Bajo el concepto de que “el que las hace las paga” y con la intención de poner sobre la mesa el debate sobre la inseguridad en pleno año electoral, la administración del presidente Javier Milei dice tener “lista” una reforma del Código Penal.
El objetivo de impulsar los cambios es abandonar la doctrina “garantista” y virar hacia una más punitivista.
De acuerdo a lo que trascendió, el nuevo proyecto buscaría endurecer las penas para que, por ejemplo, la reclusión perpetua sea de pena efectiva sin el beneficio de extenderla como máximo hasta los 35 años.
Además, la iniciativa contempla la posibilidad de que se sumen cárceles privadas al esquema penitenciario.
Como sea, la iniciativa deberá ser debatida en el Congreso, y con la actual conformación es difícil que logre avanzar.
En el Gobierno especulan con que el jefe del Estado realice el anuncio el 1° de marzo, en la Asamblea Legislativa que abrirá el nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso.
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Funcionarios con acceso permanente al despacho presidencial explicitaron que el Gobierno pretende que el delito de violación también sea penado con prisión perpetua. La iniciativa avanza al mismo tiempo que el proyecto de igualdad ante la ley que eliminaría la figura de femicidio, incorporada al Código.
Las reformas del Código Penal y del Código Procesal Penal habían sido una promesa de campaña del Presidente. El Gobierno creó una comisión de especialistas que redactó el anteproyecto que aún no fue enviado al Congreso y que ahora podría presentar el Presidente.
Mínimo excarcelable
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó el avance de la iniciativa que busca confrontar con el supuesto garantismo con el que el Gobierno quiere vincular a la oposición.
“Estoy trabajando en el Código Penal para que haya penas más duras. Robos con armas, homicidios, jueces que cometen cohecho con casos de narcotráfico, corrupción, incendio, vamos por una pena que no sea excarcelable, un mínimo de cuatro años”, explicó el funcionario a TN.
En Casa Rosada piensan en modificaciones en el sistema penitenciario que durante esta gestión pasó por primera vez a depender del Ministerio de Seguridad. “Queremos un sistema penal más punitivo que castigue más a los delincuentes y que al mismo tiempo se puedan reinsertar más a la sociedad aquellos que estén presos”, valoró un alto funcionario.
Ponen como ejemplo la construcción de dos cárceles de gestión privada, cuya puesta en marcha fue anunciada por Patricia Bullrich en 2024.
Según consignaron en la Cartera de Seguridad oportunamente, el proceso de resocialización de los internos también quedaría bajo supervisión privada y el Estado solo debería pagar un canon por cada recluso.
