El Gobierno nacional involucró a la mayoría de los gobernadores con el congelamiento de precios que se impuso la semana pasada y los convocó a reforzar los controles tendientes a garantizar el cumplimiento de ese programa antiinflacionario. Sin embargo, los mandatarios no oficialistas evitaron aparecer en la cumbre, el radical Gerardo Morales se sumó pero volvió a criticar el plan de acción y solo nueve mandatarios firmaron el acuerdo para los controles.
“Quedé muy satisfecho porque el acompañamiento de los gobernadores fue pleno, hubo una clara comprensión del problema, hubo una clara comprensión de la necesidad de sostener medidas regulatorias”, destacó Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior que puso en marcha el plan para congelar el precio de 1.432 productos hasta el 7 de enero.
El presidente Alberto Fernández participó brevemente del cónclave que organizaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.
Ante los gobernadores oficialistas, defendió el programa y llamó reforzar las inspecciones para evitar abusos y excesos que se registraron en septiembre y explicaron, según los relevamientos oficiales, las remarcaciones de hasta el 25% que hubo en la primera quincena de octubre.
“22 provincias”
“La Nación y 22 provincias acordaron hoy trabajar unidas para defender el bolsillo de las familias argentinas. No permitamos que los que abusan y especulan se queden con el esfuerzo de todos y todas”, destacó De Pedro. La colaboración de los gobernadores es clave para ampliar los controles porque la Secretaría de Comercio Interior no cuenta con delegaciones en todo el país.
Feletti aprovechó el evento para insistir con su propuesta para avanzar en la constitución de un “gran acuerdo” con el que se define una “canasta alimentaria amplia, regulada, y de acceso masivo”. “Es un país productor de alimentos y no puede estar sujeto el consumo de alimentos a estas tensiones. Son algo más de 1400 productos que representan el 10 por ciento de la oferta de productos comerciales en góndola”, argumentó.
El congelamiento de precios se convirtió en otro punto de quiebre entre el Frente de Todos y la coalición opositora Juntos por el Cambio, y la cumbre expuso muchas de las diferencias. Es que, la mayoría de los gobernadores no oficialistas evitaron participar de la reunión y otros optaron por enviar a algunos de sus funcionarios.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la invitación desde un primer momento porque alegó tener otros compromisos en su agenda. El referente de Propuesta Republicana (Pro) que ya se mueve pensando en las presidenciales de 2023 fue el opositor más crítico del plan antiinflacionario y hasta advirtió que iba a provocar desabastecimiento. Por ese presagio, la candidata a diputada nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, lo acusó de impulsar un “golpe blando” contra el gobierno nacional.
Ausentes
Antes de la reunión que encabezó el presidente Fernández, Rodríguez Larreta redobló la apuesta y le reclamó al gobierno nacional “discutir cómo se baja la inflación”. Por su parte, propuso avanzar “sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia”, además de definir un plan económico y controlar la emisión monetaria.
Otro de los grandes ausentes fue el gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez, quien también avisó con tiempo: el martes se comunicó con la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, a quien le comunicó que debía someterse a una operación. Y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se convirtió en el protagonista de una situación llamativa: consultado por este medio aseguró que no concurrió a la cumbre, pero los voceros oficiales lo sumaron en la lista de los presentes porque, explicaron, se conectó de manera virtual y “estuvo al principio” pero luego “tuvo problemas de conectividad”.
El gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, fue el único integrante de Juntos por el Cambio que se sumó a la reunión pero para ratificar sus críticas al congelamiento de precios. En su entorno explicaron a este medio que él también recibió el martes un llamado de Batakis, quien lo invitó a participar de manera virtual en la reunión. Su respuesta fue que “no tenía problema” pero aprovechó el contacto para expresarle su malestar por el levantamiento de las mesas sectoriales en las que se analizó el problema de la formación de precios.
El jujeño se quejó porque en el gobierno nacional decidieron “manejar unilateralmente el tema” y aclaró que nadie le informó que debía firmar un acuerdo para comprometerse a impulsar los controles, tal como lo hicieron los gobernadores que participaron de manera presencial. “Me invitaron sólo a una reunión por zoom”, dijo Morales, según reprodujeron sus allegados.
Otros de los que decidieron no aparecer en la foto del encuentro fueron el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. Ambos recurrieron a una estrategia similar y enviaron a funcionarios de segundas líneas: concurrieron el secretario de Comercio cordobés, Juan Pablo Inglese, y el ministro de Hacienda de San Luis, Eloy Horcajo.
Aquellos que participaron de manera presencial en el encuentro, que se desarrolló con la consigna “Comercio Justo y Precios Accesibles”, firmaron el acuerdo para respaldar el congelamiento de precios y reforzar los controles en cada una de sus jurisdicciones. En total fueron 9 los gobernadores que ya plasmaron su adhesión al esquema de trabajo: Axel Kicillof, de Buenos Aires; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.
El texto que redactaron en la Casa Rosada los involucra con “las tareas de fiscalización, control, juzgamiento y sanción de las disposiciones establecidas en la Resolución N° 1050″, con la que se puso en marcha el nuevo congelamiento de precios y los convoca a pensar en estrategias que “garanticen: a) rentabilidades empresarias razonables, b) una distribución justa del excedente a lo largo de las cadenas productivas, protegiendo a sus actores más débiles, y c) el acceso de los trabajadores a los bienes y servicios de consumo básico a precios accesibles”.
