No quedan ya dudas. El Gobierno no es gobierno. “Gobernar”, según la Real Academia Española, es “ejercer la dirección, la administración y el control de un Estado, ciudad o colectividad”. Pero hay sobradas muestras de que los funcionarios que forman parte de la gestión de este gobierno, que responden a dos personas que fueron elegidas por el voto popular, hablan, ejecutan y opinan como si fueran parte de una comitiva que nada tiene que ver con las decisiones oficiales que toma el equipo del que forman parte, aunque no se hayan enterado o renieguen de eso de manera tácita y hasta pública.
Es más, esa desesperación por escindirse de la responsabilidad de gobernar fue iniciada por la propia vicepresidenta Cristina Fernández después de la derrota electoral de 2021. Fue cuando vislumbró que sería difícil conservar el poder en 2023 y se asimiló, implícitamente, a una fuerza de la oposición, esperando que el electorado –ignorante o confundido– creyera que con arengar desde la tribuna fuera suficiente para que se los visualice excluidos de la responsabilidad de gobernar.
Así lo intentó con la explosiva carta contra Martín Guzmán después de las Paso de 2021, cuando le endilgó al entonces ministro de Economía haber pisado el gasto. Por ende, le cargó la responsabilidad de haber perdido la elección. Pidió por todos los medios su renuncia, y cuando la logró, a los pocos días consideró que su salida “intempestiva” fue un “inmenso acto de irresponsabilidad política y de desestabilización”.
Criticar a un funcionario que saca los pies del plato sería razonable. Pero reclamar que se vaya y luego acusarlo de irresponsable es artero.
A Sergio Massa le dio algo más de un mes de relativa paz. Asustado en bloque con el dólar a 350 pesos, el kirchnerismo tragó sapos y aceptó medidas extremadamente ortodoxas para frenar la tempestad. Vino así la segmentación de tarifas, un dólar especial para el campo por un mes y una licuación de sobre los gastos fijos del Estado, anclados en planes sociales, jubilaciones y pensiones. Después, claro, se anuncian bonos y reajustes, pero mientras tanto dejan que la inflación haga el trabajo sucio.
Hasta que la suba de la indigencia fue la excusa ideal para que Cristina volviera a desmarcarse. Dijo que el ministerio había “trabajado duro” en las áreas de su competencia, pero que “es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector” de los alimentos, que a su entender aumentan porque las empresas tienen excesiva rentabilidad.
La idea de siempre
El argumento es que un puñado de empresas controlan las góndolas, que en su mayoría son extranjeras y que se cartelizan para subir los precios de manera coordinada. Esto sería creíble si el mismo comportamiento se replicara en la región, donde están presentes las mismas empresas. Pero eso no pasa y la crítica de la vice es simplemente absurda, porque lo que sucede obedece a factores que su gestión de gobierno no resuelve.
La última fue hace una semana, cuando cuestionó la suba de las prepagas que concedió la Superintendencia de Salud en coordinación con los propios ministerios, de Salud y de Economía. Consideró que resultaba “inaceptable” el nuevo aumento de dos dígitos y que anualizado suman 114%, 20 puntos más que la inflación anualizada. Pero lo más insólito es que hasta el propio Massa dijo que comparte “filosóficamente” el tuit de la vice y repitió que el aumento “no tiene ninguna explicación”.
Lo que sí debiera saber el ministro –quizá en su condición de abogado se le escape– es que la Superintendencia de Salud armó una fórmula de ajuste para calcular automáticamente los precios de las cuotas, que toma como base los salarios de Sanidad, los precios de medicamentos e insumos médicos y la inflación general, con ponderaciones que el propio organismo calculó.
Algo similar se hace con las tarifas de transporte, de agua o de energía en Córdoba. Cuando los precios son regulados, el Estado reconoce y autoriza el traslado a precios. Cuando no lo autoriza, debe compensar con subsidios (o sea, con impuestos que aportan todos los ciudadanos, sean o no usuarios de ese servicio), hacer la vista gorda y permitir que el sistema cobre por izquierda (los copagos o los aportes extras y obligatorios a las obras sociales) o, directamente, dejar que se ajuste por cantidad y calidad. Así, el prestador se atrasa en tecnología, atiende menos gente o, en el caso del transporte, pone en la calle menos coches (y cada vez más viejos).
Si la inflación se desboca, todo eso se acelera. Es entendible que el opositor eluda el problema de fondo que hay detrás, o que sabiéndolo lo ignore adrede en aras de su juego político, pero es imposible que eso suceda entre quienes son gobierno. Es más, este Gobierno critica medidas que toma el propio Gobierno. El absurdo es total. Y no es de ignorantes, sino de perversos.
En el fondo, toda esta pantomima de percibirse ajenos a la gestión como si no les cupiese responsabilidad indica que estamos en la deriva más absoluta. Porque no sólo no hay una figura fuerte y consensuada que tome decisiones, sino que hay una comitiva de funcionarios dedicados a cuestionar las pocas e inconexas decisiones que alguien toma.
