El Gobierno descartó apartar a los agentes de Aduana implicados en el escándalo de las valijas, argumentando que “no cometieron ningún delito” al no controlar el equipaje de los tripulantes del avión del empresario Leonardo Scatturice. Esta postura se mantiene a pesar de las investigaciones judiciales en curso y el reconocimiento de que el equipaje no pasó por todos los controles de seguridad aeroportuaria.
Desde el Ejecutivo, se respalda a los empleados de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que preside Juan Pazo, insistiendo en que los funcionarios cumplieron con el Código Aduanero. Además, se afirma que los controles son “discrecionales” por determinación de los agentes de Aduana y que “las valijas no pasan siempre por los escáneres”, lo que marca un cambio en la narrativa oficial que en marzo sostenía que “se hicieron los controles de rutina”. Esta línea fue respaldada públicamente por el presidente Javier Milei, quien hizo hincapié en que el avión partió de Estados Unidos, donde se “hacen todos los controles”.
Sin embargo, el Juzgado Penal en lo Económico N°2, a cargo del juez Martín Yadarola, solicitó a la Dirección General de Aduanas (DGA) datos sobre los funcionarios que intervinieron en el ingreso y egreso del vuelo del avión Bombardier matrícula N18RU, del empresario Leonardo Scatturice. Entre los nombres requeridos se encuentran Cintia Cali, Fernando Carretoni y Omar Beltramino, así como cualquier otro agente presente en el hall de control de Arca al momento en que se habría indicado a los pasajeros y a la tripulación que no era necesario pasar sus valijas por el escáner.
Los fiscales, basándose en videos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), constataron que los funcionarios de Aduana abrieron un “carril especial” para los tripulantes del Bombardier que no contó con chequeos de equipaje. Identificaron también a una agente que los recibió previamente en la pista. El juez Yadarola también pidió identificar a todos los funcionarios de Migraciones y la Administración Nacional de la Aviación Civil (Anac) que intervinieron en el control de la aeronave y del equipaje de la pasajera Laura Belén Arrieta —gerente de operaciones corporativas de OCP TECH—, quien estaba acompañada por los pilotos José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto.
Adicionalmente, Yadarola requirió investigar el procedimiento de los vehículos que se acercaron a la aeronave luego del aterrizaje, instando a determinar su titularidad, destino, función, e identificar al personal a bordo y el motivo de su intervención, así como sus autorizaciones.
A pesar de las solicitudes judiciales, el Gobierno asegura que cumplirá con los requerimientos de la Justicia, pero reconoce que busca “bajarle el tono” a la investigación para intentar “correrla de la agenda pública”. Esta estrategia se asemeja a la aplicada con las denuncias contra el jefe de Estado por la promoción de la criptomoneda Libra.
