El Gobierno nacional enfrenta el antipático veto a la reforma de la movilidad jubilatoria aduciendo que provocará un desequilibrio fiscal de U$S 7.200 millones, al tiempo que diferentes estudios relativizan ese impacto e incluso afirman que la ley aprobada en el Congreso Nacional puede ser aplicada sin atentar contra las cuentas públicas.
“La idea del Presidente es que el veto sea total, no hay ningún tipo de negociación respecto a absolutamente nada”, señaló este lunes el vocero Manuel Adorni.
De esta forma el portavoz salió al cruce de versiones que habían circulado el fin de semana sobre algún tipo de diálogo con sectores “opositores aliados” para que el veto sea parcial y luego consensuar una estrategia legislativa conjunta para sostenerlo.
Respecto a la demora en la publicación del veto en el Boletín Oficial, Adorni explicó que “hay 10 días hábiles para hacerlo que son 15 días de corrido”, con lo cual especuló que “tal vez no sea publicado esta semana”.
En esta ventana de tiempo que se abre entre la llegada de la ley al Ejecutivo (el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló que aún no la habían recibido) y el plazo máximo para el veto es que se abren las especulaciones sobre conversaciones que acerquen posiciones.
Según las cuentas que realiza el oficialismo, lo votado en el Congreso Nacional le insume a las cuentas públicas una erogación adicional de U$S 7.200 millones al año, lo que es equivalente a 1,2% del PBI.
“Cuando proponen un gasto sin su contrapartida de recursos, no hay otra razón para hacer eso que no sea efectivamente romper con el equilibrio de las cuentas públicas”, insistió Adorni.
Pero a medida que pasan los días aparecen nuevos cálculos que cuestionan los resultados oficiales.
En las últimas horas fue el Instituto para el Desarrollo Argentino (IDESA), el que publicó un trabajo en el que sostienen que la estimación del Gobierno es exagerada.
Según ese informe, tomando la base de los actuales valores de jubilaciones, el aumento que surge de la ley que aprobó el Parlamento significa un alza del gasto público de 0,4% del PBI, lejos del 1,2% que dice el Gobierno.
Esto resulta de la combinación de tres factores: a) el aumento del 7,2% de todas las jubilaciones implica un aumento del gasto previsional del orden del 0,32% del PBI. b) La garantía de Canasta Básica Total (CBT) implica un aumento de aproximadamente 0,08% del PBI. c) El gobierno está otorgando discrecionalmente un bono de $ 70.000 a los que reciben los haberes más bajos que representa un gasto de aproximadamente 0,7% del PBI.
“Rediseñando el bono se puede compensar el aumento que fija la ley” concluye el trabajo de IDESA.
Esta idea coincide con el informe que realizó el economista Osvaldo Giordano para la Fundación Mediterránea: “el impacto expansivo sobre la masa previsional total ronda el 7%. Es decir, que el aumento equivale aproximadamente a la mitad de los que la Anses viene erogando por el pago del bono”. En ese sentido, añadió que este mayor gasto podría ser compensado “a través de un decreto simple que focalice mejor el bono”.
Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) –que tiene perfil técnico e independiente- también proyectó un costo fiscal derivado de la nueva norma de 0,44% del PBI en caso que no se continúen pagando los bonos de $ 70.000 hasta fin de año.
La OPC también dejó un dato clave que justifica el cambio de la fórmula: “al comparar el poder de compra promedio de las jubilaciones de 7 meses de 2024 respecto de igual período de 2023 hay caída real de 29,2% interanual; en tanto, los haberes mínimos (con bonos) perdieron 18,5% interanual”.
Esto demuestra que más allá de las exclamaciones del presidente Javier Milei y de sus colaboradores, gran parte del superávit fiscal está basado en la licuación del gasto jubilatorio.
Pero al margen de los cálculos y del posible veto, un tema que necesita clarificarse es que decisión tomará el Gobierno sobre los bonos que complementan el ingreso de los jubilados. El monto de esta ayuda se mantiene en $ 70.000 desde marzo y al no haber sido actualizado por la inflación fue perdiendo relevancia.
Su inclusión o exclusión dentro del haber final es esencial para definir el impacto de la ley aprobada en el gasto público total.
A cinco días del inicio del nuevo mes, y pese a las insistentes consultas, el Gobierno no informó si lo pagará y cuál será su monto en septiembre.
