El Gobierno postergará hasta marzo las negociaciones con la oposición para cubrir las vacantes en la Corte Suprema y en los juzgados federales, según informó TN.
En la Casa Rosada remarcaron que no está en los planes sumar esos temas al temario de las sesiones extraordinarias, y que la decisión de Javier Milei es tratarlos recién en el período de sesiones ordinarias de 2026.
“La línea que bajó el Presidente es que el tema no se moviera hasta después de extraordinarias”, señalaron desde el Gobierno.
Además insistieron en que la prioridad absoluta del Ejecutivo será el Presupuesto 2026, junto con la reforma laboral, la reforma tributaria y el proyecto vinculado al uso de los llamados “dólares del colchón”.
Internas por el manejo del frente judicial
La decisión de enfriar la discusión judicial llega en medio de tensiones dentro del propio Gobierno sobre quién será el interlocutor con el Congreso en este terreno.
En algunos despachos señalan al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, como el negociador autorizado ante el Senado y la Cámara de Diputados, mientras que otros admiten que “puede haber cambios” y que aún no hay una conducción política consolidada para esa tarea.
Esa indefinición también explica, según fuentes oficiales, la dilatación de la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, pese a que el propio funcionario había hecho pública su renuncia.
La mesa chica de Milei no logró acordar todavía a su sucesor y optó por prolongar su permanencia mientras sigue el reacomodamiento del gabinete.
Entre los nombres que circularon como posibles reemplazos, figura el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, aunque en la Casa Rosada aclararon que no hay una decisión tomada.
Corte ampliada, candidatos en carpeta y reforma más amplia
En paralelo, el oficialismo reiteró que está dispuesto a discutir una ampliación de la Corte Suprema con el kirchnerismo en el Senado.
En ese esquema, identifican como interlocutores principales al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y al titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.
Por ahora, el Ejecutivo no definió públicamente qué nombres impulsará.
Los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla, que el Gobierno había intentado hacer aprobar en 2025, se cayeron en abril por falta de apoyo en la Cámara Alta.
Desde entonces, en el entorno presidencial circula una lista de posibles candidatos al máximo tribunal, entre ellos los abogados Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y el exjuez federal Ricardo Rojas, a quien la Casa Rosada había evaluado también para otros cargos.
Sin embargo, cerca de Milei insisten en que no hay definiciones cerradas y en que todo quedará atado a una negociación política más amplia.
Juzgados federales y procuraciones, parte del mismo paquete
El Gobierno pretende además incluir en la negociación con la oposición la cobertura de unas 150 vacantes en juzgados federales de todo el país, un tema clave para el funcionamiento del sistema judicial y para la agenda de causas sensibles en materia de corrupción y de crimen organizado.
Para eso, la estrategia será buscar acuerdos con los gobernadores “dialoguistas”, que tienen peso directo en la selección de ternas y consensos legislativos.
La mesa política del Gobierno también quiere sumar a ese paquete los reemplazos del procurador General interino, Eduardo Casal, y de la defensora General, Stella Maris Martínez.
En ambos casos, el oficialismo sostiene que “tampoco están cerradas propuestas para esos cargos”, y que cualquier definición quedará sujeta a las conversaciones que se retomen una vez superado el tramo legislativo de fin de año.
Hasta entonces, el mensaje del Ejecutivo es claro: primero Presupuesto y reformas; después, la negociación por la Justicia.
