El gobierno de Alberto Fernández presentó una denuncia penal contra el expresidente Mauricio Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros exfuncionarios de la administración de Cambiemos, por el presunto delito de “contrabando agravado de armas” a Bolivia.
Los relevamientos oficiales con los que se justificó la demanda indican que hubo un desvío de, al menos, unas 70.000 balas de gomas y 112 granadas de gas lacrimógeno, y en la Casa Rosada creen que formó parte de un plan coordinado para respaldar el “golpe de Estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”.
Fue el primer paso formal que dio la administración del presidente Fernández tras la denuncia que promovió el jueves pasado el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, quien afirmó que “Mauricio Macri proveyó por debajo ‘material bélico’ al régimen de facto de Jeanine Añez en 2019 para reprimir la protesta social y consolidarse en el gobierno por la fuerza”.
El texto que llegó a la Justicia lo firmaron los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, de Justicia, Martín Soria, y la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont. “La denuncia muestra la concurrencia de una serie de dependencias y autoridades del gobierno de Macri para hacer posible este desvío del material anti-tumulto”, explicó Frederic.
“Venimos por la presente, en los términos de los arts. 174 y 177 del CPPN, a denunciar el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”, plantearon los funcionarios en el escrito de 20 páginas que ingresó al fuero Económico de los tribunales federales.
Afirmaron que esas maniobras contaron con la “participación criminal” de Macri, de Bullrich, del exministro de Defensa Oscar Aguad, del excanciller Jorge Faurie y del exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García.
Esos nombres, junto a otros de responsables de Gendarmería, forman parte de una amplia investigación interna que inició el gobierno de Fernández para tratar de constatar el nivel de gravedad institucional de los hechos.
El puntapié fue el texto que, según las autoridades bolivianas, el excomandante general de la Fuerza Aérea de ese país Jorge Gonzalo Terceros Lara (ahora detenido) le envió a Álvarez García para agradecerle por la donación de “40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 5 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS, y 52 granadas de gas HC”.
El entonces embajador en La Paz y ahora ministro del gobernador Gerardo Morales negó haber recibido dicha misiva e incluso el abogado de Terceros Lara, Jorge Santistevan, aseguró que el texto es trucho y que “dibujaron” la firma de su cliente. Sin embargo, en la Casa Rosada desestimaron la versión del militar boliviano, que recordaron “hoy detenido por su participación activa en el golpe de Estado”, y remarcaron que en la sede diplomática argentina existe un “registro informático que demuestra” la recepción de “un sobre cerrado de la Fuerza Aérea Boliviana”.
Pero además, las averiguaciones locales permitieron dar con otros elementos que, incluso, le suman gravedad a los acontecimientos. Hasta ahora, el más llamativo tiene que ver con los registros que indican que hubo un pedido para trasladar a Bolivia “70.000 cartuchos calibre 12,70 MM” en el mismo vuelo que realizó, el 12 de noviembre de 2019, el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina para trasladar al país vecino a integrantes del grupo de élite de la Gendarmería conocido como “Alacrán”.
El equipo Alacrán viajó con el objetivo de garantizar la “seguridad y protección del embajador argentino, su residencia, las instalaciones diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma”.
Para ello, se autorizó la salida de “10 pistolas semiautomáticas; 2 escopetas de repetición; 5 carabinas automáticas; 2 ametralladoras; 2 fusiles de repetición; 12 chalecos antibalas; 12 cascos balísticos; 2 escudos balísticos; 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3600 eran calibre 12-70”.
Pero, sobre la marcha, se sumó el pedido para trasladar las 70.000 balas y una gran cantidad de granadas que concuerdan con el material que se menciona en la presunta carta de agradecimiento de Terceros Lara.
Aún hay varios cabos sueltos en la investigación que el Gobierno nacional inició puertas adentro y así lo hicieron saber en la denuncia. A saber, hasta el momento todo indica que, de las 70.000 balas, 40.000 se “donaron” a la Fuerza Aérea de Bolivia pero se desconoce qué sucedió con las restantes.
Y aquí aparece un argumento que figura en los registros de la propia Gendarmería y que Patricia Bullrich mencionó en una carta que difundió este lunes para desvincularse de los hechos. “El 15 de julio de 2020, en la rendición de cuentas de Servicio Administrativo Financiero de la Gendarmería Nacional, se informa que la Agrupación Fuerzas Especiales de GNA, durante su permanencia en Bolivia, ‘ha brindado seguridad a la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante los meses de noviembre de 2019 hasta junio de 2020’, (…) y que ‘a los efectos de mantener y acrecentar las capacidades, se realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en la comisión’”.
Es decir, los integrantes de Gendarmería que redactaron ese informe alegaron que las 70.000 balas se utilizaron en pruebas de tiro, lo cual representa un argumento más que inverosímil para el gobierno nacional donde incluso recurren a la siguiente ecuación: “Una escopeta tiene capacidad para disparar entre 7.500 y 12.000 balas en su vida útil, sin perder las características esenciales para su uso, y acá se llevaron 3 escopetas.
“Es burdo y ofensivo a la razón, creer que en un país inmerso en una grave crisis social y con un gobierno de facto que se encontraba reprimiendo de forma constante al pueblo boliviano, los 10 efectivos del grupo ‘Alacrán’ desviaban su objetivo de proteger la embajada argentina, para concurrir a centros de entrenamiento, y consumir esa enorme cantidad de municiones y proyectiles. Asimismo, ese supuesto entrenamiento resulta contrario a las funciones del grupo ‘Alacrán’, que no cuenta con doctrina ni aptitudes para el manejo de proyectiles antitumultos”, reforzaron los funcionarios en la denuncia.
El propio presidente Fernández apuntó a ese dato al señalar que “está certificado por la documentación argentina que salieron 70.000 balas de goma para Bolivia, en ese vuelo del día 12 de noviembre, de las cuales 40.000, por lo menos, fueron recibidas por ese jefe de la Fuerza Aérea”.
“Alguien dice que los 70.000 cartuchos se utilizaron para prácticas. ¿70.000 cartuchos para práctica? La verdad que trataron de justificar lo que no podían justificar”, advirtió el mandatario.
Frederic reveló ayer que ordenó acelerar el proceso de pase a disponibilidad de tres efectivos de Gendarmería involucrados. “Estamos investigando internamente qué pasó con las otras 30 mil (balas)”, remarcó.
En la Casa Rosada llevan adelante las múltiples investigaciones con la certeza de que, durante el gobierno de Cambiemos, “Argentina contrabandeó armamento y municiones para reprimir civiles en apoyo a un gobierno de facto”. Esa es la interpretación que plantearon en la denuncia y que se alinea con la presunción del presidente boliviano Luis Arce, en cuya administración compararon las maniobras con el Plan Cóndor que, en los ’70, instaló las dictaduras en la región.
