La legisladora provincial Nancy Almada criticó al Gobierno provincial por el caso que involucra al dirigente peronista Guillermo Kraisman y una empleada de la Legislatura, de nombre Virginia Martínez. Y desde la Unicameral salieron a responderle, recordándole que su bloque tenía “contratos irregulares”.
Para la juecista, que haya existido un caso en el que un dirigente - Kraisman- haya querido cobrar el sueldo de una empleada lleva a “sospechar” que no es el único en el Poder Legislativo.
“Nos informaron que (este lunes) fueron a firmar contratos más personas que aparentemente no estarían al día. Nos parece un poco raro porque las que entraron en diciembre, nombradas por cada legislador, firmaron en diciembre. Y ese contrato no era por seis meses, es por un año”, dijo.
“No sé si hay personas que no tenían firmado el contrato desde julio (del año pasado). No se sabe cuántas personas son”, agregó.
Almada dijo que si existió al menos “un caso” en el que una persona fue a “deliberadamente a cobrar” el sueldo de otra, eso podría ser habitual en la Legislatura. “Es lo que tiene que contarnos y blanquear el gobierno de Hacemos Unidos por Córdoba”, pidió.
De todas maneras, se quejó porque, dijo, no es posible saber cuántos contratados hay en la Unicameral. “Se sabe la planta permanente, pero no el resto. No nos están contando cuántos empleados tienen con otra figura”, criticó.
Además, la dirigente opositora aseguró que su intención “no es dejar sin trabajo a nadie”, pero se quejó del aumento del Impuesto Automotor “para pagar esta planta enorme” de empleados.
Sobre la cantidad de personas que habían concurrido a la Legislatura para firmar el contrato de trabajo, Almada negó los dichos de la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien afirmó que eran 320. “Según nos informaron, son muchísimos más”, advirtió.
La respuesta de la Provincia
“Nos sorprende esa actitud, toda vez que el bloque que ella integra, el del Frente Cívico, también tenía contratados en situación irregular en nuestra Unicameral”, dijo una fuente oficial del Poder Legislativo en referencia a Almada.
Y agregó: “Por tal motivo, y al igual que todos los demás contratados, aquellos que pertenecen al juecismo no van a cobrar mientras no regularicen su estado administrativo”.
El caso
El caso se inició, hace dos semanas, cuando Kraisman intentó extraer dinero con un DNI de Martínez en una sucursal del Banco de Córdoba. En un primer momento se dijo que era contratada en la Legislatura.
Kraisman y Castro habían intentado extraer un millón de pesos de una cuenta que no les pertenecía a ninguno de los dos.
Con el paso de las horas se conoció que la damnificada era Martínez, quien - se sabría luego - figuraba como contratada del Poder Legislativo.
Entre otros datos del escándalo, se sabe que Kraisman y Castro, que permanecen detenidos acusados de tentativa de estafa, fueron personalmente hasta la sucursal del Banco Córdoba ubicada en 24 de Septiembre al 100 de esta capital para abrirle la cuenta a Martínez sólo un día antes de intentar llevar a cabo la estafa.
