El oficialismo volvió a reunir los votos para imponer el veto presidencial, esta vez a la Ley de Financiamiento Universitario. El presidente Javier Milei, tal como ocurrió semanas atrás con el aumento jubilatorio, impuso su voluntad gracias a la alianza parlamentaria -ratificada este miércoles- con el PRO, que alineó a casi todos sus diputados con la Casa Rosada, más el MID, cuatro radicales rebeldes (con un cordobés) y bloques provinciales.
La votación siguió a tres horas de debate en la Cámara Baja. El veto fue respaldado por 85 votos, incluido el presidente, Martín Menem. Los 159 votos de los bloques opositores no alcanzaron para insistir en la ley. Hubo 5 abstenciones: cuatro diputados de Misiones y el radical Cervi.
“Resulta negativo”, dijo Martín Menem, al anunciar el resultado.
Pero, pese a conseguir derribar la ley, no hubo festejos en la bancada oficialista y tampoco en el PRO.
En respuesta, se conocieron nuevas tomas de universidades. Tanto que el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro para este jueves y declaró la continuidad “de un plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto”.
La ley vetada (la 27.757) establecía una recomposición salarial desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024, de forma mensual, según la inflación del Indec.
La derrota de la oposición al no reunir la mayoría especial de dos tercios requerida fue adelantada al comienzo de la sesión, pasadas las 11.15, por el titular del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto. “Ganan hoy, pero pierden mañana”, le dijo al oficialismo.
El veto presidencial quedó blindado por 85 votos, pese a que al principio el sistema contó “84″. Se trató del voto de la diputada libertaria María Araujo, que había quedado del lado opositor.
Hecha la corrección, la bancada oficialista aportó 39 diputados, más el voto de Menem. El PRO volvió a sumar 34 diputados, la misma cantidad que para el veto jubilatorio. Repitieron con el oficialismo los radicales Campero, Arjol, Tournier y el cordobés Luis Picat. Cervi se abstuvo.
También apoyaron el veto tres diputados del bloque Independencia, del gobernador peronista Osvaldo Jaldo, y dos del MID, más José Garrido (Por Santa Cruz) y Paula Omodeo (Creo-Tucumán).
Seis diputados votaron a favor del veto: Gabriel Bornoroni (jefe de bloque de los libertarios) y María Ponce, ambos de LLA; Laura Rodríguez Machado y Belén Avico, del PRO; y María Ibáñez (MID) y Picat (UCR).
El rol del PRO
El resultado de la votación mostró el papel clave del PRO. El lunes pasado, tras varias especulaciones, el partido encabezado por Mauricio Macri y sus gobernadores se pronunció a favor del veto (aun con críticas “a la gestión” libertaria, que fueron repetidas en el recinto), inclinando la balanza a favor del oficialismo.
Cristian Ritondo habló como jefe del bloque. Como sus compañeros, hizo centro en criticar la gestión del presidente Alberto Fernández. “No es responsable este gobierno de lo que pasa”, dijo en medio de interrupciones de los opositores.
“Hay un reclamo legítimo, por eso le propusimos al Gobierno, que accedió, que otorgara el 6,8 % retroactivo de abril, como la garantía salarial, pero exigimos una mejor gestión”, agregó Ritondo, y destacó: “Son U$S 1.200 millones lo que sale esta ley y nadie dice de dónde se puede sacar”.
José Luis Espert, diputado de LLA, resumió la posición del oficialismo. “La educación universitaria pública no está en peligro; lo que no queremos son curros que se hacen con el dinero de los contribuyentes”, afirmó en tono con un discurso de Milei dicho horas antes de la sesión, en un foro empresarial (ver pág.7).
“Casi U$S 3 mil millones va a gastar el presidente Milei en las universidades. ¿Eso es la destrucción de la educación universitaria? No sean ridículos”, enfatizó Espert.
La oposición
El voto a favor de la ley se compuso de 98 diputados de Unión por la Patria (con un ausente) y de 27 radicales (sobre 33, incluido un ausente). Por su parte, Encuentro Federal aportó 13 de los 16 integrantes del bloque (faltaron López Murphy, Ávila y la cordobesa Alejandra Torres), y la Coalición Cívica seis; mientras el Frente de Izquierda, cinco.
Dos diputados del PRO apoyaron la ley: el cordobés Héctor Baldassi y el porteño Álvaro González.
El bloque del gobernador de San Juan, Claudio Orrego, acompañó con dos votos, igual que los legisladores del mandatario salteño, Gustavo Sáenz. Mientras que Río Negro, Santa Cruz y el MPN sumaron un diputado cada uno.
También votó por la ley la exlibertaria Lourdes Arrieta.
Los otros cordobeses que votaron por los fondos universitarios fueron Agost Carreño, Brügge, De la Sota, García Aresca, y Gutiérrez (Encuentro Federal); Rodrigo de Loredo, Gabriela Brouwer de Koning y Soledad Carrizo (de la UCR); y Pablo Garro y Gabriela Estévez (UP).
La diputada Torres dijo que hubiera votado por la ley, pero faltó porque, dijo, tiene Covid (pág. 6)
“Presidente Milei, no nos va a salvar usted, nos va a salvar la educación”, dijo el radical Manes.
De Loredo, titular del bloque de la UCR, afirmó que era “falso que esto pueda quebrar el equilibrio fiscal, porque el 0,14% que prevé la Oficina de Presupuesto del Congreso equivale al 10% del superávit primario”.
Y cerró diciendo que el Gobierno tiene un discurso “lesivo” y de “desprestigio” de las universidades.
