El Gobierno se encuentra ultimando los detalles de un decreto que modificará la Ley de Glaciares, con el objetivo de ampliar los márgenes de explotación económica en áreas hasta ahora resguardadas.
Según lo informado por TN, los equipos técnicos de la Casa Rosada están enfocados en una reducción de las zonas protegidas donde actualmente se prohíben la instalación de industrias, la exploración minera e hidrocarburífera, la liberación de productos químicos o residuos, y la construcción de infraestructura no relacionada con la investigación científica.
La clave de la reforma es la restricción de la protección de las áreas cercanas a los glaciares a aquellas que sean únicamente de roca o de escombros activos.
Además, estas zonas deberán cumplir una serie de requisitos para ser consideradas protegidas: tener una superficie mínima de una hectárea, contar con una duración de al menos dos años, cumplir una función hídrica relevante y estar incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.
El Gobierno modificará por decreto la Ley de Glaciares
Actualmente, la legislación contempla multas que van desde 100 hasta 100 mil sueldos básicos de la administración pública, además de la suspensión y el cese definitivo de la actividad para los infractores.
Desde el Gobierno, reconocen que hubieron “presiones desde el sector empresarial” para impulsar estos cambios. La justificación oficial de esta modificación por decreto se centra en la necesidad de “darle seguridad jurídica a los proyectos de inversión” que deseen instalarse en estas áreas.
La medida es coordinada por el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo. En su elaboración intervinieron figuras clave como la secretaria de Energía, María Tettamanti, el titular de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y los equipos técnicos de la Secretaría de Legal y Técnica, coordinados por María Ibarzabal.
Modificación de la Ley de Glaciares: los antecedentes
No es la primera vez que el Gobierno busca modificar esta legislación. Los cambios a la Ley de Glaciares fueron incluidos en las primeras versiones de la “Ley Bases” al inicio de la gestión actual, pero finalmente fueron retirados del documento final por no tener los apoyos legislativos necesarios para su aprobación.
Estas iniciativas ya habían generado una fuerte repercusión internacional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una advertencia a la Argentina el 5 de febrero de 2024, calificando el proyecto de “regresivo”.
La comunicación, remitida a la excanciller Diana Mondino y firmada por cinco relatores sobre derechos humanos del organismo, expresó su preocupación de que la reforma pudiera afectar “las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales”.
En el mismo capítulo de la Ley Bases, el Gobierno había buscado también habilitar nuevas áreas de explotación forestal y reestructurar el Fondo de Bosques, iniciativas que ya fueron eliminadas.
A pesar de los cambios, el Gobierno aseguró que mantendrá el marco de restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos. Asimismo, prometen que continuarán exigiendo informes de impacto ambiental para la aprobación de cualquier proyecto de inversión.
