El Gobierno nacional lanzó una reforma del sector energético, que incluye la desregulación del mercado eléctrico y la fusión de los organismos reguladores Enre y Enargas.
Dentro de este esquema también decidió que las facturas de los servicios de gas y electricidad no podrán incluir el cobro de tasas municipales, una pretensión que intenta imponer desde hace varios meses sin éxito.
El gobierno prohíbe por decreto, incluir en facturas de servicios tasas municipales
El nuevo esquema quedó plasmado en los decretos 450 y 452 publicados este lunes en el Boletín Oficial.
El gobierno definió estas medidas a pocos días que venza el plazo la delegación de facultades que le había otorgado el Congreso Nacional para llevar adelante el proceso de desregulación en distintos sectores de la administración pública nacional.
Respecto del cobro de las tasas municipales en las facturas de los servicios públicos, el Poder Ejecutivo fue taxativo en el Artículo 40 del Anexo 2 del Decreto 452: “Los distintos conceptos se discriminarán en la factura al usuario, la que no podrá incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.
El gobierno persigue este objetivo desde septiembre del año pasado cuando el Ministro de Economía sacó una resolución en este sentido, que no fue acatada por los gobiernos locales e incluso fue objeto de sentencias judiciales a favor y en contra
Luis Caputo intentó armar un esquema de sanciones para las empresas que lo seguían cobrando, invitando a los usuarios a realizar denuncias por este cobro, con parcial eficacia.
Frente a este escenario, la desregulación del sector incluyó nuevamente esta prohibición a la espera de que la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión que es, finalmente, si el Gobierno nacional tiene la potestad de decirle a los municipios qué pueden y qué no pueden incluir en las boletas de servicios públicos.
Al estar en una misma facturas los cargos de los servicios y las tasas municipales, los intendentes se aseguran el dinero para el financiamiento de sus estructuras políticas. En caso de dividirse correrían el riesgo que los usuarios sólo paguen la luz y el gas y no los impuestos municipales, lo cual pondría en riesgo el financiamiento local.
El gobierno quiere que se separe para evitar quedar como responsable de aumentos, que en muchos casos son desmedidos, y desglosar qué monto es por el servicio de electricidad y gas y cual es por impuestos municipales.
Desregulación
Milei lanzó la desregulación del sector energético con la intención de promover la inversión privada y un mayor grado de competencia. Entre las medidas se destacan la apertura total al comercio internacional de energía dando libertad para la exportación e importación, y la libre elección de proveedores por parte de los usuarios. A esto se suma la posibilidad de celebrar contratos de compraventa entre privados.
El proyecto ratifica la ejecución del listado de obras prioritarias anunciadas hace un mes para fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) de una línea 500 kV entre Malvinas Argentinas – San Francisco (Córdoba) y Santo Tomé (Santa Fe).
El plan total prevé la incorporación de 5.610 nuevos kilómetros de líneas que demandará una inversión del sector privado de unos U$S 6.600 millones.
Fusión
Por su parte, el decreto 452 unificó el Energas y el Enre bajo la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.
Se estableció un plazo de 24 meses para la adecuación de la normativa por la cual se regirá el nuevo organismo.
Entre los objetivos planteados está el de consolidar el régimen federal de energía eléctrica, “preservando la primacía de la regulación nacional sobre las disposiciones locales para no obstaculizar la libre circulación de energía”, un punto que puede traer controversias en el futuro.
También deberá reformular el carácter y funcionamiento del Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE) y modificar la distribución del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) “para una mayor eficiencia y control, manteniendo su destino específico”.
Asimismo, el nuevo organismo deberá facilitar la incorporación de capital privado en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (Nasa), que es la empresa a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país, Atucha I, Atucha II y Embalse.
