Hay una expresión bastante usada en el fútbol que alude a “cerrar un partido”. Está referida a darse por satisfecho con el resultado que se está obteniendo en un determinado momento de juego y plantarse en la cancha de manera que este no se modifique.
En política suelen pasar situaciones similares. El problema es que –exactamente al igual que en el fútbol– los partidos recién terminan cuando terminan, y más de una vez hay hechos que modifican esos resultados que se pretenden dar como cerrados.
En Córdoba, sorprende cómo el Gobierno provincial está dando por cerradas determinadas situaciones que están muy lejos del pitazo final de los 90 minutos.
El conflicto en Salud es uno de los ejemplos más claros en ese sentido. Hay una larga lista de motivaciones cruzadas detrás de la protesta, pero sobresale el legítimo planteo de mejoras en los salarios y en las condiciones laborales.
El Gobierno provincial minimizó, en primera instancia, la protesta de sectores no encuadrados en los gremios tradicionales. Luego no encontró los canales para una negociación ni interlocutores con cintura política para encararla. Después, y aun a riesgo de deteriorar los aceitados vínculos con los sindicatos estatales afines, se sentó a conversar con los autoconvocados. El siguiente paso fue otorgar por decreto una recomposición por encima de lo acordado con otros sectores y aceptar algunos de los reclamos.
Fue presentado casi como un cierre del conflicto de varias semanas, sin esperar la respuesta de los equipos de Salud, que se plantaron y dijeron que no.
Con lo cual el Gobierno tiene ahora sus interlocutores desgastados, su relación con los gremios tradicionales deteriorada y una protesta en las calles y en los hospitales que está recogiendo adhesión social.
La explicación de que hay motivaciones partidarias, sectoriales y hasta personales detrás de las protestas en Salud tiene una validez parcial, ya que no alcanza a comprender en su totalidad el complejo fenómeno de lo que está pasando en la provincia con la prestación de un servicio esencial.
Mucho por resolver
Otro de los temas que el oficialismo provincial se esfuerza en dar por cerrado cada semana es el denominado caso Oscar González.
Hacemos por Córdoba pactó con el legislador suspendido el apartamiento de este de sus funciones, que a los fines prácticos es hasta que termine el mandato. Y buena parte de la oposición, siempre propensa a acordar con el peronismo, rubricó ese acuerdo.
En el PJ dicen que el tema político concluye acá, lo cual parece distar bastante de la realidad. Queda mucho por resolver: la causa judicial de la colisión fatal; las causas conexas, como la de los bolsos sacados de apuro, la situación legal de un auto que no debió haber estado en poder de quien lo conducía, la cobertura del seguro de la Provincia a los damnificados y sus familiares, el otorgamiento del carné de conducir y, fundamentalmente, la salud de las dos adolescentes que sobrevivieron, sólo por citar algunas.
Todo ha pasado a tener una dimensión política profunda, en especial porque todo lo que rodea el caso González pone en tela de juicio el argumento central de la campaña que viene de Hacemos por Córdoba respecto de que la continuidad prolongada en el poder no genera abusos ni privilegios.
La aparición pública del caudillo de Traslasierra, que en el Centro Cívico quisieron evitar, trajo consigo mensajes hacia la interna del PJ cordobés. En su diálogo con radio Verdad de Villa Dolores, se ocupó de decir que había recibido la solidaridad del gobernador Juan Schiaretti, que había tenido “más de una” conversación con el candidato oficialista Martín Llaryora después del accidente, y que muchos de quienes lo cuestionan le deben favores.
Mientras, el Gobierno intenta concluir los debates que se generaron después de aquel siniestro fatal con limitadas acciones, como mandar un proyecto para regular el otorgamiento de carnés de conducir, que podría resumirse en que es una nueva ley que dice que debe cumplirse la actual.
