Fue una verdadera motosierra: de los 664 artículos que originalmente tenía el proyecto de la llamada “ley bases” que Javier Milei presentó el 27 de diciembre del año pasado, el Senado se apresta a aprobar 230, con notables cambios hasta último momento. Un repaso del archivo da un panorama de la licuación que sufrió aquel rimbombante texto redactado por Federico Sturzenegger.
La primera poda ocurrió en la primera negociación, en las últimas horas de enero, en la previa del fallido tratamiento en la Cámara de Diputados. Al recinto de la Cámara baja llegaron 386 artículos.
En aquellas horas frenéticas se acotaron las “facultades extraordinarias” con las que Milei pretendía gobernar. Fue un golpe al corazón de las formas del jefe de Estado, que desprecia al Congreso. Llegaron 11 emergencia y quedaron seis: la económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
Martín Llaryora y otros gobernadores encabezaron una rebelión y le dieron a Milei su primera “derrota”: sus negociadores en el Congreso debieron retirar el aumento a las retenciones y varias empresas a privatizar, como Fadea, a la que el cordobés considera clave.
La caída de la suba de retenciones arrastró a la fórmula previsional para calcular (a la baja) los haberes de los jubilados y un laxo blanqueo de capitales. En ese marco, la pretensión de extender hasta el final del mandato Milei el “impuesto Pais” quedó acotado hasta fin de este año.
También con autoría intelectual de los gobernadores, se eliminó un artículo que habilitada el desmantelamiento del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, una bolsa de bonos y acciones que administra la Anses como respaldo al sistema previsional. Luis Caputo quería liquidarlo para apuntalar las reservas del Banco Central. No pudo.
En el toma y daca, los libertarios resignaron varios artículos “ideológicos”: se retiraron los artículos referidos a la Ley de Bosques y su financiamiento, y en el capítulo se eliminaron las sanciones más duras a los organizadores de protestas y piquetes. Fue un golpe a Patricia Bullrich y su política de criminalizar la protesta. Pero se quedaron con el trofeo de cerrar el Inadi, un instituto que fue empoderado durante el kirchnerismo.
En aquella primera zaranda, también cayó todo el capítulo de “reforma política”; desde el fin de las Paso hasta la instauración del sistema de circunscripciones uninominales que hubiera barrido con el D’Hont.
432 artículos menos
El 2 de febrero, en una medio del amateurismo del oficialismo, el tratamiento de la ley naufragó cuando la versión recortada tenía los votos para ser aprobada. El Gobierno nacional perdió la posibilidad de privatizar 40 empresas estatales y de derogar la ley de defensa de la competencia.
El 8 de abril, el expulsado jefe de Gabinete Nicolás Posse anunció el envío de un nuevo texto y un paquete fiscal que incluye la restitución del impuesto a las Ganancias con un nuevo nombre (Ingresos Personales), el blanqueo de capitales y cambios en el monotributo. El proyecto tenía 279 artículos.
Con los nuevos dictámenes, y más recortes, Diputados volvió al recinto el 29 de abril, con un dictamen de mayoría de 232 artículos, texto que tendría su aprobación en general el 30, tras una sesión de 30 horas. 432 artículos menos que aquel mamotreto de 664 artículos polirubros.
En esta nueva negociación, los “dialoguistas” hicieron que el Gobierno retiraran cambios que eran muy resistidos por especialistas, en particular los cambios al Código Civil y Comercial, la ley Micaela, la ley de Mil Días y la eliminación de paridad de género en los ámbitos legislativos.
En la media sanción se declaró que las empresas Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo podrán ser privatizadas. Para las estratégicas Nucleoeléctrica Argentina (centrales nucleares) y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio se habilitó la incorporación de accionistas privados, aunque con participación accionaria mayoritaria del Estado.
Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales se autorizó un esquema de concesión.
El capítulo referido a la “modernización laboral”, Diputados lo redujo respecto de la versión original. Así, hubo una extensión del período de pruebas y se habilitó la creación de un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones, en un esquema de seguro que utiliza la Uocra (construcción). Quizá lo más radical fue la ampliación del período de prueba a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores; de ocho meses para PyMES de más de seis trabajadores (y hasta 99 empleados); y de un año para minipymes.
Hubo algunas concesiones a los gremios, que en paralelo negociaron fondos para las obras sociales. Vale recordar que varios de los artículos propuestos por Milei ya habían sido frenados por la Justicia, en el marco de acciones de rechazo al DNU 70 que contemplaba esas reformas, como la eliminación de la “ultraactividad” (vigencia del convenio colectivo más allá del plazo previsto, hasta la firma de uno nuevo).
Tal como se había acordado en enero, se quitó de las listas de empresas a privatizar el Banco Nación y sus subsidiarias; se sostuvo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y la ley de la defensa de la competencia. Pero la motosierra no había terminado.
Senado, más poda
El despacho de mayoría que llegó al recinto tras una maratón de sesiones de las comisiones implicó más podas a la ley con media sanción de Diputados: hubo 45 cambios en la redacción de los artículos aprobados en abril y la eliminación de los dos artículos que derogaban la moratoria previsional, por lo que este mecanismo se mantendrá con un plan de pagos para aquellos empleados que no pudieron reunir los 30 años de aportes. La cuenta de artículos quedó en 230.
Además, hubo una lija a las facultades delegadas se estableció que el Gobierno no podrá disponer de la disolución de los organismos vinculados con la cultura, como el Incaa. De igual modo, tampoco podrá desintegrarse la Comisión Nacional de Energía Atómica, clave en la matriz energética.
Para garantizarse las facultades delegadas en economía, el oficialismo aceptó cambios en el RIGI, en el sentido de lo pedido por el radicalismo.
En un mismo sentido, se fijó un esquema de financiamiento para las universidades, con actualización bimestral por inflación, y la declaración de la educación como servicio esencial.
Para avanzar con la sanción, el Gobierno excluyó de las privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y Televisión Argentina. Los empleados de la aerolínea de bandera habían recibido un gesto de solidaridad que los galvanizó ante un Cámara donde hay una mayoría de católicos: el papa Francisco posó con una bandera de Aerolíneas Argentinas.
En una jugada hábil, la nueva fórmula jubilatoria que ya fue aprobada en Diputados, aunque por fuera de la “ley bases”, se incorporó al dictamen de ésta en el Senado, por lo que acota las posibilidades de un veto por parte de Milei.
También hubo una orden de reactivar parte de la obra pública, aquella que cuando se frenó en diciembre tenía un avance del 80 por ciento.
Asimismo, cambió el artículo de blanqueo de capitales, al que no podrán acceder quienes hayan ingresado a un blanqueo en los últimos diez años y tampoco los procesados por lavado o por ser testaferros.
Respecto de Ganancias, el dictamen del Senado subió un escalón el mínimo no imponible, en un gesto hacia la clase media, pero que impactará en el financiamiento del Estado nacional y en los provinciales, porque se coparticipa.
Finalmente, cabe destacar que no está claro cuál será el texto final: la ley sancionada en Senado regresa a su cámara de origen, Diputados, para la última revisión; pero la hábil mano de Guillermo Francos habría sellado el acuerdo que lo sancionado no será modificado.
