“La Argentina ha entrado en la segunda ola”, sentenció Alberto Fernández al anunciar el retorno de las restricciones a la circulación para tratar de contener al coronavirus. Y de nuevo volvió a instalarse la tan dañina incertidumbre, sobre todo, porque la Casa Rosada no contempló partidas presupuestarias para volver a asistir en forma masiva y directa a los sectores más vulnerables.
Por lo pronto, las acciones se extenderán hasta mayo para completar la vacunación de quienes integran los grupos de riesgo. La premisa es la de intentar no frustrar la recuperación de la actividad económica, aunque el sector gastronómico ya se está viendo perjudicado en su facturación por las restricciones anunciadas el miércoles por el presidente Alberto Fernández.
Tras ampliar las restricciones en la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno lanzó un bono de 15.000 pesos vía a Anses y reforzó la asistencia para el pago de salarios en empresas que registren caídas del 20% en su facturación, respecto de 2019.
La titular de la Anses, María Fernanda Raverta, precisó que cada titular de la Asignación Universal por Hijo (94% son mujeres) va a cobrar por única vez 15.000 pesos. Al mismo beneficio accederán los monotributistas de las categorías A y B que perciben asignaciones familiares. Son unos 13.900 millones de pesos extra que Anses vuelca en las calles.
En paralelo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, amplió el programa de Recuperación Productiva II (Repro) para paliar la situación de los gastronómicos, a lo que se declaró como un sector en estado crítico. El Repro ya venía con un costo mensual de unos 4.000 millones de pesos. Moroni estimó que va a crecer el costo en unos 1.600 o 1.700 millones de pesos más. “Pero es una proyección, porque conocemos el universo actual, tenemos estimaciones sobre el universo futuro, pero hasta que no termine la inscripción y se analicen los números, no se puede saber efectivamente cuál es el costo”, dijo.
En el gobierno nacional prometen que si las restricciones se amplían a más zonas del país más allá del AMBA,_se ampliará la asistencia del Estado. con “medidas excepcionales”. Per está descartado, al menos por ahora, la posibilidad de volver a pagar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que tuvo tres ediciones hasta septiembre, en las que cada uno de los 9 millones de beneficiarios recibió 10 mil pesos.
Tampoco se prevé la vuelta de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), con la que las empresas recibieron fondos para cubrir el 50% (o hasta 30.000 pesos) del salario de cada uno de sus trabajadores.
El accionar contra el Covid-19 demandó el año pasado el equivalente a 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y determinó la mayoría del déficit fiscal primario, que se ubicó en 6,5% del PBI, o sea, $1,7 billones.
Ahora, el plan que diseñó el ministro Martín Guzmán apunta a “normalizar la economía” y a ordenar las cuentas públicas para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita refinanciar U$S45.000 millones. Pero avanzar con la reducción del déficit fiscal es una misión que suma dificultades frente a un año en el que el oficialismo debe cuidar su plataforma electoral.
Otra disputa interna
Aunque en la Casa Rosada se mueven con una sábana corta, existe una serie de elementos que, combinados, permiten vislumbrar cierto margen de maniobra para ampliar el gasto público. “La suba de precios internacionales, la depreciación del tipo de cambio, la mayor inflación, el crecimiento económico y el Aporte Solidario, o sea, más impuestos, van a generar que la recaudación aumente en alrededor de 2 puntos del PBI”, calculó ante la consulta de La Voz Fernando Marengo, economista jefe de Arriazu Macroanalistas.
Marengo indicó que, si la economía continuara este año en condiciones de “velocidad crucero”, sin nuevos ajustes, el déficit debería ubicarse a fin de año en torno a 4 puntos del PBI, número similar al que proyectó Guzmán. “Sin hacer ningún tipo de ajuste, el Gobierno puede demostrar que bajó de 6,5 puntos a 4 puntos el déficit porque eso se logra con el ritmo que se alcanzó a fines del año pasado”, remarcó.
Es ahí donde Guzmán comienza a contabilizar cualquier ingreso extra que reciba la AFIP. Para Marengo, ese adicional podría ascender a “800.000 millones de pesos”.
Las cuentas también suponen un dilema y explican, en parte, las crecientes tensiones en el Frente de Todos. Por un lado, Guzmán podría aprovechar la recaudación extra para enviarle una señal de buena voluntad al FMI y reducir aún más el déficit. Sin embargo, en la coalición de gobierno ya resuenan las voces de quienes reclaman que esos fondos sean para atender el drama de una sociedad con 42% de pobres y tratar de sosegar a los sectores desencantados para evitar un golpe en las urnas.
Más allá de la vocación de Guzmán, se sabe que la necesidad tiene cara de hereje. Y si se imponen las urgencias del corto plazo, esas partidas podrían destinarse a ampliar el gasto público, ya sea mediante asistencia directas o subsidios.
