El Gobierno nacional estableció un arancel anual por el registro de sistemas satelitales operando en el territorio nacional, explicando que esta medida garantizará una “mayor libertad al sistema para su desarrollo”.
La decisión se hizo efectiva mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 608/2025, que lleva la firma de Juan Martín Ozores, el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), y establece un nuevo arancel anual para los sistemas satelitales que operen en Argentina.
Este ajuste, que se alinea con la reglamentación vigente desde la modificación de la ley 27.078, tiene como objetivo garantizar la operatividad del Registro para la Provisión de Facilidades Satelitales, impulsando al mismo tiempo la inversión en infraestructura nacional en este sector, según Infobae.
El valor del arancel
El arancel que deberán pagar los operadores es de 10 mil dólares anuales o el equivalente en pesos argentinos, conforme al tipo de cambio del Banco Nación una cifra que se deberá abonar antes del 1 de febrero de cada año.
Sin embargo, aquellos que registren un sistema satelital que incluya una estación terrena maestra o de telemetría en el territorio nacional se beneficiarán con una reducción del 50% sobre este monto.
Este ajuste en las tarifas también busca incentivar la instalación de estaciones terrenas dentro del territorio argentino. Este enfoque tiene como fin fortalecer la infraestructura local y fomentar la autonomía tecnológica en el sector de las telecomunicaciones.
De acuerdo con la normativa, los operadores que ya se encuentren registrados deben abonar este nuevo arancel dentro de los 30 días posteriores a la notificación de la medida. En caso de que la notificación se haga después del 1 de julio, se aplicará una reducción proporcional del arancel correspondiente a ese año.
La resolución se enmarca dentro de un contexto de reforma y actualización del sector de las telecomunicaciones y de los servicios satelitales en el país.
En este sentido, consideraron clave para el desarrollo del sistema de comunicaciones, en el cual el Enacom asume el rol de autoridad de aplicación de la ley que regula los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como parte de los esfuerzos para asegurar el uso adecuado de las frecuencias radioeléctricas y evitar interferencias con otros sistemas.
En línea con lo dispuesto en la normativa, la decisión también refleja la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, declarada hasta el 31 de diciembre de 2025, que abarca diversas áreas, incluidas las tarifas y la regulación de los servicios públicos.
