“El Salario Básico Universal es una propuesta nuestra. Que quede claro que la oposición no quiere concretarla”, palabras más, palabras menos, fue la sentencia de la vicepresidenta Cristina Fernández, en la nueva reunión con el presidente Alberto Fernández, que se realizó en la noche del miércoles.
El jefe del Estado y la vicepresidenta se volvieron a juntar, luego de que el miércoles último se diera una foto muy temida por el oficialismo: el cristinista Juan Grabois se reunió con agrupaciones piqueteras de izquierda y lanzó dos amenazas concretas que preocuparon, sobre todo a Cristina: sumarse a las protestas callejeras reclamando por el Salario Básico Universal (SBU) e irse del Frente de Todos.
Del encuentro en Olivos, también habría participado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Las críticas de Grabois calaron tan hondo en el oficialismo, que el miércoles por la tarde, el Presidente convocó “de urgencia” a la Casa Rosada a los dirigentes de las agrupaciones piqueteras oficialistas.
Fernando “Chino” Navarro, uno de los referentes del Movimiento Evita y funcionario nacional, con despacho cercano a la oficina presidencial, fue quien impulsó este encuentro.
El resultado no fue el esperado. Los piqueteros oficialistas le comunicaron al jefe del Estado que no tenían otra alternativa que plegarse al reclamo por el SBU.
Entre los asistentes al cónclave a las apuradas en la Casa Rosada estuvo Esteban “el Gringo” Castro, dirigente del Evita y titular de la poderosa Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), uno de los dirigentes sociales más amigos de Alberto Fernández.
El corpulento y barbado dirigente suele ser identificado como el piquetero “preferido” del Presidente. Incluso, por encima de “el Chino” Navarro y Emilio Pérsico, ambos funcionarios nacionales y líderes del Movimiento Evita.
Castro es de Moreno y suele recibir en su casa al Presidente, junto a su esposa Mariel Fernández, quien desde el año 2019 es la intendenta de ese territorio en el conurbano bonaerense.
Pese a esta relación tan estrecha, en la reunión del anochecer del miércoles, “el Gringo” Castro, quien se sentó a la derecha del Presidente, le comunicó que la Utep se iba a sumar a los reclamos en las calles, si el Gobierno no apoyaba la implementación del SBU.
Nuevo encuentro
Luego del encuentro con los piqueteros oficialistas, el Presidente tomó el helicóptero para volar a la quinta presidencial de Olivos. Pasadas las 21, llegó Cristina Fernández, acompañada por su secretario privado Mariano Ramiro Cabral, que tiene el poder de abrir y cerrar la puerta al círculo más íntimo de la vicepresidenta.
La expresidente le tiene tanta confianza a “Marianito” –como lo llama– que por ejemplo, la reunión con la presidenta de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori y el economista Carlos Melconian –que fue gestada por el intendente de Leones, Fabián “Pipi” Francioni– se realizó en el domicilio particular de su secretario, en una vivienda de dos plantas en el límite de los barrios porteños de San Telmo y Constitución.
En la nueva reunión entre el Presidente y la vice tocaron distintos temas de la economía, pero la decisión política más fuerte es que Gobierno nacional apoyará la implementación del SBU, pese a que la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, ha dicho que en estos momentos “es inviable” implementar este nuevo plan social.
La estrategia oficial no es sacar por decreto la nueva asistencia estatal como exige el dirigente social Juan Grabois, sino a través de una ley del Congreso nacional.
En esta decisión está el plan de la vicepresidenta con la que espera acorralar a la oposición. El Frente de Todos hará suyo el proyecto que presentó el diputado Itai Hagman, del Frente Patria Grande que lidera Grabois, y le tirará a la oposición la responsabilidad de un posible rechazo de la iniciativa.
Desde Juntos por el Cambio ya han dicho que no apoyarán el proyecto, con dos argumentos centrales: desalienta la generación de empleo genuino y el costo fiscal es imposible de afrontar por el Estado nacional.
Hay una cuestión más importante que analizan los dirigentes y economistas de Juntos por el Cambio, ante la eventualidad de volver al poder, el año próximo. Si se suma el SBU, a la AUH y las jubilaciones, con la incorporación de más de 800 mil nuevos jubilados que no llegaron a completar sus aportes, que impulsa el cristinismo, el gasto social superaría el 65% de los ingresos totales del Estado.
“Sería atarnos las manos para una eventual nueva gestión”, razonó un diputado nacional radical cordobés, al hablar en privado sobre esta iniciativa.
Esta movida que impulsa la vicepresidenta está motivada por algunas cuestiones políticas: parece que el cristinismo descuenta que el Frente de Todos va a perder las próximas elecciones presidenciales, pero quiere congraciarse con el sector más careciente de la sociedad, que es la base electoral de Cristina Kirchner, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
Números
Más allá de la cuestión política, esta posible asistencia universal para los desocupados generaría otro agujero fiscal, muy difícil de cubrir, en medio de la crisis económica y financiera.
Según el padrón de desocupados o empleados informales, que la Anses logró confeccionar para implementar la Asistencia Familias de Emergencia (IFE) durante la pandemia, son alrededor de 10 millones de personas que estarían en condiciones de recibir esta asistencia del Estado.
El proyecto presentado por la fuerza liderada por Grabois indica que los potenciales beneficiarios deberían cobrar el equivalente a una canasta básica de alimentos para un adulto que publica el Indec, que hoy está en alrededor de 15 mil pesos.
Si se multiplica esa cifra por los potenciales 10 millones de beneficiarios, el costo fiscal sería de más de 1,6 billón de pesos anuales.
Sería casi multiplicar por siete el actual presupuesto de 230 mil millones de pesos anuales que significa el plan Potenciar Trabajo, cuya implementación cuestionó la vicepresidenta de la Nación.
Grabois ya apuntó al sector agropecuario para financiar esta asistencia. “Con cinco puntos de aumento a las retenciones agropecuarias, que es muy poco para los que ganan mucho, se podría financiar el SBU. Es cuestión de una decisión política”, afirmó el dirigente cristinista.
Si el Gobierno tomara esta idea de Grabois, dejaría de tener un problema con los piqueteros, pero podrían volver los piquetes del campo, “de la abundancia”, como los calificó Cristina Fernández, en el año 2008.
De todas maneras, el Frente de Todos no cuenta con los votos para aumentar las retenciones en el Congreso.
Habrá que ver cuáles son los pasos que seguirá el Gobierno nacional, pero la idea de Cristina es que hay que apoyar esta propuesta que impulsan varias organizaciones sociales, sobre todo las oficialistas.
Las agrupaciones de izquierda que lideran el Polo Obrero, van más allá: reclaman que se universalice el salario, mínimo vital y móvil, que hoy está en más de 40 mil pesos. El este caso, el costo fiscal se triplicaría al mencionado.
En las próximas semanas, los piqueteros prometen realizar movilizaciones para reclamar por el SBU, pero ahora Cristina les dio indicios concretos hacia dónde tienen que ir a reclamar: al Congreso nacional, y más precisamente a Juntos por el Cambio.
Esta movida política de autodefensa que pergeñó la vicepresidenta, también tiene sus límites. El acuerdo que el Gobierno nacional firmó con el FMI impide generar nuevos planes sociales.
No obstante, esto también será un argumento que utilizará la vicepresidenta a su favor. El acuerdo con el FMI fue rechazado por el cristinismo y aprobado en gran parte por Juntos por el Cambio.
Cristina Fernández ya eligió a quien culpar por la no implementación del Salario Básico Universal: la oposición, ligándola con la “derecha del ajuste”.
