Destituir jueces o fiscales es una verdadera rareza en Córdoba.
Hay tres razones posibles, dos de las cuales están muy ligadas: los magistrados se comportan de manera ejemplar; el Jurado de Enjuiciamiento es un organismo decorativo que sólo actúa ante determinados estímulos del poder; hay una protección del poder político sobre la Justicia, y únicamente cuando hay un aval se procede a la remoción.
Después de años de poca actividad, el Jury cordobés ha despertado como un viejo volcán que se creía apagado y de pronto larga unas señales de humo. No es lava, por ahora.
El caso en cuestión tiene un gran impacto porque debe ser el caso judicial más importante de los últimos años, de alcance nacional, y que se acerca a cumplir 20 años de impunidad: el asesinato de Nora Dalmasso.
Hay un pedido de destitución conjunto para tres fiscales de Río Cuarto que actuaron en el caso, Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. No hay casi antecedentes de un jury de destitución para tres funcionarios juntos.
Es que no hay casi antecedentes de destitución en ese organismo suprapoder, conformado por cuatro legisladores (dos del oficialismo, uno de la primera fuerza opositora, uno de la segunda fuerza opositora) y por un miembro del Tribunal Superior.
Poca actividad
En 15 años, hubo tan sólo dos destituciones.
En 2011, el fiscal Roberto Mathieu fue destituido, acusado de cobrar coimas, con sobrados elementos de pruebas. Años después, fue condenado a seis años de prisión por esos hechos realizados de manera burda.
En 2023, el juez civil Martín Flores fue destituido luego de haber sido denunciado por su pareja por gravísimos hechos de violencia de género. Un año después, fue condenado por esos hechos.
El resto de los pedidos que ingresan al Jury tienen que ver con chicanas, aprietes, maniobras de litigantes en diferentes procesos, pero que no tienen que ver con el fondo del tema sobre el que se debe expedir el organismo, que es si hubo o no mal desempeño en el ejercicio del cargo.
Repasemos casos recientes por demás resonantes que hubo en Córdoba, con actuación cuanto menos dudosa de magistrados, para ver la lógica de funcionamiento del Jury.
Por caso, todo el revuelo que se armó con la aparición en un placar del cadáver de Milagros Bastos, asesinada supuestamente por el expolicía Horacio Grasso, quien tenía una condena por un crimen narco a un pequeño de 7 años y que el juez de Ejecución Penal de Río Cuarto, Gustavo Echenique Estévez, le dio dos veces la domiciliaria pese a que seguía cometiendo delitos dentro y fuera de la cárcel y que los informes penitenciarios desaconsejaban su liberación.
El pedido de jury a Echenique Estévez fue rechazado por cuestiones formales hace apenas unas semanas.
Unos días antes, el magistrado riocuartense había participado de una actividad oficial en la cárcel de Bouwer junto con autoridades del Ejecutivo y de la Justicia.
Y ahí volvemos a la lógica del jury. No es una instancia penal para determinar si hay o no un delito: es un juicio político para establecer si hay o no una causal de destitución.
Y el sistema está diseñado para que el control lo tenga el oficialismo, con lo cual no se abre ningún proceso de destitución si no hay una venia del poder político.
Para graficar el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento, vale recordar que durante años la llave del organismo la tuvo Oscar González, quien integraba ese cuerpo cuando se apartó de la Legislatura luego del siniestro vial en Niña Paula.
Por eso, la decisión de avanzar en conjunto contra los fiscales del caso Nora Dalmasso parece estar más vinculada a un gesto del poder político provincial en este singular contexto nacional y local que a una decisión institucional de revisar uno de los máximos símbolos de la impunidad en Córdoba.
