Entre las casi 1.800 preguntas que la Jefatura de Gabinete de la Nación respondió a la Cámara de Diputados hay tres que apuntan a las millonarias deudas que la Anses mantiene con las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas. El informe no le pone un monto a ese pasivo, pero por primera vez el gobierno de Javier Milei admite formalmente la existencia de la deuda y manifiesta su voluntad de “respetar el Consenso Fiscal 2017″, el acuerdo que estableció cómo deben calcularse las transferencias a los sistemas previsionales provinciales.
Ese acuerdo firmado durante la gestión de Mauricio Macri entre la Anses y las provincias se respetó en todos sus términos hasta diciembre de 2019. En la gestión de Alberto Fernández, los montos dejaron de actualizarse por inflación –por lo que comenzó a acumularse deuda– y tras la llegada de Milei se cortaron por completo los envíos.
La Provincia de Córdoba inició una demanda contra Anses en 2023 y durante 2024 amplió el reclamo, que a febrero pasado superaba los 980 mil millones, casi un billón de pesos. El miércoles próximo, el gobernador Martín Llaryora y el Fiscal de Estado, Jorge Córdoba, concurrirán a una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que la Nación restituya de inmediato los envíos mientras las partes llegan a un acuerdo sobre el total adeudado y la forma de pago.
En ese escrito que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llevó a la Cámara de Diputados, se indica que “el Ministerio de Capital Humano informa que el compromiso de Anses es respetar el Consenso Fiscal de 2017 y el financiamiento a las provincias que no transfirieron sus cajas”.
La respuesta también consigna: “Toda aquella deuda que se determine fehacientemente y sobre la cual se llegue a un acuerdo con la provincia correspondiente, será oportunamente honrada, considerando las posibilidades fiscales y presupuestarias correspondientes. Para eso es clave contar con los insumos por parte de las provincias y auditar esa información, ya que es un hito clave para validar su veracidad y razonabilidad”. La Provincia asegura que la Caja cordobesa tiene todos sus datos en línea y que en el año y medio que lleva la administración Milei pudieron ser auditados.
Las explicaciones
Al explicar las razones por las que se interrumpieron los envíos a las 13 provincias, el informe de Francos habla de “la herencia recibida” y asegura que “hasta 2024 solo se había auditado a cinco provincias”, dado un estado de atraso general en la determinación de resultados producto de que sólo se simulaba aquellos ejercicios que fueran a convenirse.
“Como consecuencia, a las que no se quería financiar, no se le pedía información ni se trabajaba con ellas. Desde 2024 se cambió el paradigma y se trabajó denodadamente para revertir esta situación: se concluyeron las auditorías del Ejercicio 2017 con todas las provincias, restando sólo Buenos Aires; se avanzó en determinar resultados, siendo Anses quien reclama la remisión de toda la información”.
En relación a una consulta por la falta de actualización de los montos, el Gobierno respondió que “los artículos 92, 93 y 94 de la Ley Nº 27.701 no se encuentran comprendidos en las prórrogas de presupuesto dispuestas oportunamente, en base a lo establecido por el Decreto Nº 280 de 2024″. Es decir, que desconoce la obligación de actualizar los recursos, al menos en el año 2024: este punto es objeto de la controversia judicial que Córdoba mantiene en la Corte y que comenzará a discutirse el miércoles próximo.
En el mismo tono se respondieron consultas puntuales de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. En ambos casos, el Gobierno reitera que respetará el Consenso Fiscal 2017.
En el caso de Entre Ríos, además, se consigna que el Ministerio de Capital Humano en el período 2024-2025, financiará con $ 26.000 millones al sistema previsional. Esa provincia es la única que recibió recursos en la administración Milei.
Respecto de los juicios promovidos por la Provincia de Córdoba (expedientes 526/2023 y 968/2023), se informó que la Corte corrió traslado de la demanda interpuesta contra el Estado Nacional, que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de 60 días y también da cuenta de la audiencia de conciliación a realizarse en el ámbito de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte el miércoles 23 a las 11.
