciada por otras compañeras de pabellón.
El miércoles, el MPF anunció la nueva imputación por abuso sexual e indicó que “la identidad de género de Fernández está siendo investigada en el marco de este caso”. Actualmente, la imputada permanece detenida a disposición de la mencionada Fiscalía y de la Cámara Criminal y Correccional de 4ª Nominación.
El comunicado del Gobierno tras el anuncio
Tras el anuncio de Adorni, la Oficina del presidente Javier Milei compartió un comunicado en el que reiteró las medidas y cuestionó: “La ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil”.
“Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilacion de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental. Es por eso que paises pioneros del cambio de género infantil como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y, recientemente, Estados Unidos, están dando marcha atrás, prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos”, agrega el mensaje.
En ese mismo marco, el Gobierno decidió determinar que el " alojamiento de los detenidos carcelarios se determinará según el sexo registrado en el momento del hecho delictivo". De este modo, agregaron, se evitaría “que cualquiera pueda usar la excusa del cambio de género para pedir un traslado de la cárcel en la que se encuentra”.
“Ningún hombre que haya solicitado la rectificación de su género antes de cometer un delito podrá ser alojado en cárceles de mujeres si fue condenado por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres, ni en caso de que la evaluación penitenciaria lo determine”, destacaron.
