Contrarreloj por las inminentes cancelaciones de pagos de deuda, el Gobierno de Córdoba espera que la Justicia resuelva un pedido para que el Banco Central le siga habilitando la compra de dólares a precio oficial.
No es un dato menor, el Centro Cívico enfrenta pagos por poco más de 140 millones de dólares a finales de esta semana y no es lo mismo comprarlos a dólar oficial, que cerró este lunes a 253 pesos, que al MEP/CCL (472 pesos), que sería al que debería ir a buscar las divisas.
El pedido está en manos del juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes. Se trata de una medida cautelar para que se deje sin efecto la resolución de la autoridad monetaria que restringió el acceso a dólares a valor oficial a las provincias para hacer afrontar las erogaciones por compromisos asumidos.
El BCRA dictó el jueves la restricción por la que estableció que las provincias deberán presentarle una propuesta que estipule “una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital y que el resto del capital obtenga nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años”.
“El caso de vencimientos que se registren hasta el 18 de julio, la presentación del plan ante el BCRA podrá concretarse hasta dos días hábiles antes de la fecha del vencimiento”, recordó la entidad al referirse a la Comunicación “A” 7782.
La Provincia no sólo solicitó dejar sin efecto de forma “urgente” la flamante normativa, sino también cualquier otra disposición de otra autoridad nacional que le impida a la Provincia el ejercicio de su autonomía.
Fundó el recurso en el artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley 16.986 al considerar que la Comunicación “A” 7782 va en contra de las garantías constitucionales de la Provincia de Córdoba y sus habitantes y concordantes de la Constitución Nacional.
En esa línea, sostuvo que el BCRA está actuando “con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas al impedir el acceso al mercado de cambios para adquirir las divisas necesarias para cancelar la totalidad de su deuda externa a vencer en las fechas acordadas con sus acreedores, causando la pérdida del crédito público de la provincia y, consecuentemente, su autonomía constitucionalmente garantizada”.
Le achacó lesionar su autonomía provincial, su crédito público y la vida digna de sus habitantes. “La lesión a los derechos se ha producido con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, mediante un acto dictado de manera súbita, imprevista e inconsulta por un organismo nacional con menosprecio evidente de los derechos”, resaltó.
El Gobierno justificó la necesidad de frenar la medida nacional con el amparo (al considerar materialmente imposible suspenderla en sede administrativa) ante el inminente vencimiento de deuda externa por 143 millones de dólares, previsto para el próximo viernes 9.
Se trata de capital e intereses de endeudamiento contraído con acreedores del exterior (la Provincia es emisora de títulos de deuda internacional step up con vencimiento en 2025). El más grande: parte del capital del CO21D.
Al respecto, sin embargo, opinó que la medida (publicada el jueves 1° y en vigencia desde el viernes 2) no podría aplicable a los 143 millones por encontrarse ya en ejecución el procedimiento habitual para la cancelación de vencimientos de capital de emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior y en el país denominados en moneda extranjera ante el BCRA.
No obstante, alertó sobre los futuros pero mediatos vencimientos: el del 27 de julio, 27 de octubre y 10 de diciembre en concepto de capital que, en conjunto, ascienden a 140 millones de dólares (más intereses).
Cesación de pagos
La administración de Juan Schiaretti explicó que cuenta con los recursos fiscales para afrontar las cancelaciones y afirmó que “de la debida atención del endeudamiento (…) depende la preservación de su crédito público del que dependen innumerables emprendimientos que contribuyen a su normal desarrollo y al bienestar de su población”.
La restricción del acceso a dólares a valor oficial para pagar deuda, “implica, lisa y llanamente, causar la cesación de pagos de la Provincia con sus acreedores del exterior, es decir, su default”, señaló.
De mantenerse la medida, advirtió, se vería “impedida de cancelar su deuda externa y verá lesionado gravemente, si no destruido, su crédito público”.
Diferencia
Por los vencimientos de los próximos 60 días, y si la resolución del Central no se revierte, la Provincia deberá gastar $ 26.162,9 millones más, según el cálculo del economista Diego Dequino. Esto equivale a U$S 53,3 millones extra (a dólar MEP).
