La comisión investigadora especial de la criptomoneda $Libra difundió su informe final y avanzó sobre un diagnóstico político que vuelve a instalar en el Congreso el impacto del episodio que estalló en febrero.
El documento afirma que la promoción que el presidente Javier Milei realizó desde una cuenta oficial fue una condición necesaria para que la estafa a miles de inversores se concretara. Con ese punto como eje central, instó al Parlamento a analizar si existió mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
El informe, de 204 páginas, reúne un conjunto de testimonios, reconstrucciones y elementos documentales que describen la secuencia. Allí se analiza la conducta de altos funcionarios, el rol de asesores y lobbystas y la repetición de maniobras vinculadas a activos digitales. El texto señala que Milei y los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy habían participado previamente en tres operaciones similares asociadas a Coin X, Vulcano y la moneda digital de KIP Protocol.
La comisión fue presidida por el diputado Maximiliano Ferraro y contó con una participación activa del secretario Juan Marino, quien intervino en la redacción final. El núcleo del informe establece que la promoción de $$Libra no fue un hecho aislado.
Recuerda una maniobra ocurrida en diciembre de 2024 con KIP Protocol en la que también intervino el Presidente. Los legisladores afirmaron que las explicaciones oficiales carecieron de sustento y que el mandatario no pudo justificar cómo obtuvo el link con el contrato del token $$Libra, un dato que no circulaba de manera pública.
Los diputados remarcaron que Milei hizo la publicación sin consultar a organismos de control y que la acción no puede ser interpretada como un acto privado. Para la comisión, la difusión del proyecto desde una cuenta oficial comprometió la investidura presidencial. El texto sostiene que el mandatario desdibujó los límites entre lo público y lo privado y omitió activar los mecanismos internos de control antes de intervenir en un negocio que finalmente se investiga como una presunta estafa de alcance internacional.
También fue mencionada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por autorizar la entrada a la Casa Rosada y a Olivos de los empresarios relacionados con el proyecto. El informe cuestionó la ausencia a las citaciones de varios funcionarios del Gobierno. Entre ellos Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva.
La comisión señaló que esa actitud impidió un esclarecimiento más rápido y configuró un incumplimiento de deberes.
En su tramo final, el documento afirma que existe un patrón sostenido de acciones y omisiones por parte del Presidente que considera incompatible con sus deberes constitucionales. Menciona la promoción pública de un token no auditado, la falta de reacción ante advertencias formales y el uso de instalaciones oficiales para reuniones con promotores del token. Evalúa que esas conductas exceden las decisiones discrecionales y se proyectan sobre la responsabilidad institucional de Milei.
La reunión de ayer fue la décima y última desde la conformación de la comisión. Se trató del cierre de un trabajo que atravesó diferentes momentos. Hubo una etapa inicial de parálisis debido a la imposibilidad de acordar autoridades.
Ese bloqueo se destrabó a partir de una iniciativa del propio Ferraro que habilitó la normalización del cuerpo. Desde ese momento se retomó el análisis del caso bajo un clima de fuerte atención pública.
La jornada se desarrolló con gran expectativa y una sala colmada. Allí se leyó la versión final del informe, que incorpora consideraciones, recomendaciones y un resumen de los pasos realizados. Marino destacó que el Presidente había presentado el proyecto $Libra como una herramienta seria para financiar pymes, aunque desde un punto de vista técnico se trataba de un meme coin manipulado para un posterior rug pull.
Recordó además que durante su interpelación en Diputados, el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos había admitido que el Presidente evitó consultar a organismos públicos para verificar si la difusión podía generar conflictos de interés.
Marino sostuvo que el apoyo presidencial a $Libra fue una decisión deliberada para eludir controles estatales y fortalecer un negocio privado. Afirmó que el daño a la credibilidad institucional continúa vigente y que el episodio se suma a antecedentes similares que involucran a Milei junto a Novelli y Terrones Godoy.
El diputado Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, también habló de un patrón de conducta que vincula directamente a Milei con el entramado de operaciones. Señaló que los hechos provocaron un daño grave a la reputación del país y destacó que la operatoria no puede ser interpretada como un incidente aislado.
Christian Castillo, del Frente de Izquierda, cuestionó la defensa del Presidente respecto a que actuó como ciudadano común. Explicó que la publicación se hizo desde una cuenta con tilde gris asociada a funcionarios del Estado y que por lo tanto no puede equipararse a un usuario privado. También sostuvo que no existía circulación pública del contrato de $Libra y que su acceso requería información privilegiada.
Castillo señaló que sin ese contrato no existía posibilidad de ejecutar la maniobra y que la información clave solo la tenían quienes integraban el núcleo de organización del proyecto. El episodio permitió un rug pull que afectó a miles de inversores, señaló.
