Los gremios estatales cumplieron con el compromiso que habían asumido: reclamaron al presidente Javier Milei por el incumplimiento en los envíos nacionales destinados a la Caja de Jubilaciones. Fue, en definitiva, lo que les pidió el oficialismo en la “mesa de trabajo” conformada en la Legislatura para debatir el histórico déficit del sistema previsional provincial.
Sin embargo, en el documento que difundieron el jueves pasado, los estatales también apuntaron al Gobierno provincial y dejaron flotando una amenaza: romperán la instancia de diálogo si no se elimina del Presupuesto el polémico artículo 63, que habilita al gobernador Martín Llaryora a subir “hasta cuatro puntos” los aportes a la Caja de Jubilaciones de los trabajadores públicos.
Esa advertencia no moverá la balanza de las decisiones. El oficialismo no modificará una coma del proyecto de Presupuesto, que ya fue aprobado en primera lectura en la Legislatura.
Llaryora tendrá la potestad de aumentar los aportes. Y la aplicará. Sin embargo, junto con sus colaboradores analiza variantes con un objetivo concreto: dividir el frente gremial, aunque sea en el terreno de las protestas callejeras.
Dentro de los gremios estatales, conviven dos universos bien diferenciados. Por un lado, los que negocian paritarias directamente con el Gobierno provincial –SEP, UEPC, UPS (jerárquicos) y otros seis sindicatos–, que representan a los asalariados públicos con ingresos más bajos.
Por el otro, los gremios que no discuten aumentos salariales con la Provincia y siempre tuvieron un vínculo distante con el Centro Cívico: Suoem (municipales capitalinos), Luz y Fuerza, bancarios y judiciales, sectores con los ingresos más altos del empleo público provincial.
Llaryora está convencido de que no puede enfrentar a todos al mismo tiempo. Bajo el argumento –razonable para su entorno– de que no todos están en igualdad de condiciones ante un ajuste, pondrá el foco en los salarios más elevados.
Aún no se sabe si aplicará de inmediato la suba completa de los cuatro puntos que le permite el Presupuesto, pero el mandatario provincial tiene definido que el impacto recaerá sobre los sueldos más altos.
Es muy probable que docentes y empleados de la administración pública provincial queden fuera del incremento de aportes. Con esa jugada, el gobernador buscaría evitar que UEPC y SEP se sumaran a las movilizaciones que, inevitablemente, desatará cualquier aumento en los aportes previsionales.
A la hora de firmar documentos, los gremios estatales aparecen unidos tanto para reclamarle a la Provincia como a la Nación. La apuesta del Gobierno es que esa unidad no se traslade a las calles, en un fin de año que promete ser agitado.
Llaryora está dispuesto a asumir costos políticos durante este verano, a cambio de despejar el camino para el resto del año que viene, cuando intentará concentrarse en su gestión con la mira puesta en su reelección, en 2027.
Proyecto polémico
Del mismo modo que planea subir los aportes a los salarios más altos para financiar la Caja, el gobernador también prepara algún ajuste para jubilados con haberes superiores a los $ 2 millones.
En ese marco, el legislador socialista Matías Chamorro –aliado del oficialismo– presentó un proyecto que encendió todas las alarmas entre los estatales: propone un techo de $ 2,5 millones para las jubilaciones provinciales y cubrir la diferencia con títulos de cancelación de deuda, ajustables.
Bajo el paraguas de la “solidaridad previsional”, el proyecto apunta a los haberes más altos, pero incluye un incentivo para los más bajos: garantizar el 82% móvil para jubilados de la administración pública y para gran parte del sector docente.
Chamorro –oficialista desde hace años– afirma que el proyecto es de su autoría, aunque resulta llamativa su coincidencia con los lineamientos que se manejan en el Centro Cívico.
“Todos los cordobeses pagan con sus impuestos el rojo de la Caja. Entonces, es justo que aporten más los que tienen los salarios más altos, y también colaboren los jubilados con haberes elevados”, repiten en privado los funcionarios llaryoristas.
Fijar un “techo” y compensar con títulos transferibles anticipa un aluvión de demandas judiciales, especialmente de exfuncionarios judiciales y exjueces.
El oficialismo, por su parte, esgrime otro argumento: en el sistema nacional, las jubilaciones tienen un tope de $ 2.293.796, y sin títulos de compensación.
De aprobarse la iniciativa, la máxima en Córdoba sería de $ 2,5 millones, más la posibilidad de recibir títulos que pagan una tasa.
Este proyecto del legislador socialista-oficialista, que seguramente terminará siendo apropiado por el PJ, forma parte de la misma estrategia que la suba de aportes: diferenciar impactos y dividir reclamos.
Si los jubilados de la administración pública y docentes pasan a cobrar el 82% de salarios que tuvieron como activo –y no como hasta ahora, el 82% del 82%–, es muy probable que el SEP y UEPC acompañen los planteos de los demás gremios, pero difícilmente se sumen a las protestas callejeras.
En este contexto, para sorpresa de muchos, la Legislatura sesionará hasta el 30 de diciembre. Una señal clara de que el gobernador está decidido a tomar medidas fuertes en el arranque de un verano que se anticipa caliente en lo climatológico, y también probablemente en el clima social en Córdoba.
