A dos años del desembarco libertario en la Casa Rosada, el oficialismo dejó hoy una señal política hacia los gremios: las cajas sindicales no se tocan. En un gobierno que hizo de la motosierra su emblema discursivo, la decisión de preservar uno de los pilares financieros del poder gremial no es un detalle técnico sino un gesto estratégico, en medio de la discusión por la reforma laboral.
La confirmación llegó de la mano de Manuel Adorni, convertido ya en un portavoz que combina anuncios administrativos con banderas ideológicas. En su conferencia, el jefe de Gabinete buscó ordenar expectativas frente al inminente proyecto de “modernización” laboral.
Y lo hizo con una frase que sonó a alivio en la CGT: los cambios en el sistema sindical quedarán para “una segunda ley”.
De esta manera, Milei confirma que no abrirá, al menos por ahora, la caja negra de los aportes obligatorios. Con la precisión quirúrgica que lo caracteriza, Adorni remarcó que esos aportes siguen siendo obligatorios.
“En principio, no va a haber modificaciones”, afirmó.
Repliegue del Gobierno
¿Por qué este repliegue? El Gobierno sabe que la reforma laboral ya implica una batalla legislativa costosa, con un Congreso cuyos tiempos nunca son los del Ejecutivo y con gobernadores que negocian cada voto como si fuera el último. Abrir simultáneamente un frente con la CGT equivaldría a multiplicar los incendios. Y Milei, fiel a su estilo, prefiere incendiar de a uno.
El resto de la conferencia funcionó casi como un mapa del estado de relaciones del oficialismo. Adorni confirmó que el proyecto laboral está cerrado y listo para ir al Congreso. La promesa es tan ambiciosa como repetida: “dar vuelta la página” de un mercado de trabajo con 50% de informalidad. La apuesta es que la reforma se convierta en la pieza central de la “segunda etapa” del mileísmo.
Pero mientras el Gobierno afina esa ingeniería legislativa, mantiene la pulseada con los gobernadores. Adorni insistió en que las reuniones con las provincias seguirán, pero marcó que hay mandatarios que, según la lectura libertaria, ya decidieron no acompañar. Sin dudas, el referenciado es Axel Kicillof.
La descripción fue áspera. Para el jefe de Gabinete, el bonaerense no solo no comparte agenda con la Nación, sino que tampoco muestra la más mínima voluntad de coincidencia. “No hay mucho para dialogar”, sentenció. En la lógica del Gobierno, cuando un gobernador rechaza incluso adherir a leyes como la antimafias, la conclusión es obvia: es oposición dura y declarada.
En paralelo, el vocero buscó descomprimir rumores sobre un eventual quiebre con la CGT. Explicó que la ausencia sindical en la última reunión del Consejo de Mayo fue un asunto logístico, no un desplante.
Sobre los tiempos legislativos, Adorni dejó otra señal: la discusión podría estirarse más allá de diciembre, incluso hasta mediados de enero. “Depende de la técnica legislativa”, dijo, como quien recuerda que la ansiedad política rara vez se alinea con la burocracia parlamentaria.
