El Gobierno Nacional implementó una nueva normativa que obliga a todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a realizar tareas de mantenimiento y limpieza dentro de las cárceles, sin recibir remuneración alguna.
Esta medida, oficializada a través de la Resolución 1346/2024 publicada en el Boletín Oficial, busca que los presos participen activamente en el cuidado de los espacios comunes como celdas, pabellones y patios.
La resolución, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece que los internos deben participar en tareas de mantenimiento, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios. Los materiales para llevar a cabo estas labores serán proporcionados por el SPF. Las actividades pueden extenderse hasta cinco horas diarias.
Objetivos y alcance de la medida
El principal objetivo de esta política es combatir la ociosidad dentro de las cárceles, la cual se considera un factor que contribuye al aumento de la violencia y dificulta la reinserción social de los internos.
Según el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, durante el gobierno anterior no se exigía a los internos participar en labores de mantenimiento, lo cual generaba un descuido de las instalaciones. Se espera que esta nueva reglamentación inculque hábitos saludables y de responsabilidad en los internos.
La medida incluye a todos los 12 mil internos del SPF, sin importar si están procesados o condenados, e incluso a aquellos catalogados como de alta peligrosidad.
La resolución se enmarca dentro del programa “Manos a la Obra”. Se diferencia de trabajos productivos remunerados como carpintería o panadería, ya que el enfoque está en el mantenimiento y cuidado de los espacios penitenciarios.
El gobierno remarca que estas actividades no se consideran “trabajo” sino “tareas de mantenimiento”.
Curi explicó que la resolución busca organizar la participación de los internos en el mantenimiento y reparación de las instalaciones, especialmente en casos de daños o conflictos.
Además, la normativa se basa en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser “sanas y limpias”, una responsabilidad tanto del Estado como de los internos. De esta manera el gobierno busca que los internos asuman su responsabilidad individual y reparen el daño causado a la sociedad.
