En su defensa cerrada del equilibrio fiscal, el Gobierno comenzó a presionar para desactivar la sesión pedida por la oposición para el próximo miércoles en la Cámara de Diputados con dos temas sensibles: por un lado, los proyectos para recomponer los haberes jubilatorios y subsanar el vencimiento de la moratoria; y por otro, los que buscan atender la crisis en las prestaciones y pensiones por discapacidad.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, pasó este jueves por la Cámara baja para reunirse con su titular, Martín Menem, y acercarle números del equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo. Según esos cálculos, el conjunto de proyectos impulsados por distintos bloques de la oposición tiene un costo fiscal de 12.000 millones de dólares.
“Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados (que hasta ayer eran enemigos íntimos) con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares, es decir 1,8% del PBI”, advirtió Menem en una publicación en redes sociales.
Para el riojano, “se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”.
“Temas como la prórroga de la moratoria previsional y nuevas fórmulas de cálculo, que repiten sus mágicas soluciones que han colapsado el sistema y fundido al Estado y a los jubilados; o una declaración de emergencia en discapacidad, que lejos de aportar soluciones concretas, parece más orientada a mejorar la situación de algunos prestadores que a sus reales destinatarios, sólo pretenden hacernos retroceder en el camino que el Gobierno Nacional ha fijado y que la gente ha revalidado en la últimas elecciones locales que se fueron desarrollando”, amplió Menem.
Por último, pidió: “No caigamos en la trampa de quienes se empeñan en que el Gobierno fracase, con el único objetivo de volver al poder y sostener sus privilegios”.
Según fuentes de Presidencia de la Cámara, Guberman no le adelantó a Menem ningún anuncio para frenar la ofensiva opositora, como quisieran el PRO y la UCR para no tener que desmarcarse en una sesión incómoda por la sensibilidad de los temas.
La sesión fue pedida por Unión por la Patria, Encuentro Federal, los radicales de Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, y se suma el Frente de Izquierda. Además de los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad, el temario incluye la declaración de la emergencia en municipios inundados en provincia de Buenos Aires, como Zárate.
El Gobierno apuesta a frustrar el quórum al igual que el pasado 21 de mayo. En aquella oportunidad, los proyectos previsionales también figuraban en agenda, pero había controversia por la designación de cargos en la Auditoría General de la Nación. La oposición no consiguió el número por las bajas forzadas por un grupo de gobernadores, integrado entre otros por el cordobés Martín Llaryora.
Los bloques convocantes ahora quitaron la AGN del temario y confían en conseguir el quórum, en medio de una fuerte presión social en las calles, tanto de jubilados como de agrupaciones de discapacidad. Estas últimas realizaron movilizaciones este jueves en distintos puntos del país, mientras que los adultos mayores protestan cada miércoles frente al Congreso, represión mediante.
En respuesta de Menem salió el exvicepresidente Julio Cobos, un diputado que, a diferencia de sus pares del bloque de Rodrigo De Loredo, suele colaborar en las sesiones pedidas por la oposición.
“Habilite la discusión del Presupuesto y los diputados le indicaremos la asignación de las partidas con equilibrio fiscal. Evitemos la discrecionalidad que esta situación (por dos años consecutivos) le permite. La SIDE no es prioridad, sí lo son jubilaciones, salud y educación”, le contestó Cobos a Menem en la red social X.
En materia jubilatoria, la Oficina de Presupuesto del Congreso (que estuvo integrada por el mismo Guberman antes de ser funcionario) calculó que la prórroga de la moratoria por dos años (propuesta por Unión por la Patria y la izquierda pero sin aval de otros bloques) tiene un costo fiscal de 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo. Es decir, un costo acumulado de 0,165% del PBI.
En cuanto a la emergencia en discapacidad, la OPC estimó que podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas en las pensiones (entre 493.000 y 946.000 personas), según distintos escenarios. Esto tiene un impacto de entre $1.889.371 y $3.627.495 millones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.
La institución también determinó que la compensación de emergencia a prestadores (transportistas, terapeutas) tiene un costo de $278.323 millones. Y la asignación para talleres protegidos (entornos laborales que facilitan la inserción de personas con discapacidad), de $7.160 millones.
En tanto, la OPC no pudo calcular el impacto que tendrá la actualización mensual del nomenclador de aranceles, ni del refuerzo de programas presupuestarios de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).
