Una nueva polémica azotó este jueves al Gobierno, luego de que se difundiera un documento oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que utilizó términos descalificatorios y peyorativos para referirse a personas con discapacidad.
Se trata de la Resolución 187/2025, en la que se definían las revisiones y repartos de las pensiones no contributivas a personas con invalidez. El texto fue publicado el 16 de enero en el Boletín Oficial, pero desde el propio Gobierno reconocieron que se trató de un error al publicarse un documento considerado obsoleto. En concreto, calificaba a los pacientes como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. Tras el escándalo, echaron a una funcionaria de la Andis.
Escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: echaron a una funcionaria
El apartamiento de la funcionaria fue confirmado por el propio director de la Andis, Diego Spagnuolo. En concreto, se trata de Miriam Améndola y su desvinculación llegó antes de que la funcionaria fuera oficializada en el cargo de coordinadora de Fiscalización Médica en la Agencia Nacional de Discapacidad, según detalló Clarín.
Améndola iba a reemplazar en ese puesto a Tatiana Alvarado, quien había participado en la redacción del polémico documento anexo, pero dejó el cargo antes de que fuera publicado. Ambas funcionarias fueron responsabilizadas por el texto.
“En las últimas horas se dio a conocer una grave equivocación en el anexo de la Resolución 187/2025, publicada el 16 de enero de este año en el Boletín Oficial”, dijo el propio Spagnuolo al respecto.
“Quiero dejar en claro que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta. La resolución será modificada siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales”, agregó el funcionario.
El error admitido por el Gobierno
“Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, explicaron en un comunicado, luego de reconocer que “el 16 de enero del corriente año, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 187/2025. Dicha normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados”.
La llamativa clasificación
En el anexo de dicho documento, dentro del subtítulo “retardados mentales”, el organismo a cargo de Diego Spagnuolo catalogaba a las personas con discapacidad como “imbécil”, “idiota” o “débil mental” en base a su coeficiente intelectual.
Según el documento, se establece la siguiente clasificación:
- 0-30 (idiota). No atraviesa la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo.
- 30-50 (imbécil). No lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias.
- 50-60 (débil mental profundo). Solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias.
- 60-70 (débil mental moderado). Lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual.
- 70-90 (débil mental leve). Cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercan al normal.
Fuerte repudio
El uso de estos términos ha generado un fuerte repudio desde diversos sectores de la sociedad.
Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló a La Nación que estas expresiones “refuerzan la discriminación” que históricamente han sufrido las personas con discapacidad. Además, remarcó que son términos obsoletos y peyorativos que implican una violación directa a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), calificó el uso de estos términos como “un acto de violencia institucional sin precedentes”.
Asimismo, deslizó que se trata de un acto discriminatorio que “muestra un profundo desconocimiento de las personas con discapacidad” y de la normativa vigente en Argentina sobre cómo referirse a ellas.
Es cierto que según la bibliografía internacional sobre el tema, esa escala podía incluir una u otra terminología, según si tomaba de referencia el famoso Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, por su sigla en inglés, bibliorato de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, o APA) o, en cambio, el CIE-11, la última edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, los expertos consultados por el diario Clarín para estas líneas coincidieron en que hace mucho tiempo nadie invocaba expresiones como las mencionadas.
Acuerdo internacional
Cabe destacar que hace más de dos décadas que no se utilizan estos términos, los cuales se oponen a lo que marca la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
Incluso, en un documento de 1997, se aclaró que la discapacidad no impide trabajar, pero que las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras y, en ese contexto, las asignaciones son necesarias.
