El Gobierno nacional presentará este lunes una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, previamente cuestionada por el Ministerio de Seguridad tras haber liberado a las pocas horas a 114 presos durante la marcha de los jubilados del pasado 12 de marzo frente al Congreso.
Desde la cartera que conduce Patricia Bullrich también adelantaron que la acusación contra la magistrada no sólo será por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, sino también por haber sido “deliberadamente funcional al delito de sedición y atentado al orden público”.
En paralelo también le pedirán al Consejo de la Magistratura que evalúe si Andrade debe ser sancionada por su accionar en el expediente que investiga la violencia en la marcha de los jubilados, que contó con el apoyo de barras y militantes políticos.
Un “desastre” el accionar de la jueza
Para el Gobierno, el accionar de la jueza fue “un desastre”. Argumentan que liberó a más de 100 detenidos “por Whatsapp” sin haber accedido a las actuaciones, sin haber controlado la prueba y sin haber verificado la existencia de antecedentes penales de los detenidos.
Según el oficialismo, varios de los involucrados tenían un historial delictivo por lesiones, atentado contra la autoridad, amenazas agravadas, tenencia de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y robos, entre otros.
Andrade, de 42 años, está a cargo del juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Es una magistrada de perfil garantista que asumió su cargo en agosto de 2021. Antes tuvo un paso por la Justicia federal.
Derecho a manifestarse, el argumento de la jueza
El último viernes, en medio de la polémica por las liberaciones, Andrade defendió su actuación. En una entrevista sostuvo que debe garantizarse “el derecho a manifestarse libremente” y dijo que la Policía no le dio información exacta sobre las detenciones.
“No se recibía información del lugar de detención. Todos decían 237, 238 y 239, que es desobediencia al orden policial. Pero además no había ningún acta, eran todos nombres, DNI, lugar exacto, oficial que interviene. Siempre pido que en delitos de desobediencia que se haga un sucinto de los hechos. Yo creo que es muy importante, nada tiene que ver con que la investigación después siga”, afirmó.
“Yo lo único que tengo que hacer es controlar los requisitos de la detención. En un contexto de ponderación de derechos. Nuestra Constitución Nacional debe garantizar la protesta, que se pueda manifestar libremente, y que la persona que cometa delitos sea detenida, pero garantizar el derecho a manifestarse”, argumentó.
