La gravísima denuncia contra Alberto Fernández ha generado un estrépito de secuelas impredecibles.
No por la afectación que le pueda causar al hasta ayer titular del Partido Justicialista y último presidente de la Nación –porque el propio Fernández se había condenado al ostracismo político por su incapacidad–, sino por el impacto en el sistema político.
En el principal despacho del Gobierno de Córdoba lo ponen en estos términos: el problema no es para Alberto, que ya estaba fuera de pista; el problema es para toda la dirigencia, porque suma un elemento más de desprestigio.
Quienes rodean a Martín Llaryora son contundentes en descartar que la acusación contra Fernández pueda generarle algún rédito a alguien en particular.
Y siguen aferrados a desvincular ese caso de la causa cuya elevación a juicio fue apelada por el ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill.
En las últimas horas, la expareja de Gill, Lourdes Astudillo, dijo que se siente “identificada” con la denuncia de Fabiola Yañez. Recordó que en el expediente ella denunció golpes, zamarreos, violencia en discusiones por infidelidades y que el hoy ministro también la obligó a abortar. Cuando se discutió la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Gill militaba en el kirchnerismo y tenía una fuerte postura pública en contra de esa norma, al punto de compartir marchas con los denominados “provida”.
Pese a esas similitudes, en el Gobierno provincial están aferrados a decir que no hay relación y que la vinculación de ambos casos conlleva “una intencionalidad política” de desacreditar a la gestión de Llaryora.
El gobernador se mantiene en su posición de que rige en plenitud el principio de inocencia. Sus allegados explican que no hay compromiso político alguno con el dirigente villamariense y que no se le pide el alejamiento del cargo para no sentar el precedente de “entregar a un funcionario por la mera denuncia de una cuestión que hace a su vida privada”.
La oposición no tiene esa visión. Ha planteado en la Legislatura un pedido de destitución de Gill y denunció que el ministro designó como abogado defensor a uno de sus funcionarios, el director de Legales del Ministerio de Cooperativas, Eduardo Rodríguez.
La legisladora radical Alejandra Ferrero consideró que hay “complicidad y encubrimiento” por parte del Gobierno provincial.
Antecedente
En el Ejecutivo creen que Gill se terminará yendo solo por la incomodidad de seguir en el cargo, pero que mientras tanto Llaryora no le pedirá la renuncia.
Y replican con un antecedente cercano de la Legislatura, que fue la suspensión del legislador Eduardo Serrano unos meses antes de que finalizara su mandato en el período anterior.
Serrano tenía denuncias mutuas con su expareja, en el contexto de su divorcio. Había llegado como legislador por el peronismo, pero se había pasado al PRO.
La oposición rechazó la sanción, pero la abrumadora mayoría que tenía el PJ en la anterior conformación de la Unicameral optó por la suspensión.
La causa judicial contra Serrano no prosperó, pero su mandato terminó en diciembre, mientras continuaba suspendido.
“Nadie le ha pedido disculpas a Serrano”, repiten cerca del despacho de Llaryora, mientras aluden al caso Gill.
Y tiran otro dato. Dicen que en las cárceles de Córdoba hay unos 2.200 detenidos por causas de violencia de género, lo que representaría algo más del 15% de los presos.
Para los más importantes funcionarios provinciales, es una proporción que no se repite en otros lugares del país y del mundo.
No lo van a decir públicamente, pero los principales funcionarios del Gobierno provincial se sienten identificados con la postura del presidente Javier Milei en el caso Alberto Fernández.
