En medio de las insistentes versiones sobre posibles cambios en sus gabinetes, y mientras ambas administraciones presentaron presupuestos orientados a aliviar la carga impositiva, el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini vienen analizando –de manera reservada– un paquete de medidas destinado a relanzar la gestión en la ciudad de Córdoba.
Según fuentes tanto del Centro Cívico como del Palacio 6 de Julio, en las últimas dos semanas, el gobernador y el intendente hablaron más de lo que trascendió de manera pública.
Las coincidencias casi milimétricas de ambas administraciones en los proyectos de presupuestos para el año próximo son un indicio concreto de ese diálogo en los últimos días.
Un entendimiento que –según las fuentes del oficialismo– podría tener anuncios concretos de ambos gobiernos, antes de que termine el año.
Los cruces y versiones de rispideces por lo bajo entre las segundas líneas de ambas administraciones no parecen haber alcanzado a los dos gobernantes peronistas que mantienen un diálogo, con matices, pero sin fisuras profundas.
Luego de la derrota en las elecciones legislativas de octubre, en el PJ cordobés se percibe una inquietud que se traslada a las gestiones provincial, y sobre todo, la de la ciudad de Córdoba.
En este contexto, la gestión de Passerini tuvo que afrontar en estos dos primeros años dos golpes económicos que dejaron huella: la eliminación total de los subsidios nacionales al transporte urbano y la pesada deuda de 150 millones de dólares que continúa pagando porque los bonistas se negaron a “rolear” –es decir, refinanciar– los 25 millones que vencen cada seis meses.
Hay, además, un dato económico-político que los funcionarios provinciales repiten con insistencia. Durante la gestión de Llaryora como intendente (2019-2023), con Passerini como su vice, la ciudad llevó adelante numerosas obras respaldadas financieramente por la administración provincial de Juan Schiaretti.
Ese financiamiento se repartió con lógica de “70/30”: la Provincia asumió el 70% y el municipio el 30%. Ahora, la gestión de Passerini debió afrontar el pago del tercio municipal de aquellas obras, las mismas que le permitieron al PJ local conservar el poder tanto en la provincia como en la Capital.
En paralelo, las encuestas que llegan al Centro Cívico marcarían una diferencia en la valoración pública de ambas gestiones, inclinando la balanza a favor de la administración provincial.
Con ese panorama, Passerini intentará relanzar su gestión con un plan de obras que se enfoca cuatro demandas que, según los sondeos municipales, hoy encabezan el reclamo de los vecinos: bacheo, iluminación, higiene y mantenimiento de los espacios verdes.
Este plan, bautizado por algunos oficialistas como “Plan Capital”, busca apuntalar la gestión municipal con la convicción compartida –tanto por el gobernador como por el intendente– de que la ciudad de Córdoba fue decisiva para la victoria provincial de 2023.
Otro dato político circula, en este caso en el Centro Cívico: la percepción de la gestión capitalina también repercute en la imagen del Gobierno provincial. “Como gobernador electo, Martín (Llaryora) jugó fuerte en la campaña capitalina para pedir el voto por Passerini. La gente los asocia. Ambos saben que deben trabajar juntos, como antes lo hicieron Schiaretti y Llaryora”, confesó un funcionario llaryorista.
Sin cambios profundos
En este clima, tanto Llaryora como Passerini evalúan algunos movimientos en sus equipos para encarar la segunda mitad de sus mandatos.
Desde ambas administraciones, sin embargo, descartan reformas profundas. Hablan de “retoques” de nombres. Lo más significativo será un ajuste en las estructuras.
Llaryora analiza reducir la cantidad de ministerios, actualmente 14. Ya eliminó cinco de las agencias con las que inició su mandato.
En la misma línea, Passerini prevé ajustes en las segundas y terceras líneas. Las 10 secretarías se mantendrán, pero se eliminarán cargos intermedios y se reducirá el número de dependencias fuera del Palacio 6 de Julio. “Contrato de alquiler que se vence, no se renovará”, resumió un passerinista.
La danza de nombres es interminable, aunque no coincide con la escasa cantidad de cambios que –aparentemente– evalúan tanto el gobernador como el intendente.
Además, desde ambas administraciones aclaran que no habrá injerencia ni imposición de nombres por parte de Llaryora sobre Passerini.
“Los que dicen eso deberían repasar el pasado reciente. El intendente sacó a cuatro llaryoristas puros. Eso muestra independencia”, recordó un peronista, aludiendo a las salidas de Jorge Folloni (Ambiente), Verónica Bruera (Coys), Enzo Cravero (BioCórdoba) y Mariano Almada (Cultura), que en abril dejaron el municipio.
Uno de los déficits de la gestión de Passerini es que ningún secretario tiene un perfil suficientemente alto como para asumir el rol de vocero, un papel que Miguel Siciliano cumplió durante el gobierno municipal de Llaryora.
No está claro si el intendente designará a un nuevo funcionario para ese rol o si potenciará a alguno de sus colaboradores más cercanos: el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández; el responsable de Ambiente, Gabriel Martín; Sergio Lorenzatti, a cargo de Finanzas; o Juan Manuel Aráoz, jefe del Tribunal de Faltas.
Llaryora, por su parte, prevé pocos cambios en su gabinete. Más que reemplazos, analiza un par de fusiones que reducirían de 14 a 12 los ministerios actuales.
