El Gobierno nacional escaló la tensión tras los violentos incidentes protagonizados por barrabravas durante una marcha que originalmente apoyaba a jubilados, presentando una denuncia penal ante la Justicia Federal por los delitos de “sedición, asociación ilícita agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática”.
La presentación, realizada por el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, apunta directamente contra los detenidos por la protesta del miércoles y exige el apartamiento de la jueza porteña Karina Andrade, quien ordenó la liberación inmediata de todos los arrestados.
La denuncia del Gobierno tras los incidentes frente al Congreso
Según el texto presentado por Fernando Soto, Director Nacional de Normativa del Ministerio de Seguridad, la movilización organizada a través de redes sociales por diversas agrupaciones, incluyendo barrabravas, dirigentes políticos y sindicales, derivó rápidamente en disturbios en las inmediaciones del Congreso Nacional.
La denuncia involucra a hinchas de clubes de fútbol como Chacarita, River Plate, Boca Juniors e Independiente, entre otros. Además, se menciona el supuesto apoyo del exjefe de Montoneros, Mario Firmenich.
El Ministerio de Seguridad asegura que las movilizaciones incluyeron agresiones con armas blancas, incendios y ataques a las fuerzas de seguridad, resultando en múltiples bienes públicos dañados y al menos catorce policías lesionados.
Se detalla la quema de un patrullero y motocicletas oficiales, así como heridas de arma blanca y lesiones por armas de fuego entre los efectivos. También resultaron heridos civiles y periodistas, como el fotógrafo Pablo Grillo. El documento del Ministerio señala que los grupos llegaron “pre munidos de armas blancas, objetos incendiarios y clavos tipo ‘miguelito’”.
Las críticas a la jueza Andrade y la respuesta de la magistrada
Un punto central de la denuncia es la crítica al accionar judicial de la jueza Karina Andrade, quien dispuso la liberación inmediata de más de cien detenidos “a través de un mensaje de WhatsApp”. El Ministerio de Seguridad cuestiona que Andrade no revisó las pruebas ni verificó los antecedentes penales de los involucrados, quienes supuestamente tenían registros previos por delitos graves.
Se planteó la incompetencia del juzgado de Andrade debido a la gravedad de los delitos denunciados y su alcance federal, solicitando que la investigación pase al ámbito nacional. El Ministerio no descarta denunciar penalmente a la jueza por presunto prevaricato y violación de los deberes de un funcionario público.
Barrionuevo, La Matanza y Lomas de Zamora
La denuncia del Gobierno sostiene que la organización de los actos violentos tendría como principal responsable a Leandro Capriotti, vinculado al dirigente sindical Luis Barrionuevo.
Se acusa que manifestantes se movilizaron desde municipios bonaerenses como La Matanza y Lomas de Zamora con presunta financiación política. Se subraya la vinculación de estas organizaciones con grupos delictivos asociados a las barrabravas, que actuarían como “mano de obra” de ciertos sectores políticos y constituyen asociaciones ilícitas profesionales. La denuncia argumenta que buscaban impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional y desestabilizar al gobierno de Javier Milei.
El Ministerio fundamenta su denuncia en artículos del Código Penal, incluyendo los recientemente modificados por la Ley Antimafias (Ley 27.786), que incorpora el delito de asociación ilícita agravada. También se invoca el artículo 213 bis, que sanciona a quienes participen en agrupaciones cuyo propósito sea imponer ideas o combatir adversarios mediante la fuerza o el temor.
Qué dijo la jueza Andrade
En respuesta a las críticas, la jueza Karina Andrade defendió su resolución de liberar a los 114 detenidos por los incidentes en el Congreso. En diálogo con Urbana Play, aseguró que “no fue una decisión trasnochada, fue una decisión en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse”. Andrade explicó que no analizó los antecedentes penales de los sospechosos porque, en esa instancia, sólo correspondía verificar si tenían vigente algún pedido de captura.
La jueza sostuvo que la Policía no entregó información precisa sobre las detenciones y señaló a la Fiscalía por no presentar pruebas ni pedir medidas en la causa bajo el sistema acusatorio.
“En el momento del control de la detención, lo que importa es el pedido de captura. Yo no estaba siendo informada de nada”, insistió Andrade. Remarcó que, según su análisis, las detenciones se dieron en el marco de una movilización cuyo ejercicio está protegido por la Constitución Nacional, y que su función era “el control de legalidad, que se respeten los derechos constitucionales”.
Andrade aclaró que aquellos manifestantes que portaban armas no fueron excarcelados y quedaron bajo una investigación aparte. En los argumentos de su fallo, planteó que “se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión”, especialmente en una movilización de sectores vulnerables como los adultos mayores.
Finalmente, el gobierno nacional anunció que presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires contra la jueza Andrade por “posible incumplimiento de funciones”. Las miradas ahora se centran en las medidas que pueda tomar el Juzgado Federal y en las nuevas pruebas que el Ministerio de Seguridad active.
