El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y el Ministerio de Capital Humano, está evaluando un paquete de reformas estructurales que busca impactar profundamente en el sistema tributario y el mercado laboral argentino. La medida más resonante es la potencial eliminación del Régimen Simplificado (Monotributo), en una iniciativa que el Ejecutivo sostiene que tiene como meta la formalización de la economía.
El tributarista Marcos Sequeira advirtió que el simple trascendido del contenido de la reforma ha “encendido las alarmas entre contadores, cámaras empresarias y profesionales”.
Estos expertos señalan que una eliminación abrupta del Monotributo podría ser un golpe para la economía real. Este análisis fue ampliado en La Voz En Vivo, el streaming de La Voz del Interior, donde especialistas debatieron la viabilidad y las implicancias operativas del plan en desarrollo.
La migración obligatoria a autónomos
La iniciativa, alineada con recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), apunta a suprimir el Monotributo. El plan prevé que estos contribuyentes migren al régimen general de autónomos, buscando “blanquear” y simplificar la tributación del sector.
El propio régimen de autónomos sería modificado para facilitar esta transición.
Se analiza modificar el rango de las cuotas de aportes, pasando de la escala actual de $ 50.000 - $ 700.000 a una nueva que iría de $ 100.000 a $ 500.000.
Además, se habilitaría la posibilidad de deducir gastos personales presentando comprobantes.
En materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), se establecería un umbral mínimo equivalente al de la Categoría F del Monotributo, cifra que hoy ronda los $ 3 millones mensuales en facturación.
Nuevas reglas para el Impuesto a las Ganancias
En lo que respecta al Impuesto a las Ganancias, la reforma propone establecer un Mínimo No Imponible (MNI) único.
Este MNI sería equivalente a un salario promedio proyectado de $1,7 millones para el año 2025.
La reforma implica que para un trabajador soltero sin hijos, el pago de Ganancias comenzaría con un salario bruto cercano a $2,84 millones (aproximadamente $2,36 millones netos).
Se mantendría la escala de alícuotas del 5% al 35%.
El tope máximo de deducciones se ajustaría a $5 millones, incluyendo rubros como alimentación, vivienda, educación, salud y seguros de vida, todos con comprobantes. Los aportes obligatorios (PAMI, Obra Social y ANSES) continuarían sin límite de deducción.
Se estima que este rediseño podría incorporar a unas 3 millones de personas que deberían comenzar a presentar facturas para validar sus deducciones.
Incentivos laborales y reducción de cargas
La reforma también incluye un nuevo régimen de empleo, desarrollado en el Ministerio de Capital Humano, enfocado en reducir el costo de la formalidad.
Para empresas que incorporen nuevos empleados (incluidos ex-monotributistas o personas con más de seis meses de desempleo), se aplicaría una rebaja en las cargas sociales.
Las Contribuciones Patronales se reducirían del 25,5% al 17%. Los Aportes Personales pasarían del 17% al 13%.
Además, se analiza la implementación de un blanqueo a costo cero para facilitar la transición de trabajadores informales a la formalidad sin costos adicionales.
Los especialistas advierten que, si bien el objetivo es la simplificación, pasar al régimen general implicaría para miles de profesionales independientes la necesidad de llevar una contabilidad profesionalizada y una mayor carga administrativa, lo que podría afectar la dinámica de contratación y aumentar la informalidad. El paquete de medidas podría ser presentado en las sesiones extraordinarias del Congreso.
