El oficialismo inaugurará la semana entrante su nueva etapa en el Congreso con una doble prueba de fuego. Por un lado, buscará aprobar en tiempo récord el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, con ayuda de gobernadores afines. Por otro, intentará apurar el dictamen de la controvertida reforma laboral en el Senado, aunque choca con el rechazo conjunto del peronismo y la CGT, los reparos de dialoguistas que se rehúsan a un tratamiento exprés, y el lobby sindical en las provincias.
El de la “modernización laboral” promete ser el debate más complicado para La Libertad Avanza, porque el grueso de la oposición se resiste a una discusión veloz y a libro cerrado. El calendario apretado, la magnitud del proyecto (contiene 197 artículos) y la cantidad de intereses en juego dificultan al máximo la misión inicial de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, de terminar el año con media sanción.
El martes se conformarán las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda. El miércoles comenzaría el debate y la idea de Bullrich es ir a un cuarto intermedio hasta el jueves, con posibilidad de estirarlo al viernes, con el objetivo de dictaminar. Como tienen que transcurrir siete días corridos para ir al recinto, solo quedarían disponibles para la votación el viernes 26, el lunes 29 o el mismo martes 30, último día de las extraordinarias.
El calendario apremia y la pulseada ya arrancó. “O sacamos la ley ahora, o no la sacamos nunca más”, afirmó a La Voz el jefe del bloque PRO, el misionero Martín Goerling. “Podemos lograr mayorías. Puede aprobarse con algunos cambios, pero no tan rápido como quiere el oficialismo”, reconocieron en la UCR. “Es muy serio el tema para tratarlo entre pan dulce y sidras”, señalaron en un bloque provincial que es decisivo.
Envalentonada, Bullrich acelera y ya le pidió a algunos senadores dialoguistas que acerquen propuestas de modificaciones para avanzar en la búsqueda de apoyos. “Aceptamos todas las propuestas que sean razonables, siempre y cuando no se produzca una carnicería”, dijo a La Voz un senador de peso de La Libertad Avanza.
La iniciativa introduce numerosos cambios de fondo: reduce la base de cálculo de las indemnizaciones por despido; permite fraccionar las vacaciones; habilita la extensión de la jornada laboral y el “banco de horas”; autoriza a pagar salarios en pesos, dólares o especies, y a aumentarlos por productividad; restringe las cuotas que cobran los sindicatos; elimina la renovación automática de los convenios colectivos; y limita el derecho a huelga al ampliar los “servicios esenciales”, entre los principales puntos.
El debate revive el fantasma de la Ley Bases, la norma fundacional del gobierno de Javier Milei. En un clima de optimismo similar al que viven hoy los libertarios por el triunfo en las urnas, el Gobierno envió un proyecto con más de 600 artículos, pero el Congreso lo sancionó con 238, después de seis meses de idas y vueltas donde el oficialismo tuvo que ceder mucho para llevarse la ley. ¿Pasará lo mismo con la reforma laboral?
El peronismo, por su parte, ya prepara una estrategia de bloqueo y dilación: a los cuestionamientos constitucionales por el ingreso del expediente por el Senado (advierten que debía enviarse a Diputados porque modifica impuestos) sumarán pedidos para llevar a decenas de invitados al plenario. Y el jueves el reclamo se trasladará a las calles, con la movilización convocada por la CGT a Plaza de Mayo.
En este escenario, la suerte de la ley estará librada a senadores de diversos bloques provinciales. En esa pecera nada Alejandra Vigo, quien aún no fijó posición y recién comenzó a estudiar el proyecto. La temática no es ajena para la schiarettista, quien se desempeñó durante más de una década como presidenta de la seccional cordobesa del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina.
Además de Vigo, los otros votos que pueden definir son los de los oficialismos de Misiones (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut), Chubut (Edith Terenzi), Neuquén (Julieta Corroza), Tucumán (Beatriz Ávila), Salta (Flavia Royón), dos santacruceños (José María Carambia y Natalia Gadano) y el correntino Carlos “Camau” Espínola. La presión de los gremios en sus provincias (como en el caso de los petroleros en la Patagonia o los mineros en Salta) será clave.
Presupuesto e “inocencia fiscal”
En Diputados, el Presupuesto parece tener el camino más allanado que la reforma laboral. El esquema de Martín Menem y Gabriel Bornoroni, presidente de la Cámara y titular del bloque oficialista, es constituir el lunes la comisión homónima, dictaminar el martes y votar en el recinto el miércoles, para darle tiempo al Senado de sancionar la ley definitiva en el poco tiempo que resta de las extraordinarias.
Para lograr el objetivo también tendrán que conceder cambios pedidos por gobernadores, aunque aún no sueltan prenda de cuáles serán esas modificaciones. Diego Santilli, ministro del Interior, se reunió con varios de los mandatarios provinciales; los últimos en pasar por la Casa Rosada, el último miércoles, fueron Raúl Jalil (Catamarca) y Marcelo Orrego (San Juan).
Ambos mandatarios también tienen interés en que se flexibilice la Ley de Glaciares para atraer inversiones mineras multimillonarias. El Gobierno hizo un guiño e incluyó el tema en la hoja de ruta de las extraordinarias, pero aún no se envió el proyecto al Congreso y todo indica que no avanzará este año.
Otra iniciativa que sí avanzaría junto con el Presupuesto es la de “inocencia fiscal”, que busca incentivar la formalización de ahorros que hoy están “bajo el colchón”. Se proponen cambios en el Código Civil y Comercial, en el Régimen Penal Tributario y de Procedimiento Tributario para darle a los contribuyentes la “seguridad jurídica” de que no serán perseguidos por futuras administraciones.
