La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución que denuncia graves irregularidades en las elecciones de Nicaragua y manda a realizar “una evaluación colectiva inmediata” sobre la situación política de aquel país.
La noticia es que, por primera vez, el Gobierno argentino votó a favor de la resolución y condenó implícitamente las acciones de la dictadura de Ortega, lo que constituye un giro en las relaciones con el gobierno nicaragüense. Hasta entonces, los funcionarios de la administración de Alberto Fernández se abstenían de votar, junto a otros países aliados del régimen como México, Venezuela y Bolivia. Esta vez, Argentina se ubicó del lado de los países más cercanos a Occidente, como Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Canadá.
La decisión de realizar esta evaluación se tomó en el marco del período 51 de sesiones ordinarias de la OEA que se realizó en Guatemala, y se aprobó con 25 votos (entre ellos el de Argentina), uno en contra y siete abstenciones.
De todos modos, el vicecanciller Pablo Tettamanti evitó manifestarse sobre el voto y subrayó en su participación sobre el proyecto de resolución “La situación en Nicaragua” que “la Argentina reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, que para nuestro país representa un valor superior e irrenunciable”.
La resolución para condenar a Nicaragua fue impulsada por Estados Unidos, Chile, Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Uruguay, que presentaron un borrador para que se condenara la situación que impera en el país centroamericano.
Qué dijo el vicecanciller argentino
En Nicaragua se realizaron elecciones presidenciales el pasado domingo, en las cuales el dictador Daniel Ortega se impuso por amplio margen: siete dirigentes opositores que pretendían presentarse a esos comicios fueron detenidos meses antes y el proceso electoral fue ampliamente rechazado por la comunidad internacional.
Tras analizar el tema, la OEA resolvió investigar la situación en Nicaragua y realizar una evaluación colectiva entre sus estados miembros para establecer si el gobierno de Ortega cometió violaciones a los derechos humanos.
“Junto al resto de los países americanos, y a través de la Carta de la OEA, mi país también ha asumido un compromiso con la promoción y la consolidación de la democracia representativa, dentro del respeto al principio de no intervención”, sostuvo Tetamantti.
En ese sentido, enfatizó: “Argentina cree firmemente que la mejor forma de superar nuestras diferencias ha sido y seguirá siendo el diálogo. Nunca las sanciones o los bloqueos, que en nuestro hemisferio sólo han llevado a resultados negativos”.
“La OEA no debe apartarse de los principios y valores que rigen sus instrumentos fundacionales. La capacidad que demuestre esta Organización para retomar el camino de una cooperación entre iguales y basada en el respeto definirá, sin duda, los niveles de consenso, implementación y éxito de sus acciones”, añadió.
Tettamanti manifestó: “Nos preocupa, en ese sentido, la condena anticipada de este proyecto de resolución a una cuestión respecto a la cual estamos solicitando que sea analizada por el Consejo Permanente, sin que hayamos tenido aún un debate en profundidad”.
“Hemos acompañado el actual proyecto de resolución, con la convicción, la esperanza y la voluntad política de seguir trabajando a favor del diálogo y la solución pacífica de nuestras diferencias, en verdadero beneficio de nuestros pueblos”, afirmó el vicecanciller.
En el texto de la resolución aprobada por la OEA se establece que “las iniciativas diplomáticas y técnicas emprendidas desde el 5 de junio de 2018 por la Organización de los Estados Americanos para promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos en Nicaragua no han tenido éxito por haber sido ignoradas o rechazadas rotundamente por el Gobierno de Nicaragua”.
Se declara que “en las evidentes circunstancias, las elecciones de 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, y se concluye que “con base en los principios establecidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el Gobierno”.
La OEA reitera “sus llamamientos anteriores para la liberación de todos los candidatos y presos políticos, la restitución de sus derechos democráticos, y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil”.
El organismo instruye al “Consejo Permanente que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas”.
En favor de la resolución se pronunciaron Argentina; Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Jamaica, Panamá, Surinam, Trinidad & Tobago, Venezuela (la representación está en manos de Juan Guaidó), Antigua y Barbados, Dominica, Barbuda y República Dominicana.
Siete países se abstuvieron: Honduras, México, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Belice, Bolivia y Dominica.
La delegación de San Cristóbal y Nieves estaba ausente y Nicaragua votó en contra.
