El gobernador Martín Llaryora ha decidido ponerle gasoil al colectivo de la Unión de Intendentes Cordobeses (UnInCo), un grupo de cerca de 80 jefes comunales que en 2023 triunfaron con el radicalismo, el PRO o el vecinalismo, a quienes ahora, sin fondos nacionales a la vista, intenta seducir para fortalecer su “partido cordobés”.
Aunque el Gobierno provincial presenta la acción como un “plan de gobernabilidad”, vale preguntarse si no se trata de una estrategia de captación de intendentes del Juntos por el Cambio residual.
En el Ministerio de Gobierno rechazan de plano que ese sea el objetivo: “Ningún intendente va a perder su identidad, nadie se va del partido al que pertenece, sólo se afianza un vínculo de gestión con la Provincia”, dice Orlando Arduh, secretario de Cooperación Institucional del Ministerio de Gobierno.
Más allá de los buenos modales, en el Gobierno provincial admiten que el “acuerdo de gobernabilidad” tiene como continuidad una “estrategia electoral conjunta”, que podría tener su primer mojón en la lista de diputados nacionales de Hacemos Unidos, con lugares testimoniales para intendentes.
“Los radicales podrán elegir con quién hacen la alianza: con el PRO mimetizado en La Libertad Avanza; con el Gobierno nacional que recorta los fondos para obra pública; o con el gobernador Llaryora, quien apuesta al municipalismo”, insiste Arduh.
El armado de la “pata municipalista” del “partido cordobés” pretende desestabilizar el aparato que le permitió a Luis Juez estar a poco más de 3 puntos de dar el zarpazo. La zanahoria política –además de los fondos para gestionar– es mantener el “statu quo”, un concepto que genera intranquilidad en hacia el interior del peronismo. Y en el peronismo del interior.
La estrategia de fondear abiertamente a radicales, PRO y vecinalistas deja en off side a los peronistas que aspiran a competir en 2027 contra esos jefes comunales mimados por el Gobierno provincial.
Miguel Siciliano, entre otros, percibió ese malestar y culmina sus giras por el interior con reuniones de dirigentes del PJ, una sesión catártica en la que el jefe de bloque oficialista intenta bajar a tierra los beneficios del “modelo cordobés”.
Llaryora ya se refirió a este malestar en filas propias cuando dijo: “Quienes me critican en mí partido, no entienden que trabajo para todos los cordobeses”. Fue cuando lanzó el “Acuerdo Federal”, la inyección de 112 mil millones de pesos en los municipios y la refinanciación de deudas.
La oferta del Gobierno para los intendentes de otros partidos tiene otro plus: a diferencia del Foro de Intendentes Radicales, esquema que obliga a los adherentes a destinar un 0,5 por ciento de la coparticipación al ente, mientras que el UnInCo no cobra membresía.
El Foro de Intendentes Radicales –llamado formalmente Ente de Cooperación Recíproca de Municipios y Comunas de la provincia de Córdoba– fue creado en agosto de 2000, pocos después de que el radicalismo perdiera el Gobierno provincial y mientras el Gobierno del radical Fernando de la Rúa iniciaba su debacle.
Ante la falta de liderazgos partidarios claros, se lo pensó como un vehículo político para negociar con el Gobierno de José Manuel de la Sota recursos para los municipios. Los fondos nacionales también habían desaparecido. Ahora, Arduh repite que por la filosofía del “partido cordobés”, el foro albirrojo perdió su razón de ser.
Los fundadores de UnInCo son los intendentes Francisco Iser, de General Roca; José Luis Mecchia, de Sacanta; Mariano Calamante, de Monte Buey; Gabriel Pellizón, de Los Surgentes; y Francisco Mazzoni, de Viamonte. En un mes, se subieron al colectivo más de 80 intendentes no peronistas.
