En la penúltima sesión del año de la Legislatura de Córdoba, el oficialismo consiguió aprobar este martes con el apoyo de la mayoría del arco opositor un proyecto que establece incentivos a la llamada “economía naranja” o a la industria de los espectáculos.
Aunque ya desde este martes se vivió un adelanto de la tensión de lo que será el debate del lunes próximo, con sanciones más duras para limpiavidrios y “naranjitas”, y la pelea de fondos: los avales para quienes ocupen los cargos vitalicios para integrar la Procuración Penitenciaria.
La sesión tuvo varios momentos de tensión cuando algunos opositores dijeron no estar de acuerdo con el proyecto que reunió a los productores de espectáculos y de eventos para que se declare de interés provincial “la promoción y el desarrollo” de este sector, considerado como “una industria creativa”.
El radicalismo, el Frente Cívico y el PRO habían planteado el rechazo desde un comienzo, al considerar que la Provincia quedaba habilitada para subsidiar y acompañar a este sector privado. Tras la reunión de comisión, el oficialismo aceptó cambios y consiguió en el recinto que estas bancadas, salvo algunas excepciones, acompañaran la ley ante la mirada de empresarios, como José Palazzo, y representantes de la Agencia Córdoba Cultura, encabezados por su titular Raúl Sansica.
“Los incentivos, beneficios y exenciones serán para todas las empresas, personas humanas o jurídicas inscriptas en el registro creado por la ley, por igual y sin discriminación alguna”, se acordó en uno de los artículos que sumó el proyecto del oficialismo, tras el pedido de la oposición. Finalmente, se trató de una compatibilización de una idea del oficialista Leonardo Limia, junto con una iniciativa de los justicialistas Nadia Fernández y Facundo Torres, entre todos.
“Esta ley no crea una realidad nueva, sino que le da orden y herramientas de fomento a una industria que ya es orgullo cordobés y que atrae a más del 50% de su público de otras provincias. El Estado debe ser promotor del empleo formal, no un gendarme que excluya del fomento a quienes necesitan el acompañamiento estatal”, dijo Fernández.
A lo que Torres, en su calidad de presidente del bloque, aseguró: “Esta ley no subsidia ni inventa privilegios. Crea reglas claras, registro, previsibilidad y consolida una verdadera sinergia público-privada. El sector privado hace lo que mejor sabe hacer y el Estado no es un freno ni un ancla: es un motor que acompaña, impulsa y abre camino”.
El bloque de la UCR acompañó con las modificaciones, a excepción de Carlos Briner, que una vez más se despegó de su bancada y rechazó el proyecto por considerar que no aporta transparencia ni reglas claras en el manejo del apoyo provincial.
Briner no fue el único opositor, ya que también el radical disidente Sebastián Peralta no acompañó. Al igual que el legislador de Encuentro Vecinal Gerardo Grosso; Agustín Spaccesi, de La Libertad Avanza; el liberal Gregorio Hernández Maqueda; y la parlamentaria de la izquierda Luciana Echevarría, una de las más duras. También Patricia Botta, del PRO con monobloque, solo votó en general y rechazó algunos artículos.
“El espíritu navideño de Llaryora es bastante selectivo… la mayoría de los mortales cordobeses no reciben buenas noticias entre la sidra y el pan dulce, pero hay algunos que sí reciben regalito de Navidad. No parecen ser los empresarios de espectáculos los que más lo necesitaban, pero acá estamos debatiendo otro régimen de promoción con beneficios y exenciones a empresarios”, expresó Echevarría.
Entre los opositores que acompañaron resaltaron la modificación a la norma. “Nuestro agregado apuntó a lograr que los incentivos, beneficios y exenciones sean para todas las empresas, personas humanas o jurídicas inscriptas en el registro y sin discriminación alguna”, dijo el radical Mauricio Jaimes.
“Es un gesto de confianza al talento, la creatividad y la perseverancia de los empresarios que confían en la provincia”, sumó la radical Ariela Szpanin. “Destaco el clúster que fue el primero en poner el tema y pensarlo como industria”, expresó Daniela Gudiño.
En el juecismo, Viviana Martoccia destacó los cambios y exigió que el Estado provincial cumpla con la transparencia y una distribución equitativa. “Pedimos equidad en la distribución de estos subsidios y que se garantice la transparencia, que sea clara y precisa”, recalcó.
Además, se aprobaron siete avales para fiscalías, cuatro de estos para el llamado sistema de las unidades en flagrancia, entre otros temas.
La pelea que se viene
Mientras en el recinto se dio este debate, la pelea de pasillo transcurrió en cómo se posicionará cada bloque en la sesión del lunes.
El oficialismo tiene proyectado un temario que desafiará la respuesta de la oposición. Llegarán los pliegos para los avales a los cargos vitalicios para la Procuración Penitenciaria, que desde ya comenzaron a hacer “ruido”.
La fiscal General Adjunta Bettina Croppi fue propuesta para ocupar el cargo de Procuradora Penitenciaria; y para secundarla, el fiscal Iván Rodríguez. Además de la propuesta como Adjunta para la Procuración Penitenciaria de la abogada Guadalupe Trillo; y María Florencia Degano, actual subdirectora de Asuntos Legales del Tribunal de Cuentas.
Denuncias de “pacto”
Estos nombres generaron que algunos opositores confirmaran los rechazos, y que otros aún estén en duda. Mientras que un tercer grupo denunció “un pacto”.
“Yo no voto nada con la Procuración Penitenciaria con los personajes que puso el oficialismo”, adelantó Matías Gvozdenovich, presidente del bloque de la UCR.
En el oficialismo miraron con expectativa la postura de la UCR porque insistieron en que en uno de los pliegos está propuesta una abogada vinculada con “el radicalismo (Degano)”.
“Ya está el pacto oficialismo y UCR”, dijo un legislador opositor que no acompañará. “No es verdad, nunca militó”, dijo otro radical.
Pero tras la sesión, el presidente del bloque del juecismo, Walter Nostrala, salió con dureza al denunciar en su red social: “Desde el bloque del Frente Cívico repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial, en cargos con sueldos millonarios y vitalicios a amigos y socios del poder”.
“Dijimos que al Gobierno no le importa lo que sucede en las cárceles de Córdoba, sólo le interesa pagar favores con cargos que pagamos todos los cordobeses con los brutales impuestos provinciales. No se tranza con la corrupción, se la combate. ¿Qué favores se están pagando? Por un lado, les recortan a empleados y jubilados y, por otro lado, Llaryora y radicales plasman este inconfesable, costosísimo y espurio acuerdo para repartirse el poder", aseguró.
A esta lista de nombres para ocupar la Procuración Penitenciaria, también se incluirá en el tratamiento de la sesión del lunes el nombramiento del fiscal adjunto (Néstor Gómez) y del defensor adjunto (Gustavo Folloni).
