El bloque de legisladores oficialistas junto con los “aliados” consiguió este lunes en la Legislatura de Córdoba los votos para aprobar la adhesión a la emergencia nacional en el sistema penitenciario. Desde la oposición hubo duros cuestionamientos sobre la superpoblación en cárceles de la provincia, y se aseguró que se trata de “un cheque en blanco” para el Ministerio de Justicia y Trabajo y la cartera de Economía.
La propuesta, presentada por el presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, estableció la adhesión por parte de Córdoba por tres años a la declaración de emergencia penitenciaria vigente en el ámbito nacional, vía una resolución que en abril de 2024 dispuso el Ministerio de Seguridad de la Nación, de Patricia Bullrich.
La iniciativa del legislador oficialista, con letra del ministro Julián López, fijó que la autoridad de aplicación sea Justicia y Trabajo, cartera que podrá con esta adhesión tomar “todas las acciones necesarias para solucionar situaciones extraordinarias o urgentes que requieran el auxilio y o intervención del Estado provincial”.
Además de facultar a Economía provincial para “realizar ajustes presupuestarios” para este sistema.
Estos dos puntos, junto con la superpoblación carcelaria y la detención a la cúpula del servicio penitenciario de Bouwer, con Juan Manuel Bouvier a la cabeza, fueron cuestionados por la oposición, que insistió que la emergencia debió haber sido declarada a nivel provincial mucho antes y no vía una adhesión a una resolución.
En un debate extenso, que llevó cinco horas, el oficialismo confió la defensa del proyecto en varios de sus legisladores justicialistas. Nadia Fernández, vicepresidenta de la Legislatura, fue una de las legisladoras que argumentó que la adhesión obedece a la necesidad de dar “una respuesta urgente” debido a la “superpoblación y a las dificultades que presenta el servicio penitenciario”.
Sobre esto, insistió en que la Provincia vaya en sintonía con la resolución de la ministra Bullrich, además de que la Legislatura apruebe un segundo proyecto, en este caso de resolución, para instar a los legisladores nacionales para acompañar la asistencia de Nación en el pago de una deuda por los presos federales.
Finalmente, el proyecto de ley de adhesión contó con el voto de los 33 oficialistas y el voto de los tres aliados al bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, por lo que logró imponerse frente al rechazo del arco opositor.
Mientras que el proyecto de resolución para instar a diputados y senadores sí tuvo un acompañamiento mayor con el voto de las bancadas opositoras.
Fernández aseguró en el recinto que existe “una porción no menor de alojados en las cárceles de la provincia que son presos de la Justicia Federal”, por lo que habló “de la necesidad de soluciones también de Nación”. “Hay que seguir peleando por la construcción de una cárcel federal y la cancelación de la deuda a Provincia (en el sistema penitenciario). Córdoba necesita avanzar y dar un paso”, expresó.
Siciliano, quien fue el encargado del cierre del debate en el que participaron más de 10 oradores, lanzó críticas a la oposición, que cuestionó que el PJ se escuda en una emergencia nacional.
El legislador justicialista descargó críticas al diputado nacional por Córdoba el radical Rodrigo de Loredo, quien -mientras se daba el debate-, público en su red social X: “Los legisladores aprueban la emergencia que quiere Llaryora para colgarse de las medallas que tiene Patricia Bullrich... después de 25 años de peronismo, las cárceles están en Córdoba colapsadas”.
El jefe del bloque del oficialismo le respondió, y cuestionó a la oposición por poner “palos en la rueda” y no presentar proyectos.
“No les importa nada porque vienen acá a poner palos en la rueda. No tienen un despacho por la minoría. Digo que mienten porque dicen que esto es un cheque en blanco, cuando todos los gastos son controlados por el Tribunal de Cuentas”, expresó.
“Yo sé que lo que digo duele, y sí. Pero en Nación acompañan y acá se oponen a todo... Y esta gente tiene un jefe que está mintiendo o habla con desconocimiento, lo cual es muy grave”, insistió al hablar de De Loredo.
“Son legisladores para impulsar y no para proponer, espero que reflexionen”, ironizó.
Poco antes el arco opositor había descargado contra el oficialismo numerosas críticas no sólo por la superpoblación en las cárceles, sino por la muerte de presos, las políticas carcelarias y de seguridad, con menciones a la detención de quienes ocuparon la conducción de la cárcel Bouwer.
En el recinto se enumeró que el sistema carcelario en Córdoba tiene 16.200 presos y que 220 (algunos precisaron que los datos de Nación suman 245) son los detenidos por causas federales, alojados también en Córdoba. En esta línea se expresó el arco opositor, compuesto por el interbloque de Juntos por el Cambio, bancadas radicales de Construyendo Córdoba, Encuentro Vecinal, la izquierda, el PRO y el justicialista disidente Federico Alesandri.
En esa pulseada, el oficialismo tuvo los 33 votos propios, además del apoyo del libertario Agustín Spaccesi; de Karina Bruno (PRO) y de la radical Graciela Bisotto (quien se apartó de la UCR en la Legislatura). Bisotto votó en general, aunque rechazó el artículo sobre la delegación de facultades al ministro de Justicia y Trabajo.
“En esta crisis del sistema penitenciario hacen agua por todos lados. Este es un proyecto berreta, de mala calidad que está mal hecho, mediocre, en el que no se tomaron el trabajo de cotejar los números”, dijo la radical Brenda Austin.
“No nos oponemos a aprobar una emergencia con transparencia porque el dinero es de todos los cordobeses, pero no esto. Esto es un cheque en blanco que quieren gastar como están acostumbrados a gobernar con emergencia”, sumó Alejandra Ferrero, presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio.
“El colapso del sistema penitenciario deja en evidencia la falta de planificación del Gobierno provincial”, agregó la radical Ariela Szpanin, junto con otros legisladores del mismo bloque que también hablaron.
Desde las bancadas del juecismo, Walter Gispert, Viviana Martoccia y Walter Nostrala se expresaron también en contra. “Quieren evitar decir que esto es una emergencia provincial y no lo quieren decir. Los cordobeses tienen que saber. Esto es un cheque en blanco, es darle la potestad al ministro, cuando tienen la cúpula del servicio penitenciario detenida, cuando estaba ya en este ministerio... Esto es parte de la prepotencia y de la soberbia de este oficialismo. Este equipo que tiene el gobernador es el peor de los últimos años, no se les cae una idea”, dijo Nostrala.
“Los únicos responsables de cómo está el sistema carcelario es el peronismo, nosotros queremos acompañar, pero no este mamarracho”, agregó el juecista.
“Las cárceles son universidades del delito, no improvisen más”, sumó Martoccia.
En este sentido se expresó Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal: “Si no combaten seriamente el narcotráfico, no habrá cárcel que alcance en la provincia de Córdoba”. Mientras que el liberal Gregorio Hernández Maqueda aseguró: “Este es un proyecto anticonstitucional. Me preocupa el nivel de fascismo de este oficialismo...”.
Los rechazos también fueron planteados por la legisladora de la izquierda Luciana Echevarría; por el presidente del bloque Construyendo Córdoba, Dante Rossi; y por el titular de la bancada del PRO, Omar Tamis.
