La convocatoria fue tan sorpresiva como grandilocuente. El 1 de marzo pasado, en la Asamblea Legislativa del Congreso, el presidente Javier Milei dejó pasmados a los gobernadores con la convocatoria a un “gran acuerdo nacional”, a través del denominado “pacto de mayo”, que se firmaría en la ciudad de Córdoba el próximo 25 de mayo.
A cinco semanas de la cumbre, que se anunció con pompa que será un hito en la política nacional, ni el propio Presidente ni ningún gobernador habla de los 10 ejes del eventual acuerdo, que el propio jefe del Estado planteó en su llamativa cita.
Eso quedó demostrado el martes pasado, en la reunión de la Región Centro en la capital santafesina. El anfitrión, Maximiliano Pullaro, el cordobés Martín Llaryora y el entrerriano Rogelio Frigerio, en sus conversaciones reservadas ni mencionaron el “pacto de mayo”. Pero el tema sí formó parte de conversaciones informales que Llaryora mantuvo en la previa a la cena de Cippec, el lunes, cuando habló a favor del acuerdo y destacó que Córdoba fuera la sede propuesta.
En Santa Fe, la única preocupación de los mandatarios provinciales fue la aprobación de la “ley bases”, cuyo paquete fiscal les podría brindar más recursos a las provincias.
Los gobernadores no lo dirán en público, pero ninguno está convencido de que de la cumbre en Córdoba –si se concreta– salga algo que cambie el rumbo del país.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, quien llegó tarde a la reunión de la Región Centro, tampoco mencionó el pacto.
Se supone que, como responsable de la cartera política nacional, Francos debería estar concentrado en buscar consensos para llegar al encuentro en Córdoba con algún tipo de coincidencia sobre los 10 puntos de la convocatoria.
Por ejemplo, el punto 5 dice textualmente: “Rediscutir la coparticipación de impuestos, para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual”. Un dato al respecto: una nueva ley de coparticipación es una deuda de la clase política desde la reforma constitucional de 1994. Pasaron tres décadas y parece imposible un acuerdo en un contexto de crisis económica.
Francos está preocupado por otra cuestión más urgente que un gran acuerdo nacional. El ministro junta votos para aprobar la “ley bases”.
Todo indicaría que, por las conversaciones con los gobernadores, esta se encamina a la media sanción en Diputados. Pero el poroteo asoma más complicado en el Senado, con fuerte presencia opositora del kirchnerismo.
La negociación con los gobernadores pasa por la cuestión fiscal. El pregonado apoyo de los mandatarios provinciales –entre ellos Llaryora– a la “gobernabilidad” del Ejecutivo se concentra en que la nueva ley les daría cierto oxígeno financiero a las provincias.
A esto lo dejó muy claro el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, cuando abrió el debate en la Cámara de Diputados por el paquete fiscal.
“Los principales interesados en la aprobación de la ley deben ser los gobernadores, y ustedes los legisladores del interior, porque irá a las provincias el 60% de los recursos que se obtengan de este paquete fiscal”, les dijo –contundente– el funcionario nacional a los diputados.
En un contexto de caída de la recaudación propia y de la coparticipación, en esa definición del segundo del ministro de Economía, Luis Caputo, hay que buscar la premura de la mayoría de los gobernadores para que salga la ley. “Sin ley bases, no hay pacto de mayo”, ha dicho de manera tajante el propio presidente Milei. Los gobernadores coinciden.
La prioridad es la aprobación de la reducida versión de lo que fue la “ley ómnibus”, que Milei ordenó retirar el 7 de febrero pasado, cuando por orden de los gobernadores los diputados habían comenzado a despanzurrar el proyecto original del Poder Ejecutivo, de casi 600 artículos.
¿Y la cumbre en Córdoba?
La “ley bases” tendría media sanción en Diputados a fin de este mes. Luego, el debate pasará al Senado, con pronóstico reservado.
En caso de aprobarse la norma, esto sería pocos días antes del 25 de mayo. Para ese momento, la enigmática secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ya debería tener listos todos los detalles de organización de la cumbre, que seguramente se desarrollará en el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos, del complejo Ferial.
Es probable que la aprobación de la ley para aliviar las finanzas provinciales salve al Presidente del papelón de tener que levantar el “pacto de mayo”. Pero aun con sanción de la norma, hay dudas sobre si vendrán a Córdoba algunos gobernadores críticos de la gestión libertaria, como el bonaerense Axel Kicillof, o el riojano Ricardo Quintela.
¿Se podrá acordar un pacto nacional sin Buenos Aires, la principal provincia del país, que aporta más del 42% del producto interno bruto? Kicillof ha dicho que no vendrá a Córdoba.
La prueba de que el “pacto de mayo” no es una prioridad quedó demostrada en la cumbre de la Región Centro.
“Es un compendio de expresión de buenos deseos”, dijo el bonaerense Kicillof el 1 de marzo pasado, cuando se retiró del Congreso. La mayoría de sus colegas hubiera apoyado esa definición.
Mientras tanto, la política y los medios debaten sobre “el dietazo” en el Senado. Como dijo Llaryora, también luego de la Asamblea Legislativa de marzo en las propias escalinatas del Congreso: “Mayo queda lejos”. Aunque está cada vez más cerca, y atravesado por la incertidumbre.
