No habían pasado 24 horas desde la sanción de la Ley Bases cuando Javier Milei dio a conocer cuál sería el siguiente paso en el proceso de liberación económica: la “ley hojarasca”. No obstante, a un mes y medio de aquel anuncio presidencial, el Poder Ejecutivo avanza con desregulaciones por goteo y redefine el alcance final del proyecto de ley.
“Ley hojarasca” fue el título que se le puso a un ambicioso trabajo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para derogar un centenar de leyes que quedaron inocuas u obsoletas, o que representan, según el Gobierno, trabas para la libertad económica. “Una ley de leyes inútiles”, resumió el funcionario.
El último 24 de julio, Sturzenegger visitó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien mostró interés en ir a fondo con la iniciativa en el segundo semestre del año, pero no hubo precisiones sobre su envío al Congreso. Y el Ejecutivo, mientras tanto, echa mano a decretos y resoluciones casi diarios para desregular el Estado.
“Cuándo se manda al Congreso es algo que decide la Casa Rosada. Estamos esperando para mandarla con otras desregulaciones u otras decisiones más fuertes”, dijeron en el ministerio. Pero en el entorno de Menem ahora descartan que el Ejecutivo vaya a remitir el proyecto. “Venimos aplicando todos los días desregulaciones por decreto”, argumentan.
En la Cámara baja, la bancada oficialista no tuvo noticias y los bloques dialoguistas tampoco recibieron novedades. Eso sí: le hicieron saber al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que después de la experiencia traumática de la Ley Bases, que llevó seis meses de negociaciones políticas, no hay más ánimos para debatir nuevas leyes en formato “ómnibus”.
“Hay que continuar un agenda parlamentaria más temática. Las leyes tienen que ser temáticas, más cortas, más precisas”, fue la advertencia que llevó en su momento a Casa Rosada Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y en la que coincidieron sus pares Cristian Ritondo (PRO) y Rodrigo De Loredo (UCR).
Los diputados que garantizaron la sanción de la Ley Bases, así como las empresas interesadas, todavía aguardan que el Ejecutivo reglamente el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y otros capítulos relevantes como el del impuesto al tabaco y el de hidrocarburos.
Mientras tanto, este lunes se instrumentaron cambios referidos a contratos de obra pública, régimen de iniciativa privada y concesiones. En el último caso, implementando plazos variables, mecanismos automáticos de actualización y de resolución de controversias, con el fin de “realizar adjudicaciones más estables, sólidas jurídicamente y flexibles”, destacó Sturzenegger.
En tanto, mediante de la Resolución General 5545/24, la AFIP eliminó el trámite de registración de alquileres de inmuebles urbanos y rurales ante la AFIP, profundizando el camino que se había iniciado con la derogación de la ley de alquileres a través del DNU 70/23, la piedra angular del Gobierno.
Por otra parte, a través del decreto 718/24, el Ejecutivo dio el primer paso para “proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de cuatro represas hidroeléctricas: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Antes, el Ejecutivo había desregulado el mercado aerocomercial y derogado el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que fue reemplazado por otro. Asimismo, la AFIP también había eliminado el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), el documento que debía emitirse al vender automotores y motovehículos usados radicados en el país.
Otra de las medidas con las que avanzó el Gobierno vía Ley Bases fue la supresión del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), que imponía un gravamen del 1,5% para el traspaso de propiedades.
